Expertos de cuerpos policiales, de la psicología y del trabajo social han coincidido este miércoles en destacar las dificultades que han tenido las víctimas de violencia de género durante el primer estado de alarma decretado por el Covid-19.
En concreto, los cuerpos policiales han constatado un incremento tanto en denuncias como en consultas telefónicas durante esa fase. En cuanto a la atención psicológica, muchas víctimas se sintieron solas durante el confinamiento al no poder recibir una atención presencial y percibieron que no había una salida para ellas. Además, ha habido víctimas de agresiones sexuales que han creado espacios seguros en sus domicilios pero, como contrapartida, han desarrollado fobias a los espacios abiertos.
Son algunas de las conclusiones que se han expuesto en una mesa redonda en la que han participado Óscar Silva, del Equipo Mujer-Menor de Guardia Civil; Jesús González, de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de Policía Nacional; Juana Azcárate, psicóloga especializada en atención a víctimas de violencia de género; y Mirenjo Larrainzar, trabajadora social del Servicio Municipal de Atención a las Mujeres.
Desde la perspectiva de la atención social a las víctimas, los expertos han constatado que el confinamiento supuso un frenazo en los itinerarios de inserción socio-laboral en los que estaban inmersas muchas mujeres, y que la brecha digital dificultó su acceso a algunos servicios.
La mesa redonda ha formado parte de la jornada ‘La violencia contra la mujer ante un tiempo nuevo’, organizada por la Delegación del Gobierno en Navarra y en la que ha participado también el delegado, José Luis Arasti. Debido a la situación sanitaria, la jornada se ha celebrado de manera íntegramente telemática y ha contado con la asistencia de más de 200 personas.
Arasti ha recordado a las 41 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año y ha reiterado el «compromiso» del Gobierno de España en la lucha contra la violencia de género. Como ha señalado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 contempla una partida de 180 millones de euros para acciones de prevención integral contra la violencia hacia la mujer. Además, se asignan 258 millones al Pacto de Estado, cifra que supera los 200 millones recogidos en los compromisos fundacionales. Los ayuntamientos navarros podrían recibir 2 millones de euros que, se calcula, beneficiarían a unas 1.800 mujeres.
A lo largo de la jornada se ha hablado de los nuevos desarrollos legislativos en los que está trabajando el Gobierno de España y que introducirán actualizaciones en el abordaje de la violencia de género. Se trata del anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual y del proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia.
Respecto a la primera norma, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra Cristina Zoco ha recalcado que va a suponer la protección de todas las manifestaciones contra la libertad sexual, con independencia de si se producen dentro del entorno familiar o no, o en contexto de parejas o ex parejas o no. Del mismo modo, desaparece el delito de abuso y los actos que atenten contra la libertad sexual sin consentimiento pasarán a ser considerados agresiones sexuales. La norma establecerá que «si no hay pronunciamiento, no hay consentimiento». Zoco ha abogado por trabajar en la co-educación en igualdad desde las aulas y ha señalado que la violencia contra las mujeres es un problema «estructural y social».
En lo que se refiere al proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta del Patronato de Save the Children, Pilar Kaltzada, ha señalado que es un «paso enorme para los niños y niñas».
Ha explicado que se trata de crear entornos seguros -incluido el digital- que cuenten con profesionales especializados y con mecanismos de denuncia adaptados a los menores. Kaltzada ha subrayado el impacto de la violencia de género sobre los menores que, ha dicho, pierden su capacidad para reaccionar cuando están sometidos a violencia durante mucho tiempo, y eso les puede convertir en víctimas, también, en el futuro.
Sobre la exposición de los menores a la violencia ha hablado, además, el psicólogo clínico Pablo Mendioroz, que ha señalado que es algo que afecta por completo al desarrollo psicosocial de los niños y niñas, y esas consecuencias no pueden reducirse al corto plazo. La evaluación psicológica gira en torno a tres ejes: las características del maltrato (alcance, frecuencia), las secuelas y los factores de protección, que son las capacidades del menor para gestionar la situación. A su vez, en el momento de la intervención, se plantean tres cuestiones principales en el trabajo con los niños y niñas: la culpa, el miedo y el vínculo con la figura materna. Mendioroz ha defendido la necesidad de escuchar a los menores y de romper las cadenas de violencia.
