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Un total de 3.652 niñas en España están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina

Un total de 3.652 niñas residentes en España están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina, según el estudio ‘La mutilación genital femenina en España’, promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y realizado por la Fundación Wassu-UAB.

“Quizá sea una violencia contra la mujer no especialmente conocida en España pero no por ello debemos renunciar a diseñar acciones concretas para terminar con el dolor de millones de niñas que pasan por esta experiencia atroz que marca sus vidas”, ha subrayado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, este viernes durante la presentación del informe.

Según datos del padrón de 2018, en España hay 15.562 niñas de 0 a 14 años procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina. De estas niñas, aplicando los índices de prevalencia del país de origen correspondiente y valorando el impacto del proceso de aculturación en la realización de la práctica, se estima que 3.652,13 están en riesgo de sufrirla.

Por provincias, Barcelona es donde se estima que hay un mayor número de niñas en riesgo de sufrir mutilación de sus órganos genitales: un total de 746. La segunda provincia es Girona (504) seguida de Madrid (335).

En todo caso, el estudio precisa que no se tiene conocimiento de que la mutilación genital femenina se practique en territorio español, aunque en el año 1993 se produjo un caso en Mataró (Cataluña). Lo que suele ocurrir es que las niñas nacidas en España son sometidas a esta práctica por sus abuelas durante un viaje de vacaciones o por una larga temporada al país de origen.

“Viven en nuestro país y pueden sufrirla cuando viajan a los países de origen. De ahí la importancia de la detección precoz en el ámbito sanitario, social y educativo”, ha precisado Rosell.

En este sentido, la directora de la Fundació Wassu-UAB, Adriana Kaplan, ha indicado que el camino pasa por “empoderar a los profesionales de atención primaria que están en contacto con estas familias” y “no duplicar canales”.

En todo caso, Kaplan, que ha sido la encargada de dirigir el estudio, también ha advertido de la situación de todas aquellas mujeres que residen en España y que ya llegaron con la mutilación genital practicada.

En total, según el mapa que elabora cada cuatro años la Fundación Wassu, en 2016 había en España casi 70.000 mujeres nacidas en alguno de los 32 países donde existe evidencia de que se realiza la práctica de la mutilación, lo que supone un aumento de un 5,2% con respecto al anterior estudio de 2012; y más de 18.000 niñas.

400 NIÑAS DESAPARECIDAS EN CATALUÑA

Kaplan también ha alertado de que, “entre 2012 y 2016, han desaparecido 400 niñas en Cataluña”, que podrían haber sido devueltas por sus padres a sus países de origen. Por ello, ha pedido tener “cuidado” con “determinadas intervenciones policiales” en España porque pueden provocar que los padres decidan retornar a sus hijas en cuanto puedan.

“En África, ¿qué les espera? Las llevan al bosque y las mutilan y en cuanto empiezan a menstruar, las casan”, ha advertido la directora del estudio.

También ha criticado que “la ley no es suficientemente clara” en los casos de mutilación en el extranjero, es decir, cuando la niña sometida a esta práctica no era residente en España en el momento de su realización pero los padres sí y después se produce la reagrupación familiar en España.

En todo caso, Kaplan ha señalado que la prevalencia de la práctica se ha frenado gracias a herramientas como la carta de compromiso preventivo, que se entrega a los padres antes de viajar a visitar sus países de origen para que las abuelas no puedan ejercer la autoridad que en su país tienen y practicar la mutilación de la nieta sin permiso de los progenitores.

EFECTOS DE LA CRISIS DE LA COVID-19

Ahora tendrán que estudiar cómo afecta la crisis de la Covid-19 a la prevalencia de esta práctica, ya que temen que si los padres en España pierden su trabajo no puedan mantener aquí a sus hijas y las envíen con sus familias a África, con el consiguiente riesgo.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha recordado que la práctica de la mutilación de los órganos genitales femeninos es un delito en España y está castigado con penas de prisión de seis a 12 años. También ha aprovechado para criticar que es “el colmo” la utilización del masculino genérico en el artículo 149.2 del Código Penal al decir: “el que causara a otro una mutilación genital”.

Desde mediados de 2017, se han producido tres casos judiciales y se ha tenido en cuenta la extraterritorialidad, mayoritariamente en el escenario de reagrupación familiar, según señala el informe.

Además, el estudio pone de relieve la importancia de la sensibilización de los jueces sobre este tema. Precisamente, el artículo 158 del Código Civil, modificado por la Ley Orgánica 9/2000, permite a los magistrados adoptar medidas preventivas en caso de riesgo inminente de mutilación.

Una reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Cataluña (307/2017 de 10 de julio) prohibió (sin autorización judicial previa) la salida de tres menores del territorio.

Según el estudio, hay 20 casos de asilo vinculados a la mutilación genital femenina (antes de 2017), en su mayoría de Nigeria. Las razones para rechazar las peticiones de asilo son, entre otras, que “la historia no es creíble; no prueban su identidad o nacionalidad; o la mutilación se hizo hace años”. Solo dos solicitudes fueron reportadas como exitosas.

MÁS DEL 70% SABÍA QUE ERA DELITO

El estudio también recoge los resultados de una encuesta realizada a 82 familias migrantes residentes actualmente en Cataluña con vínculos en diferentes países africanos (principalmente en Gambia, Senegal, Guinea Conakry y Mali). El 97% de las participantes son mujeres, de las cuales el 60% había sufrido la mutilación, un 30% de ellas antes de los 3 años.

El 73% de los encuestados afirmaba conocer que la mutilación genital femenina es un delito dentro y fuera de España para las familias residentes, pero solo un 52% sabía que también era delito en el país de origen. Al 73% de los encuestados se les habían explicado los riesgos para la salud que tiene la práctica.

En el 31% de los casos algún miembro de la familia quería realizarla a la hija, normalmente la abuela paterna (17%). El 70% de las familias habló de la práctica con sus parientes residentes en el país de origen, pero solo un 49% contó la prohibición legal de la práctica.

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