Cataluña registró en 2018 un déficit del 0,44% y cumplió con el objetivo establecido para el sector de las comunidades autónomas, a pesar de que estaba fijado en el 0,4%, ya que, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el dato “se redondea al indicador más cercano”.
Así lo explicó la titular de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que Cataluña cumplió con el objetivo de estabilidad pero que si su déficit hubiera sido del 0,45% se habría redondeado al 0,5% y, por tanto, no habría cumplido el objetivo del 0,4%.
De esta forma Cataluña cumple con uno de los tres requisitos que las comunidades autónomas deben reunir para poder salir del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y pasar al Fondo de Fondo de Facilidad Financiera (FFF), lo que implicaría un menor control a las cuentas de las comunidades autónomas por parte del Ejecutivo central. Los otros dos requisitos a cumplir son los relativos al periodo medio de pago a proveedores y de deuda.
Así, en caso de cumplir con los tres requisitos, algo que ya ocurrió en 2017, Cataluña podría solicitar su salida del FLA. En este sentido, a finales de diciembre de 2018 el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, ya anunció la salida de Cataluña del FLA, que también fue confirmada entonces por la ministra de Hacienda, aunque estaba pendiente de conocerse los datos de cierre de 2018.
CONTROL REFORZADO
En cualquier caso, este viernes Montero recordó que Cataluña también está sometida a un control reforzado a raíz de la situación política, y que “no hay ninguna previsión por parte del Gobierno de levantar” dicho control, que implica que una interventora de le Generalitat debe informar mensualmente de todos los gastos.
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, no tiene previsto levantar las medidas de control reforzado sobre las cuentas de la Generalitat de Cataluña al considerar que sigue la “incertidumbre política” que originó este mecanismo.
Desde el departamento que dirige María Jesús Montero señalaron que “no se ha revertido” el control reforzado y que este escenario se mantendrá mientras perciban esta situación de “incertidumbre política”.
Así, explicaron desde el Ejecutivo que siguen con estas medidas que comenzaron en 2015 por la actitud del Ejecutivo que preside Quim Torra y sus declaraciones en las que indican que no acatarán algunas leyes. Mientras persista esta posición, advirtieron, la situación no cambiará.
Dicha medida fue impuesta en noviembre de 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió su aplicación “específica y exclusiva” a Cataluña después de que el Parlament aprobara una resolución para iniciar el proceso de desconexión de España.
Además, en julio de 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy aumentó dicho control, obligando a la Generalitat a informar de forma semanal para verificar que no destinaban recursos a actividades vinculadas directa o indirectamente a la consulta soberanista que tuvo lugar el 1 de octubre.
Por último, con la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno también pasó a controlar de forma previa las cuentas de la Generalitat a través de sus órdenes de pago en las entidades financieras, un control que se desactivó en junio de 2018 tras el levantamiento del artículo 155.
