La población extranjera supone en torno al 1,5% de beneficiarios de pensiones contributivas y alrededor del 4,5% de no contributivas en España, mientras que su aportación a la afiliación a la Seguridad Social representó el 10% en 2017 (en 2002 era del 2%).
Así lo pone de manifiesto el informe ‘La Inmigración en España: Efectos y Oportunidades’ del Consejo Económico y Social (CES). En el documento defiende que una política migratoria abierta puede paliar el descenso de cotizantes, compensando en parte el impacto del envejecimiento.
Según sus conclusiones, la importante presencia de mujeres en edades de mayor fertilidad «está suavizando la tendencia a la baja natalidad» (en 2017, dos de cada diez niños nacidos eran hijos de madre extranjera). Sin embargo, aclara que «la población extranjera va asimilando pautas de comportamiento dominantes (reducción paulatina del número de hijos por mujer), con lo que su sola presencia no basta para mitigar el envejecimiento».
El informe subraya que a 30 de junio de 2018, había 5,3 millones de personas extranjeras con autorización para residir en España. La gran mayoría están en situación regular y, a pesar de ello, el 38% de la población comparte la impresión de que son más los extranjeros irregulares que los que cuentan con autorización.
Asimismo, El CES sostiene que «la inmigración ha sido y es un factor clave del crecimiento económico, por su contribución al aumento de la población activa». De hecho, ocho de cada diez extranjeros residentes en España se encuentran en edad laboral.
Tras la crisis se registró una mayor diversidad de los países de origen de los migrantes y se aprecia mayor presencia de mujeres, debido sobre todo a la demanda en el sector de los cuidados. Casi el 20% de los trabajadores en primera línea de cuidados son mujeres de origen inmigrante. Según el CES, las políticas de atracción de inmigrantes con alta cualificación resultarán muy necesarias para impulsar el desarrollo de sectores de alto valor añadido.
DESIGUALDAD Y POBREZA
El 51% de los inmigrantes africanos y latinoamericanos se hallan en riesgo de pobreza, frente al 23% de los españoles, algo que para el CES se debe a su mayor concentración en empleos mal remunerados y de escasa cualificación.
Del mismo modo, el paro entre la población inmigrante es mucho mayor que el que sufre la población autóctona (21,5 frente a 14,2%), y ello pese a que los primeros presentan una tasa de actividad 15 puntos superior. En líneas generales, los ciudadanos españoles revelan una tasa de actividad algo más elevada en las edades centrales, pero mucho más limitada en los primeros y en los últimos años de la vida laboral.
En cuanto a la protección por desempleo, los inmigrantes representan el 9,7% de perceptores, en comparación con los elevados niveles de desempleo que padecen (más del 21%). Esto supone «problemas de menor cobertura», indica el CES.
