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El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia promovido por el Gobierno de España contra los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, aprobada el 26 de septiembre de 2019, sobre la “orientación política general del Govern”.

El Gobierno central ha vuelto a alegar que dichos artículos contravienen la STC 136/2018, de 13 de diciembre, que declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1, 2 y 3 de la Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, de 5 de julio de 2018, “sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional”.

El Tribunal Constitucional acuerda suspender los mencionados apartados e incisos de la Resolución 546/XII, tras la invocación por el Gobierno de la nación del artículo 161.2 de la Constitución. También se ordena dar traslado al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña de la petición de declaración de nulidad de la Resolución, con el objeto de que en el plazo de diez días formulen las alegaciones que estimen convenientes.

El Pleno, a petición del Gobierno de España, también acuerda que esta resolución “se notifique personalmente al Presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió; al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros; así como al Presidente del Govern Joaquim Torra i Pla; al vicepresidente Pere Aragonès i García; a la Consejera de la Presidencia y portavoz Meritxell Budó i Pla; y demás miembros del Consejo de Gobierno, Alfred Bosch i Pascual, Miquel Buch i Moya, Josep Bargalló i Valls, Alba Vergés i Bosch, Damià Calvet i Valera, Mariàngela Vilallonga i Vives, Ester Capella i Farré, Chakir El Homrani Lesfar, Àngels Chacón i Feixas, Jordi Puigneró i Ferrer y Teresa Jordà i Roura”.

A todos “se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.

Asimismo, “se requiere al Presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General del Parlament, respectivamente, así como al Presidente de la Generalitat de Cataluña y demás miembros del Consejo de Gobierno, de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, así como su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la sentencia del Tribunal Constitucional 136/2018”.

(SERVIMEDIA)