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La abogada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, esgrimió este martes en el juico que el Tribunal Supremo celebra contra una docena de líderes del `procés´ unas declaraciones de Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno en las que “dijo que se debía modificar el delito de rebelión en el Código Penal para adecuarlo a los hechos de Cataluña”, de lo que la letrada dedujo que “si había que adecuarlo a los hechos, no hay delito”.

La representante legal de la que fuera presidenta del Parlament que tramitó las leyes de desconexión para Cataluña, defendió que ha existido vulneración del principio de legalidad al “imputar tipos penales (rebelión y sedición) que no se deben imputar a estos hechos”. En concreto, indicó que en 2005 “se destipificó el delito de convocar un referéndum” y en 1995 “se introdujo la violencia expresamente en el delito de rebelión” añadiendo que, de suceder, “llevará la aplicación del estado de sitio”.

Pero más allá de la esta regulación, la letrada insistió en que “mi cliente no organizó el referéndum” y se mostró convencida de que en este proceso se está ejerciendo el Derecho penal del enemigo: “Se considera que los acusados han pateado la Constitución, por lo que no se respeta el principio de legalidad y se produce la quiebra de garantías”.

En ese sentido, denunció la “mutilación” de los tuits publicados por Forcadell y que son recogidos en diversos atestados de la Guardia Civil que obran en la causa del Tribunal Supremo y que han sido “copiados literalmente” por las acusaciones. Arderiu insistió en que en esos informes hay “tuits y declaraciones mutilados” y cuando, por ejemplo, “aparece la palabra ‘pacífico’, no se considera relevante para introducirla en el atestado”.

Además, la letrada argumentó la “inviolabilidad” de sus funciones como parlamentaria bajo cuyo paraguas protector se encuentran los debates y votaciones que como miembro de la Mesa propició o en aquellos que participó.

Por tanto, considera que la causa del `procés´ vulnera el principio de “inviolabilidad parlamentaria”, y la atribuye una responsabilidad penal cuando Forcadell se limitó a dar trámite a propuestas de los grupos independentistas en la Cámara.

La abogada también se quejó de que hay documentos en catalán que no se han traducido al castellano. En ese sentido, aseveró que “o bien el tribunal los entiende perfectamente o existe indefensión”.

Arderiu, en suma, cree que su cliente es víctima de un “derecho penal de autor” que la va a juzgar “por quien es o por sus supuestas convicciones políticas”, a la vista que por conductas idénticas del resto de miembros de la Mesa del Parlament, todos ellos van a ser juzgados únicamente por desobediencia, mientras que a ella la Fiscalía le imputa un delito de rebelión.