Cada vez más docentes se niegan a salir de excursión con sus alumnos. El miedo a terminar en un juzgado por la responsabilidad de los docentes en las excursiones se está extendiendo por los centros de toda España.
El origen de ese temor está en el instituto Ítaca, en Zaragoza. En marzo de 2022, un grupo de Bachillerato viajó a Bélgica. La noche del 13 de marzo, un alumno de 17 años se quedó solo en el hotel porque estaba enfermo, con fiebre y náuseas, mientras la clase y los profesores cenaban fuera. Los compañeros lo encontraron sin vida al volver: había caído por el hueco de las escaleras de emergencia. Las cámaras grabaron que salió de la habitación sin gafas, sin calzado y sin móvil.
Más de cuatro años después, el caso sigue sin cerrarse. En enero de 2027, la Audiencia Nacional juzgará a los dos profesores que acompañaban al grupo por homicidio imprudente, y la acusación pide hasta cuatro años de cárcel, según la información publicada este jueves.
¿Qué ha pasado para que los profesores dejen de salir?
La ley es clara en un punto: la responsabilidad civil de lo que ocurra en una actividad fuera del centro recae sobre los docentes. El problema llega después, cuando hay que decidir si hubo imprudencia y si esa imprudencia es delito. El homicidio imprudente, la figura que recoge el Código Penal, exige demostrar que alguien no actuó con la diligencia debida. La sentencia de la Audiencia Nacional marcará un antes y un después en la organización de estas actividades.
En Aragón el efecto ha sido inmediato. Muchos centros de Aragón han vetado las excursiones este curso, según Teresa Hernández, del sindicato docente ANPE en Aragón. «Me consta que hay varias consejerías de Educación de distintas partes de España que quieren que este tipo de salidas se regulen», asegura.
Detrás de cada excursión cancelada hay un docente que hace cuentas: qué puede fallar y quién tendrá que responder si algo falla.
¿A quién afecta el miedo a las consecuencias penales?
A los alumnos, primero. Y a sus familias, que ven desaparecer actividades que hasta hace poco eran rutina. En Cataluña, en torno a 1.300 escuelas e institutos públicos se sumaron a una iniciativa para no programar colonias ni excursiones. En Cantabria, los sindicatos reclaman desde 2025 una regulación ante «los riesgos y la responsabilidad» de los viajes de fin de curso. En la Comunidad Valenciana han amenazado con no participar en las extraescolares voluntarias que caigan fuera del horario laboral.
«Esta reivindicación no es nueva. Hay veces que uno no quiere arriesgarse», explica Sonia García, vicepresidenta de ANPE España. Pone un ejemplo cotidiano: si el grupo no puede pagar el autobús y toca coger el metro, el riesgo sube. «Yo entiendo que haya docentes que prefieran no jugársela», añade.
El pasado mes de agosto, Aragón se convirtió en la primera comunidad con una regulación específica para las actividades extraescolares y los viajes de estudios. La norma fija un mínimo de dos docentes responsables por actividad y ratios orientativas, es decir, cuántos alumnos puede atender cada profesor: 15 en Infantil, 23 en Primaria, 30 en Secundaria, Bachillerato y FP, y 3 en Educación Especial. También garantiza un descanso de 12 horas tras el regreso.
Los sindicatos lo consideran insuficiente. «Todavía no nos sentimos protegidos porque las salidas siguen sin estar reguladas, aunque esta normativa ordena un poco», sostiene Hernández.
Qué puede cambiar la sentencia de enero de 2027
Durante años, cada centro ha organizado sus salidas con criterios propios: cuántos profesores iban, cómo se cubrían las incidencias, qué pasaba si un alumno enfermaba. La norma aragonesa ha empezado a ordenar ese terreno y varias consejerías estudian medidas parecidas, según ANPE.
El fondo del asunto es jurídico. Un accidente grave no equivale automáticamente a un delito, pero demostrar que no hubo negligencia también tiene coste. Los docentes pueden enfrentarse a responsabilidades penales, recuerdan desde el sindicato, y esa posibilidad ya condiciona la programación de cada viaje.
Todas las miradas están puestas en enero de 2027. De esa sentencia dependerán, en parte, las instrucciones que reciban miles de centros y la letra pequeña de las regulaciones en marcha. Y también la respuesta a una pregunta muy concreta: qué actividades se pueden seguir organizando con seguridad.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El juicio de enero de 2027 contra dos profesores por la muerte de un alumno en Bélgica.
- 👥 Quiénes son los afectados: Docentes, alumnos y familias de centros de Aragón, Cataluña, Cantabria y Comunidad Valenciana.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Menos excursiones y nuevas normas autonómicas con ratios y mínimos de profesorado.
