Urtasun lleva el veto de Vox al cine en Castilla y León a los tribunales: 'Es una forma de censura intolerable'.
El titular de la cartera que dirige el Ministerio de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este miércoles que recurrirá ante la justicia la cláusula que Vox ha colado en las ayudas al audiovisual de Castilla y León. Lo ha dicho sin envoltorio y con dos expresiones que resumen el cabreo: 'ataque a la libertad de expresión' y 'censura intolerable'.
Las palabras salieron durante su visita a la exposición Un teatre Lliure en Barcelona, y venían con una advertencia de fondo: 'No pienso tolerar que la creación se condicione ideológicamente a través de las ayudas'. Sobre la información que llega desde la comunidad gobernada en coalición por PP y Vox, el ministro no se anduvo con matices: la calificó de 'gravísima'.
Qué dice exactamente la cláusula que ha cabreado al Ministerio
La orden sale de la Consejería de Cultura de Castilla y León, que dirige Vox dentro del gobierno autonómico. El texto deja fuera de las subvenciones a la producción y a la distribución a las películas y series que 'impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyen a opciones políticas concretas'.
Ahora viene el detalle que importa de verdad. La cláusula no define ni un solo criterio para decidir qué es adoctrinamiento, tampoco aparece en los baremos de puntuación, y sin embargo sí está colocada entre los requisitos que deben cumplir los beneficiarios: 'Deberán desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general'.
Traducido a lenguaje de productora: para cobrar, tu película tendrá que parecerle neutra a alguien. Y ese alguien no está identificado en ninguna parte del texto.
Un requisito difuso no es un requisito: es una carta blanca para que alguien decida, sin baremo y sin firma, qué películas merecen dinero público.
Un requisito difuso en una convocatoria de subvenciones es cualquier cosa menos inocente. Un requisito difuso siempre se interpreta a gusto del que manda, y eso en una administración que reparte dinero público tiene un nombre técnico: discrecionalidad. Nadie te cierra el plató, pero sí te pueden dejar la ayuda en el aire después de haber rodado y sin haber explicado demasiado bien por qué.
Hay otro matiz que conviene no perder de vista. La medida no prohíbe rodar: condiciona el cobro. Eso desplaza la discusión del terreno de la libertad creativa al de la viabilidad económica, que es donde de verdad duele. Una productora pequeña no puede permitirse el lujo de tirar dos años de trabajo contra una subvención que después le deniegan sin explicación.
Ya hemos visto este capítulo, y casi nunca acaba bien
Cada vez que una administración toca los criterios de las ayudas al audiovisual, la industria se revuelve, y con razón. Los sistemas de subvención funcionan cuando el baremo es público, numérico, y recurrible. Cuando el criterio es un adjetivo, el sistema funciona a base de confianza en quien firma la resolución. Y la confianza no es un procedimiento administrativo.
El anuncio de Urtasun, eso sí, llega sin hoja de ruta visible: hay voluntad de ir a los tribunales y no hay, al menos en lo que se ha hecho público, ni plazos ni la vía concreta. Tampoco hace falta ser adivino para imaginar por dónde irán los tiros. Cualquier recurso contra una orden autonómica acabará mirando la letra exacta publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León y discutiendo si una administración puede exigir a un creador que demuestre no ser ideológico antes de pagarle.
Mi lectura, sin paños calientes: si una comunidad quiere vetar contenidos, que lo escriba con nombre y apellidos, lo defienda en su parlamento y asuma el coste político. Meterlo como requisito de una subvención, sin baremo y sin definición, es la forma más cobarde de censurar. La que no se puede señalar en una fotografía.
Queda una pregunta en el aire, y no es retórica. Cuando salga la primera resolución con esta orden en vigor, se verá qué títulos se quedan fuera. Ahí estará la respuesta a todo lo demás. Mientras tanto, la pelota duerme en los juzgados y el sector mira.
El resumen para vagos (TL;DR)
- 🎯 ¿Qué ha pasado? Urtasun anuncia acciones legales contra la cláusula de Vox que veta ayudas a películas 'ideológicas'.
- 🔥 ¿Por qué importa? Porque el criterio no está definido y lo aplica quien reparte el dinero.
- 🤔 ¿Nos afecta o es solo un meme? Afecta al cine que se hace con dinero público en Castilla y León. Bastante real.
