El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que es «imperativo» y «urgente» suprimir la esterilización forzosa de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, y ha asegurado que el dictamen sobre la reforma del Código Penal para ilegalizar esta práctica continuará su tramitación para su aprobación definitiva.
«Es imperativo suprimir la esterilización forzosa de nuestro sistema normativo, reformar el Código Penal en este aspecto es sin matices imprescindible y urgente», ha subrayado Pablo Iglesias este jueves 8 de octubre durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado.
Para el vicepresidente segundo del Gobierno, los datos son «preocupantes» pues, según las cifras facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial, se producen unas «cien esterilizaciones forzosas al año» y «en un 99% de los casos afectan a mujeres con discapacidad muchas de ellas, con discapacidad intelectual».
A su juicio, «la casi total ausencia de políticas de educación sexual –hábito heredado de otras épocas–, si perjudica a los adolescentes sin discapacidad, lo hace aún más para los adolescentes con discapacidad».
En este sentido, ha dicho que no se le «caen los anillos» al reconocer la Proposición No de Ley que presentó Ciudadanos para la reforma del Código Penal con el objetivo de ilegalizar la esterilización forzada de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
El informe de la Ponencia sobre esta propuesta de reforma del Código Penal fue aprobado por la Comisión de Justicia el pasado 30 de septiembre e Iglesias ha asegurado que «su tramitación continuará hasta su aprobación definitiva».
ELIMINAR ‘DISMINUIDO’ DE LA CONSTITUCIÓN
Otra de las prioridades de su Vicepresidencia, según ha indicado Iglesias, es la reforma del texto de la Constitución Española para que no recoja el término ‘disminuido’ e incorporar la participación de las asociaciones de personas con discapacidad, unos cambios que, a su juicio, van a situar a España «a la vanguardia europea».
También se ha comprometido con el impulso de una educación inclusiva «ignorada hasta la fecha» pues «el 17% del alumnado con discapacidad desarrolla su formación en colegios de educación especial de manera segregada» lo que sitúa a España «muy lejos de las tasas de otros países europeos como Portugal». En todo caso, ha precisado que suscriben la coexistencia de ambos modelos (educación inclusiva y especial) dotando de recursos a los centros ordinarios.
Igualmente, Iglesias ha indicado que se esforzarán en la supresión de las barreras con las que se encuentran no solo las personas con discapacidad sino también los mayores o los migrantes que no manejan el idioma; y que trabajarán para que la atención temprana no sea diferente dependiendo de la comunidad autónoma.
Tampoco van a «dejar atrás», según ha dicho, a las mujeres con discapacidad que tienen más riesgo de «analfabetismo», de ocupar puestos «peor remunerados» o de sufrir violencia de género. También ha alertado de la importancia de poner fin al «desconocimiento en materia de sexualidad».
LA PANDEMIA, FRENO A LA INCLUSIÓN LABORAL
El ministro de Derechos Sociales se ha mostrado asimismo preocupado por el hecho de que «la pandemia se ha llevado por delante la inclusión de las personas con discapacidad en entornos laborales», pues en los 8 primeros meses de 2020 su contratación ha sido «un 30% menor» que en el mismo periodo del año pasado.
En materia laboral, precisamente, ha informado de que incrementarán «con carácter extraordinario» las subvenciones para el mantenimiento de los puestos trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.
Por otro lado, ha anunciado que están trabajando para dar una «mejor financiación» a la estrategia española en trastornos del espectro autista; así como para el reconocimiento de la figura del asistente personal.
ESCUELA INCLUSIVA VS. ESPECIAL
En el turno de portavoces, la senadora del PSOE Patricia Abascal ha mostrado su «preocupación» por las dificultades de acceso por parte de las personas sordas a los centros de atención primaria y sobre educación, ha dicho que «no se puede consentir que haya padres que quieran llevar a sus hijos a la escuela inclusiva y no puedan hacerlo».
Por su parte, la senadora del PP Violante Tomás ha afeado a Iglesias otros temas sociales como el «recorte» que, según ha dicho, ha hecho en la financiación de las ONG estatales a través del IRPF, motivo por el que le ha apodado «Pablo Manostijeras»; o el Ingreso Mínimo Vital por el que «más de 815.000 familias están desesperadas, mirando la cuenta corriente esperando el milagro que el Mesías anunciaba». «Qué pena que el tan cacareado escudo social se haya quedado en una chapa», ha exclamado.
En cuanto a los temas de discapacidad, el senador de Esquerra Republicana Miquel Caminal ha advertido de las «carencias» a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el mundo rural; y Josep Rufá, por el mismo grupo, ha pedido «mejorar el acceso a vivienda accesible de alquiler, revisar el IMV reconociendo a las personas con discapacidad intelectual como una unidad de convivencia independiente» o asegurar a los extranjeros con discapacidad el acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado.
La senadora del PNV María Rosa Peral ha insistido en la necesidad de homologar las mascarillas transparentes que han pedido las personas sordas, un asunto que, según ha asegurado Iglesias, están trabajando con Sanidad para que llegue «cuanto antes»; y ha reclamado impulsar la figura del asistente personal para las personas con discapacidad, un tema con el que el vicepresidente segundo también ha afirmado su compromiso.
Por parte de Ciudadanos, el senador Marcos Arias, ha pedido «salir del mantra de los buenos y los malos» en relación a la «lucha entre educación inclusiva versus educación especial» y ha manifestado la preocupación de su grupo por la accesibilidad universal ya que sin ella muchas personas con discapacidad «van a seguir confinadas en sus hogares».
El senador de Geroa Bai Joseba Koldobica Martínez ha indicado que hay que «defender las políticas de discapacidad» aunque solo sea «por egoísmo» porque todas las personas son «prediscapacitadas».
Por otro lado, la senadora María Teresa Rivero de PDeCAT ha pedido a Iglesias las ayudas para los centros especiales de empleo; y el senador de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, ha apostado por «aumentar la tasa de actividad» acabando con la «diferencia de 43 puntos» y ha reclamado que «no se supriman los centros de educación especial».
También ha afeado al vicepresidente segundo que haya tardado «9 meses» en comparecer ante esta Comisión en el Senado, una crítica que no ha aceptado Iglesias pues, según ha indicado, esta Comisión nació en marzo de 2017 y hasta hoy «no ha habido un solo ministro que haya comparecido».
