El Gobierno ha aprobado ampliar al 30 de junio de 2021 la reforma de la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas o inversores de otros países la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas de sectores estratégicos aprovechando la caída de su cotización por el coronavirus.
Así, de forma temporal hasta el cierre del primer semestre de 2021, se incluyen en el régimen de autorización previa las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas si la inversión es superior a 500 millones de euros.
Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digial, Nadia Calviño.
Además, se aclaran los sectores estratégicos en los que se requiere autorización para llevar a cabo una inversión.
El pasado mes de marzo, en pleno confinamiento para frenar la pandemia, el Gobierno aprobó un blindaje para proteger a las empresas españolas de inversores extracomunitarios aprovechando el desplome de su valor en Bolsa. Semanas después, extendió esta restricción también a las adquisiciones realizadas por inversores residentes en países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuando dichos inversores estuvieran controlados por entidades residentes fuera de ese ámbito territorial.
Con el Real Decreto aprobado este martes, la medida se aplica directamente a inversores de otros países de la Unión Europea, y con ella se trata de proteger tanto a empresas cotizadas como no cotizadas de sectores estratégicos.
De este modo, se amplía el ámbito de aplicación de la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España por motivos de seguridad pública, orden público y salud pública en los principales sectores estratégicos que se estableció el pasado 17 de marzo.
En esa fecha, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó la reforma de la normativa sobre inversiones exteriores «para impedir que empresas de fuera UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos aprovechando la caída conyuntural de sus acciones en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros».
El Estado mantenía históricamente un mecanismo llamado de ‘acción de oro’ para evitar que las empresas españolas que operasen en sectores estratégicos cayeran en manos de compañías extracomunitarias aprovechándose de su menor valor en Bolsa, pero esta prerrogativa fue derogada por anteriores gobiernos por exigencia de Bruselas, amparándose en el principio de reciprocidad.
De esta forma, el Gobierno suspenderá las operaciones cuando el inversor, extracomunitario o también comunitario, pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de una sociedad española que opere en un sector estratégico, o cuando debido a la operación societaria, acto o negocio jurídico, se tome el control de la misma. El blindaje estará vigente hasta el 30 de junio de 2021.
