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Fiscalía de Andalucía considera “preocupante” que los enfrentamientos de bandas

La Fiscalía Superior de Andalucía (FSA) considera “preocupante” que “cada vez sean más” en Almería los enfrentamientos entre bandas organizadas” y “los ajustes de cuentas que acaban en asesinatos, homicidios o lesiones graves” y constata el “incremento año tras año” de procesos judiciales “complejos y graves relacionados con la corrupción política y social”.

En la memoria de 2019, hecha pública este miércoles, el órgano se hace eco de lo trasladado por el fiscal jefe de Almería, Antonio Pérez Gallegos, quien remarca esta realidad, y alude también a que “asocia algunos casos con situaciones trágicas de violencia contra la mujer”.

“Año tras año, siguen incrementando los procedimientos complejos y graves relacionados con la corrupción política y social, y los referidos a grupos o bandas organizadas en los que se imputan diversos y complejos delitos y hay numerosos investigados, lo que exige un mayor esfuerzo y dedicación de los fiscales, por lo que la carga de trabajo sigue aumentando un año más”, recoge.

La memoria reseña que la Fiscalía “sigue refiriendo” que los índices de delitos contra la vida y la integridad “siguen siendo muy elevados” en la provincia, si bien matiza que es “habitual que se identifique y detenga a sus autores para que sean juzgados”.

Similar consideración hace el fiscal jefe con respecto a las formas delictivas contra la libertad sexual y tilda de “muy elevado” el número de procedimientos al tiempo que destaca “por su gravedad, las situaciones de trata con fines de explotación sexual, delitos que normalmente son cometidos por grupos organizados y con víctimas muy vulnerables e indefensas”.

“En estos casos, hay que hacer uso habitualmente de la práctica de pruebas anticipadas y de testigos protegidos, dadas las circunstancias de las víctimas que raramente comparecen el día de la celebración del juicio, bien porque son extranjeras y ya no se encuentran en el país o por el fundado temor a las represalias de los acusados y su entorno”, remarca para añadir que “cuando menos, la actuación de fiscal está impidiendo en estos casos las ingratas situaciones de la llamada victimización secundaria”.

La memoria, que indica que “si bien los índices continúan siendo bastante elevado”, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico se “mantienen estables”, incluye valoraciones de la fiscal delegada de Violencia de Género, Marta Brea, quien apunta a “una cada vez mayor número de sentencias absolutorias” debido a que “una vez llegado el juicio oral, es ahí donde cada vez son más las mujeres que no quieren declarar”.

“Normalmente en los casos en que estamos ante diligencias urgentes de la guardia, es escaso el número de mujeres que se acogen a la dispensa, siendo un porcentaje muy alto el de las víctimas que en ese momento quieren declarar y continuar con la causa ratificando su denuncia”, traslada al tiempo que advierte de que “a medida que avanzamos en la investigación, sobre todo si hay que transformar en diligencias previas, el número de mujeres que se acoge a dispensa ya es superior”.

La memoria indica que aparecen en el “repertorio de preocupaciones” de las fiscalías andaluzas las “plantaciones de marihuana en viviendas, parcelas o en invernaderos” con “graves conductas se asocian normalmente con enganches ilegales de electricidad”.

Subraya la mención expresa “de Cádiz o Almería, con una natural preocupación”, a que estas plantaciones “son custodiadas por personas armadas que pertenecen a organizaciones criminales que planifican meticulosamente estos cultivos” y destaca el “elevado número de plantaciones de marihuana” en la provincia.

“INCREMENTADO CARGA DE TRABAJO HASTA NIVELES ABSURDOS”

La Fiscalía, tal y como recoge la memoria, destaca “la especial dificultad derivada de la carga de trabajo existente” con una plantilla se encuentra infradotada en relación con esta y avisa de que “la situación ha empeorado debido a la reciente creación de órganos judiciales que no ha sido completada con la creación de nuevas plazas fiscales”

“Se ha incrementado la carga de trabajo hasta niveles absurdos, recibiendo como única medida paliativa la concesión de algunos fiscales de refuerzo”, lamenta.

Esta reflexión precede a un análisis de los delitos económicos, en los que aprecia estabilidad en el volumen de procedimientos por delitos contra la hacienda pública “con un amplio porcentaje de sentencias condenatorias” aunque, según matiza, “dada la compleja y dilatada instrucción de estas causas, así como las dificultades que hallan los juzgados de lo penal para el señalamiento de las vistas, ello contribuye a que en casi la mayoría de sentencias condenatorias recaídas se aprecie la atenuante por dilaciones indebidas”.

En lo referente a delitos contra la Seguridad Social, pone de manifiesto que “la inmensa mayoría” de causas “siguen circunscribiéndose al ámbito del cobro indebido de prestaciones a través de la creación de contratos supuestos, ya sea mediante la creación de empresas ficticias, ya sea mediante la utilización normalmente desautorizada de empresas reales”.

La Fiscalía de Almería remite también consideraciones sobre los delitos informáticos y señala que la mayor parte “terminan archivados por falta de autor conocido”, problema que provoca, en su opinión, “la falta de medios para la persecución de los delincuentes informáticos, así como las enormes dificultades técnicas para seguir su rastro”.

Concreta que, durante el año 2019, se elaboraron un total de 1027 atestados policiales, de los cuales solo fueron judicializados 359. De estos, un total de 226 eran por estafas informáticas.

En cuanto al análisis de la cooperación internacional, la memoria indica que la gran mayoría de solicitudes de auxilio internacional son relativas a delitos con un perfil económico “claro” como son estafas cometidas por internet, fraude de subvenciones, o blanqueo, mientras que los delitos contra la salud pública, fundamentalmente relativos al cultivo de marihuana o apertura de paquetes remitidos por correo, es una materia “en la que cada vez se incrementa más la solicitud”.

“Se insta cada vez más a la localización y vigilancia de personas, entradas y registros, intervenciones telefónicas y colocación de dispositivos de geolocalización de camiones de gran tonelaje en territorio europeo, como diligencias habituales”, detalla.

“DESTACAN DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA”

La Fiscalía de Almería hace referencia, asimismo, a en la provincia destacan, un año más, los delitos de prevaricación administrativa, así como los de administración desleal de fondos públicos y cohecho, y subraya que “que suelen plantear una gran complejidad para su investigación”.

“Normalmente su tramitación dura varios años y deben someterse, como complicación añadida, a su enjuiciamiento por el Tribunal del Jurado, lo que exige una especial dedicación y una enorme carga de trabajo para los Fiscales encargados de su atención”, lamenta para hacer hincapié en delitos de prevaricación urbanística.

Por último, el análisis de la Fiscalía de Medio Ambiente de 2019 recoge que se han incoado un total de 69 procedimientos judiciales, de los que nueve son por delito contra la ordenación del territorio y diez por delito contra el medio ambiente.

Contabiliza 25 delitos contra la flora y fauna, la mayoría por tráfico de especies protegidas, mientras que contra el Patrimonio Histórico refiere siete, por incendios forestales 13, y por malos tratos a animales domésticos cuatro.

El número de sentencias dictadas por los juzgados de lo penal y Audiencia Provincial en delitos propios de la especialidad, y especialmente por delitos contra la ordenación del territorio, ha sido de 14 y no consta la ejecución de demoliciones durante 2019.

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