Plena Inclusión solicitó este viernes a las comunidades autónomas una inyección económica de 300 millones de euros para garantizar que sus 4.000 centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo vuelven a la normalidad en condiciones de seguridad para usuarios y trabajadores.
En nota de prensa, reclamó a las autonomías inversiones que aseguren el funcionamiento de sus servicios residenciales, centros educativos, centros especiales de empleo y centros de atención diurna para las 140.000 personas que a ellos asisten. Así figura en ‘La batería de medidas para la desescalada con las que garantizar un retorno seguro a la nueva normalidad’ que Plena Inclusión presentó a responsables de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y de los ministerios de Sanidad, Educación, Inclusión y Trabajo.
La confederación expuso hoy estas propuestas, que también compartió con el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en un seminario online.
Se trata de una serie de recomendaciones pensadas para afrontar la nueva normalidad diseñadas por un grupo de veinte expertos en servicios sociales, salud pública y seguridad laboral.
Entre otras medidas, aconsejan el acondicionamiento de locales y edificios a las nuevas circunstancias; aumentar el personal de apoyo y atención a las personas con discapacidad; proporcionar equipos de protección y tests rápidos, y garantizar ayudas a la reactivación de Centros Especiales de Empleo, centros educativos, servicios de apoyo diurno y dispositivos residenciales (pisos tutelados y residencias).
Asimismo, el documento propone una mayor inversión en tecnología para estos servicios y la reconversión de los grandes centros residenciales en servicios más reducidos e inclusivos, fomentando los recursos de apoyo en la comunidad.
En el encuentro, el presidente de Plena Inclusión, Santiago López, pidió a las autoridades autonómicas encargadas de los servicios sociales «un compromiso inequívoco con el sostenimiento económico de una labor imprescindible, que realizan 40.000 profesionales y que afecta a la vida de 273.000 familias”. Según sus estimaciones, financiar estas medidas necesarias en sus centros rondaría un coste de 300 millones de euros. Además, propuso que en todas las comunidades autónomas se creen comisiones de seguimiento del proceso de desescalada, en las que participen las organizaciones sociales.
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