Desde que la semana pasada se conocía la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de aceptar, de manera exprés, la petición del FC Barcelona para suspender de manera cautelar y urgente la cancelación de la licencia de Dani Olmo y Pau Víctor, efectuada por LALIGA y avalada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cada vez son más los clubes que están alzando su voz para expresar su oposición y descontento ante esta medida.
Estos son los más perjudicados por esta decisión gubernamental y lo interpretan «como una falta de respeto a los equipos que cumplen con un control económico que todos acordaron aplicar para construir una competición más justa y con más garantías con el fin de evitar problemas financieros del pasado que, incluso, llevaron en su día ala desaparición de clubes por situaciones económicas insostenibles».
Los primeros en dar su opinión fueron el presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, y el futbolista Iñaki Williams, que se encontraban en ese momento a horas de jugar contra el FC Barcelona en la semifinal de la Supercopa y mostraron rotundamente su oposición a la decisión del CSD.
Otros como el Real Valladolid y el Málaga CF también han hecho públicas sus quejas tras la decisión del CSD: “Es una total falta de respeto. Es un agravio comparativo gravísimo y crea un precedente muy peligroso. El que regula la competición es LALIGA y la Federación gestiona las licencias”, destacó Jorge Santiago, portavoz del Real Valladolid.
A finales de la semana pasada, la UD Las Palmas y el Atlético de Madrid también ofrecieron su visión sobre este caso. Los canarios señalaron en un comunicado que “la resolución emitida ayer por el CSD nos ha sorprendido desfavorablemente y desde la UD Las Palmas manifestamos nuestro absoluto desacuerdo”.
Los rojiblancos aseguraban en otro comunicado que la decisión del CSD “cuestiona las reglas del juego” y sostenía que se había producido «una intervención gubernamental» que crea «un precedente peligroso» y anima a los clubes a «saltarse las normas».
Pero ha sido este fin de semana, durante la jornada de LALIGA, cuando se han sumado más voces en contra de la resolución del CSD. El Deportivo Alavés, representado por su presidente, Alfonso Fernández de Trocóniz, declaraba que esta medida cautelar “permite competir con otras reglas a las que fueron aprobadas por unanimidad». «Estamos sorprendidos y extrañados. Es un ataque que pone en cuestión el control económico y la integridad de la competición”.
También Fran Canal, director general de CA Osasuna, afirmaba que “tenemos que luchar para que los equipos sigan compitiendo dentro de un control económico. No es algo impuesto desde LALIGA, sino que es algo que todos los clubes de la competición exigimos que haya para que no vuelva a haber clubes endeudados y que tengan que desaparecer como pasó en un pasado”.
Desde Sevilla, José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla CF, admitía que “nosotros sentimos una tremenda vergüenza por la resolución del CSD porque ha entrado a valorar y a cambiar las reglas del juego que todos tenemos. Nosotros para inscribir a un jugador, como hemos inscrito a Rubén Varga, tenemos que cumplir con el control económico, tener límite de coste de plantilla después de que la Federación nos emita la licencia».
Del Nido, además, aseguró que “en este país parece que si eres del Barça y del Real Madrid, te aplican unas normas, y si eres del resto de los mortales, pues te aplican las normas de otra forma. Y la verdad que eso es muy, muy peligroso, porque además creo que es una falta de respeto al resto de los intervinientes en el fútbol y, por supuesto, a nuestros aficionados».
El director del Área Corporativa y Portavoz Institucional del Real Valladolid, Jorge Santiago, se mostró también contundente al calificar este asunto como «un agravio comparativo gravísimo». «Es una total falta de respeto a los que somos parte de esta competición. Sienta un precedente peligroso».
Por su parte, Xavi Andreu, director de comunicación del RCD Espanyol, puntualizó que “cualquier equipo, ya sea primera o segunda, inicia la competición con unos criterios, y con esto hemos abierto un precedente complicadísimo que ahora obliga evidentemente a LALIGA a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
«Nosotros estamos convencidos que el control económico es muy saludable para la sostenibilidad para los clubes de primera y segunda división. Por eso, consideramos que la decisión del CSD debería revisarse porque realmente no ayuda a lo que queremos todos que es una buena imagen del futbol español”.
Martín Ortega, director general del CD Leganés, se mostró “sorprendido porque ha sido una resolución que ha sido adoptada sin darle audiencia previa ni a LALIGA ni a la Federación que estaban de acuerdo en cuál debía ser la resolución».
También porque al final es una resolución del CSD que es «diferente al criterio que había tomado hasta ahora tanto el propio CSD como la Justicia Ordinaria». De ese modo, confesaron sentirse «preocupados porque puede ser un antecedente peligroso para la integridad de la competición y podría dañar el control económico que ha hecho tanto bien al futbol español últimamente”.
Otro de los que quisieron expresar su malestar ante esta situación fue Borja Oubiña, analista y asistente en RC Celta: “Desde el Celta desearíamos un trato lo más igualitario posible con respecto a estos temas y deseamos que esta igualdad de trato se expanda a todos los clubes”.
Las próximas semanas serán claves en este asunto, mientras que ayer Dani Olmo ya jugó algunos minutos de la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid. El mundo del fútbol espera que «no haya que lamentar hechos irreversibles que adulteren una competición que es la liga más importante del mundo y que debe cuidar esta reputación dentro y fuera de nuestras fronteras».
