La ley de violencia vicaria decae. La disolución de las Cortes Generales, con la convocatoria de elecciones anticipadas, ha dejado sin tramitación parlamentaria el texto estrella del Ministerio de Igualdad y otras cuatro iniciativas de igualdad.
El proyecto había llegado al Congreso a mediados de julio, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria. Con el fin del mandato de la Cámara, todos los proyectos y proposiciones en tramitación afrontan la misma caducidad: la pérdida automática de la iniciativa. Ninguno de los textos resucita por su cuenta.
Qué normas se quedan sin debatir
La norma de violencia vicaria era el buque insignia. La impulsaban los ministerios de Igualdad y de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con Juventud e Infancia como coproponente. Tocaba hasta diez leyes distintas, entre ellas la ley integral contra la violencia de género, el Código Penal, el Código Civil y el Estatuto de la víctima.
El texto final optó por recogerla como una circunstancia agravante por razón de género en el artículo 22.4 del Código Penal. De ahí colgaban medidas sobre patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas, además de la obligación de escuchar siempre a los hijos menores, adaptando la audiencia a su edad, su madurez y sus circunstancias, con apoyo de especialistas cuando hiciera falta.
La ley de trata corrió la misma suerte. El Consejo de Ministros aprobó el 8 de marzo de 2024 el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que abordaba la explotación laboral y sexual, los matrimonios concertados y el tráfico de órganos. Preveía un permiso de residencia y trabajo provisional para las víctimas en situación irregular hasta que se certificara su condición.
Quién pierde con la parálisis de los textos
Otra de las patas que se cae es la reforma de la LOPIVI. Planteaba prohibir de forma expresa el Síndrome de Alienación Parental, poner límites a la custodia compartida y obligar a escuchar a niños y adolescentes antes de fijar visitas o custodias. La propuso Juventud e Infancia, con Igualdad como coproponente.
Estos textos se quedan a medio camino y ninguno revive solo: el nuevo Congreso tendrá que volver a tramitarlos desde el principio.
En la misma vía muerta quedan la Ley de Familias, que ampliaba el concepto de familia y añadía permisos de cuidados ligados al Plan Corresponsables, y la regulación de la profesión de agente de igualdad. La figura existe desde los años 80, pero sin funciones ni competencias concretas por ley.
El ministerio quería exigir un título habilitante o experiencia acreditada para ejercerla. La APCG y la FEPAIO llevan años denunciando la llegada de empresas no especializadas al sector.
Un precedente que se repite: la ley de trata lleva dos legislaturas esperando
No es la primera vez que este texto se queda a medio camino. El intento se remonta a la legislatura anterior, cuando Irene Montero dirigía Igualdad y anunció en 2021 que su departamento empezaba a trabajar en una norma ligada a la lucha contra la violencia de género y la explotación sexual.
Con Ana Redondo el enfoque cambió: una ley general, capaz de cubrir cualquier forma de explotación, en lugar de un texto ceñido a la explotación sexual. El proyecto de violencia vicaria, por su parte, llegó al Congreso tras un tira y afloja sobre cómo clasificarlo, resuelto con una agravante y no con un delito autónomo.
Lo que se queda sin hacer es concreto. Sin la reforma de la LOPIVI no hay prohibición expresa del Síndrome de Alienación Parental ni límites a la custodia compartida; sin la ley de trata no hay permiso provisional de residencia para las víctimas en situación irregular. Tampoco habrá título habilitante para las agentes de igualdad.
A partir de aquí, el calendario lo marca la constitución del nuevo Congreso. Ninguno de estos textos se recupera de forma automática: el Ejecutivo que salga de las urnas tendrá que volver a aprobarlos en Consejo de Ministros y remitirlos al Congreso de los Diputados, o esperar a que los grupos parlamentarios los registren como proposiciones de ley.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La disolución de las Cortes deja caducados los proyectos de violencia vicaria, trata, reforma de la LOPIVI y Ley de Familias, y la ley de agentes de igualdad.
- Por qué te importa: Estas normas iban a cambiar la protección de los menores, los permisos de cuidados y los derechos de las víctimas de explotación. El parón deja esos cambios sin efecto.
- A quién afecta: Menores víctimas de violencia de género, víctimas de trata en situación irregular, familias y las profesionales de igualdad que esperaban su título habilitante.
- Hacia dónde vamos: El nuevo Congreso deberá volver a registrar los textos. Ninguno se recupera solo después de la investidura.
