La sala presidida por el juez Manuel Marchena expondrá este martes, sus conclusiones finales y reiterará su acusación de rebelión con una condena de 25 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Tres meses después del comienzo de la vista oral, el ministerio público se reafirma en sus argumentos, que considera respaldados por el testimonio del que fuera mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, quien declaró que advirtió al Gobierno de la Generalitat del peligro de acciones violentas si mantenía la convocatoria del 1-O.
A continuación de la Fiscalía, la Abogacía del Estado expondrá también sus conclusiones. Rosa María Seoane les acusa de sedición y solicita su mayor pena, 12 años de cárcel, también para Junqueras. Después intervendrá la acusación popular ejercida por Vox.
El ministerio público enmarcará la «situación insurreccional» de Cataluña durante el otoño de 2017 amparándose en la declaración de Trapero o del comisario de los Mossos Ferran López. Ambos dijeron en su declaración como testigos que advirtieron expresamente al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont del riesgo de actos violentos y le pidieron que desconvocara el referéndum.
La cúpula de cuerpo autonómico se reunió con Puigdemont, Junqueras y el exconseller de Interior Joaquim Forn para alertarles de que podría haber enfrentamientos y de que los Mossos estaban dispuestos a cumplir con el mandato judicial que prohibía el referéndum y cuya desconvocatoria era lo único que podía garantizar la seguridad. El expresident aseguró en esa reunión que “si el 1 de octubre había violencia declararía la independencia».
Además, después de escuchar a centenares de testigos, la Fiscalía considera que fue la ANC la que provocó un cambio en la hoja de ruta y que el referéndum se adelantara a septiembre de 2017.
REBELIÓN Y MALVERSACIÓN
La Fiscalía mantiene la acusación por rebelión contra Oriol Junqueras y los otros ocho acusados de este delito en el juicio del ‘procés’ y eleva a definitivas sus conclusiones provisionales. Sin embargo, el ministerio público ha modificado sus conclusiones en lo relativo a los miembros de la Mesa del Parlament porque serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Una vez terminada la exhibición de las pruebas documentales, la Fiscalía aseguran que hay motivos para mantener la acusación de rebelión porque considera acreditado el uso de violencia «permitida y dirigida» por los líderes independentistas. La Abogacía del Estado, que les acusa de sedición, también mantiene su acusación.
El que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel como cabeza visible del ‘procés’. En sus conclusiones provisionales, y ya definitivas, la Fiscalía solicitaba en total 176 años para los 12 acusados: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ocho exconsellers del Gobierno que presidía Carles Puigdemont.
El ministerio fiscal mantiene, por tanto, la acusación de malversación y rebelión contra el exvicepresident Oriol Junqueras, para el que pide 25 años; para el exportavoz del Govern Jordi Turull y los exconsellers Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva solicita 16 años por malversación y rebelión; para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell pide 17 años por rebelión; para el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y para el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, solicita 17 años por sedición y rebelión, y para los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs pide siete años por malversación y desobediencia.
Además de retirar la mención a los miembros de la Mesa del Parlament, el fiscal Jaime Moreno anunció cambios que no afectan al núcleo de sus conclusiones en relación a Unipost, a la reunión del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont con la cúpula de los Mossos d’Esquadra y a la hoja de ruta de la ANC.
En su escrito, el ministerio público indica que la concesión del tercer grado penitenciario debe condicionarse al cumplimiento de la mitad de la pena de prisión que finalmente imponga el Tribunal Supremo.
Este aspecto no figuraba en las conclusiones provisionales de la fiscalía que ahora «interesa la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, en los términos que establece la citada previsión legal», de manera que «la concesión del tercer grado penitenciario debe condicionarse al cumplimiento de la mitad de la pena de prisión que finalmente se imponga», que según fuentes del ministerio público es un inciso habitual en los escritos de calificación siempre que se juzga un delito muy grave.
También la Abogacía del Estado transforma en definitivas sus conclusiones iniciales de sedición. Por su parte, la acusación popular de Vox ha retirado la acusación por organización criminal y malversación de caudales públicos que formulaba sobre el exconsejero Santi Vila, y mantiene para él la acusación de desobediencia.
EXIMENTE
Igualmente, los abogados de las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones. Los letrados que representan a Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Cuixart solicitan como aplicación subsidiaria una «circunstancia eximente» para sus defendidos.
La eximente que piden las defensas de estos seis acusados de modo «alternativo y subsidiario» es la que contempla el artículo 20.7 del Código Penal, que cita siete supuestos en los que una persona está «exenta de responsabilidad criminal». En concreto se acogen al punto 7, que exime a quienes obran «en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo».
PETICIONES DE PENAS
Éstas son las penas de prisión que solicitan el Ministerio Público y la Abogacía del Estado para cada uno de los acusados:
– Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña en prisión provisional. La Fiscalía le pide 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta por rebelión y malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 12 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por sedición en concurso medial con malversación, es decir, que uno de los delitos no puede darse sin el otro.
– Carme Forcadell, expresidenta del Parlament y también en prisión. El fiscal solicita 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por un delito de rebelión como promotor o jefe principal. La Abogacía del Estado, 10 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta como dirigente de sedición.
– Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana en prisión preventiva. La Fiscalía reclama para él 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta por liderar el `procés´. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por dirigir la sedición.
– Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, otro de los acusados que está en prisión. El fiscal pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por un delito de rebelión como promotor o jefe principal. La Abogacía del Estado quiere ocho años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta como dirigente de sedición.
– Jordi Turull, exconsejero de Presidencia en prisión preventiva. El fiscal reclama 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión y uso ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.
– Raül Romeva, exconsejero de Relaciones Exteriores también encarcelado. La Fiscalía solicita 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.
– Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo y en prisión preventiva. La Fiscalía quiere para ella 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión y malversación. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.
– Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, al igual que los anteriores en prisión. El fiscal reclama 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.
– Joaquim Forn, exconsejero de Interior en prisión preventiva. El fiscal pide 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de rebelión habiendo distraído fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.
– Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, en libertad bajo fianza. El fiscal pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado, por su parte, pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.
– Carles Mundó, exconsejero de Justicia y también en libertad bajo fianza. El fiscal pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.
– Santiago Vila, exconsejero de Empresa y en libertad bajo fianza. El fiscal pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.
