El Gobierno vasco ya tiene precio para su compra pública de vivienda: unos 100 millones por más de 500 pisos de Blackstone. Los inmuebles están en San Sebastián y el objetivo es que no salgan al mercado libre ni disparen el alquiler.
Qué va a comprar el Ejecutivo vasco y cuánto va a pagar
Según el anuncio del Ejecutivo de Euskadi, la compra afecta a más de 500 viviendas en San Sebastián, hoy en manos del fondo estadounidense Blackstone. La operación ronda los 100 millones de euros y su finalidad declarada es que esos pisos no se vendan de uno en uno en el mercado libre, lo que empujaría los precios todavía más arriba.
Traducido a euros, la operación sale a unos 200.000 euros por vivienda si se reparte el importe entre los 500 pisos. Son unos 200.000 euros de dinero público por piso, y esa es la lógica de la compra: pagar ahora por el ladrillo en lugar de gestionar después una escalada de alquileres.
Cuando se habla de fondos buitre se hace referencia a inversores, a menudo extranjeros, que compran paquetes grandes de vivienda a precio reducido para explotarlos en alquiler o revenderlos por unidades. Su entrada masiva en el mercado residencial español se concentró en los años posteriores a la crisis de 2008, cuando la banca se desprendió de miles de inmuebles.
Qué cambia para quien ya vive de alquiler en esos pisos
Los inquilinos que ocupan esas viviendas pagan entre 600 y 900 euros al mes, según la información publicada. Si los pisos siguieran en manos del fondo o se vendieran sueltos al mejor postor, las previsiones que se manejan hablan de alquileres cercanos a los 1.600 euros.
La cuenta es sencilla: de 900 a 1.600 euros al mes son 8.400 al año para una misma vivienda. Ese es el margen que la operación pretende blindar, y no afecta solo a quien ya vive allí: el precio de referencia de un barrio entero se mueve cuando cambian de manos cientos de pisos a la vez.
La operación no construye ni una sola vivienda nueva: cambia de dueño a las que ya existen para que el alquiler no siga subiendo.
El precedente de Madrid, la operación al revés
El caso más citado está en Madrid y va en dirección contraria. En 2013, el Ayuntamiento que presidía Ana Botella vendió 1.860 viviendas protegidas por 128,5 millones de euros al mismo fondo, Blackstone. Las vendió la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y salieron a 69.000 euros de media por piso, muchos con inquilinos dentro y contratos en vigor.
La operación madrileña terminó en el Tribunal Supremo, que absolvió a la entonces alcaldesa. Según los testimonios recogidos en aquel momento, a muchos inquilinos se les subió el alquiler hasta un 40% y algunos acabaron dejando su casa.
Ahí está la diferencia con San Sebastián: no en el fondo ni en el ladrillo, sino en la dirección del dinero. Allí salió parque público hacia una empresa privada; aquí entra dinero público para mantener pisos fuera del mercado libre.
El debate vuelve ahora con otra cara. Quienes defienden la fórmula sostienen que comprar lo ya construido tiene efecto inmediato sobre el alquiler, mientras que levantar vivienda nueva lleva años. Las críticas se centran en el precio: unos 200.000 euros por unidad frente a los 69.000 del caso madrileño, una comparación que no es exacta por ciudad, año y tipo de operación.
A eso se suma la objeción de que el dinero público acabe financiando la salida de un gran fondo. En Alemania, el pulso entre el Gobierno federal y el ejecutivo regional de Berlín por los planes de expropiación a grandes propietarios sigue abierto, según la información publicada.
Queda la letra pequeña: cuántas de esas 500 viviendas están ocupadas, con qué contratos y en qué plazo se cerrará la compraventa. Hasta que se firme, es un anuncio con cifras, no una operación cerrada. Lo que ya se puede medir es el movimiento en sí: una administración retira pisos a un gran fondo para contener el alquiler, y otras pueden copiar el modelo o descartarlo.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno vasco ha anunciado la compra de más de 500 pisos de Blackstone en San Sebastián por unos 100 millones de euros.
- Por qué te importa: La operación busca que esas viviendas no salgan al mercado libre y que el alquiler no siga subiendo en una ciudad tensionada.
- A quién afecta: A los inquilinos que ya viven en esos pisos, que pagan entre 600 y 900 euros, y al precio del alquiler en la ciudad.
- Hacia dónde vamos: Falta concretar cuántas viviendas están ocupadas y cuándo se firmará la compra; otras administraciones observan el modelo.
