Agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han filiado este martes para incoar expedientes de expulsión de territorio español a los 54 ciudadanos marroquíes que se han negado a regresar a su país en las tres últimas operaciones operaciones de repatriación que han organizado ambos países para facilitar el retorno de 368 compatriotas que permanecían atrapados en la ciudad autónoma desde el cierre de la frontera del Tarajal el 13 de marzo para contener la pandemia del coronavirus.
Dado que el Reino alauita se ha negado a aceptar la vuelta de ciudadanos que no lo hiciesen por su propia voluntad, fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado a Europa Press que el Ministerio del Interior deberá decidir ahora si los expedientados que permanecían en el albergue provisional habilitado por el Ejecutivo ceutí en una nave comercial anexa al paso fronterizo podrán entrar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o se quedarán en la calle.
El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha clausurado el alojamiento para realizar «tareas de desinfección y limpieza» y a partir de ahora lo utilizará para aislar a «los inmigrantes irregulares que lleguen a la ciudad autónoma y deban permanecer en cuarentena» siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Estado de Inmigración.
La Administración autonómica ha recordado en un comunicado que el acondicionamiento de esa nave costó «más de 300.000 euros» y que el gasto mensual en el alojamiento y manutención de los hasta 160 ciudadanos marroquíes que llegó a acoger se elevaba «por encima de 130.000 euros», un desembolso «insostenible e inviable para las arcas municipales».
Desde el 21 de marzo, cuando se habilitó un polideportivo con el mismo fin que luego se sustituyó por la nave cedida por un empresario, el gasto de la Ciudad en manutención y alojamiento de adultos marroquíes que han permanecido en Ceuta por el cierre fronterizo ha sido de 842.000 euros para atender «un compromiso y cometido humanitario asistiendo íntegramente a aquellas personas que se vieron sorprendidas por el cierre de la frontera».
El Ejecutivo local considera que ahora «compete a las administraciones que tienen las competencias, medios y recursos para ello atender a quienes siguen en Ceuta y no han querido acogerse al proceso de repatriación voluntaria a Marruecos».
