La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha respaldado la posición de su compañero de partido y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de que ahora no es conveniente llevar a los tribunales las nuevas restricciones contra la pandemia del coronavirus aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), como ha decidido la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso (PP). Además, ha pedido dejar las «trifulcas políticas» y centrarse en resolver los problemas de los ciudadanos.
«Que vaya por la vía judicial es una decisión de la presidenta», ha confirmado en una entrevista en RNE. Fuentes de Cs Madrid han asegurado a Europa Press que Díaz Ayuso tomó esa determinación y anunció el recurso por su cuenta, sin hablar con Aguado ni con otros representantes del partido naranja.
Arrimadas ha defendido que «no hay mucho tiempo que perder» para frenar la expansión de los contagios y, «como dice Aguado, una resolución judicial puede tardar semanas» en emitirse.
EL MINISTERIO, QUE «SE LAVÓ LAS MANOS», AHORA «RECTIFICA»
A su juicio, lo importante es que «se ha conseguido que el Gobierno de España rectifique» y, a través del CISNS y de acuerdo con las comunidades autónomas, establezca «unos criterios homogéneos para toda España» sobre las medidas a adoptar.
En este sentido, ha recordado que en julio el Ejecutivo de Pedro Sánchez «se lavó las manos y dijo ‘a partir de ahora, que las comunidades autónomas tiren y quien quiera un estado de alarma, que lo pida’, como si el Gobierno se pudiera borrar de la coordinación de la segunda ola» de la epidemia y España estuviera formada por «17 reinos de taifas».
Y si hay discrepancias respecto a los criterios que se tienen en cuenta para adoptar medidas, se pueden «mejorar, afinar y ampliar», ha señalado la presidenta de Ciudadanos, añadiendo que en eso están de acuerdo con Díaz Ayuso.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pidió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que, a la hora de restringir la movilidad de los ciudadanos para frenar los contagios, no se tengan en cuenta únicamente los datos epidemiológicos -el CISNS acordó restringir la movilidad en municipios de más de 100.000 habitantes con más de 500 casos de Covid-19-, sino también la presión asistencial en el sistema sanitario.
Arrimadas sostiene que estas cuestiones se pueden debatir e intentar alcanzar un consenso, pero lo que no se debe hacer ahora es «perder el tiempo en trifulcas políticas y judiciales», porque hay que «dar seguridad a los ciudadanos y no marearles» respecto a cuál es la normativa que se aplica.
