Francia se enfrenta a una de las crisis sociales más severas bajo la administración de Emmanuel Macron, tras la rápida escalada de unas protestas estudiantiles iniciadas a principios de octubre que han derivado en un estallido a nivel nacional. La convergencia de movilizaciones de diversos sectores desembocó este sábado en una jornada de extrema tensión, caracterizada por incendios de edificios, saqueos y violentos choques con las fuerzas de seguridad, lo que ha llevado al Ejecutivo a decretar toques de queda parciales en varias localidades.
Los disturbios han dejado un saldo importante y un país conmocionado. Hasta el momento, el balance provisional reporta el fallecimiento de una persona por paro cardíaco, cerca de 2.400 detenciones y unos 600 policías, gendarmes y bomberos heridos. A nivel económico, el impacto es devastador: la Federación del Comercio y de la Distribución calcula pérdidas que podrían alcanzar los cientos de millones de euros tras el saqueo de aproximadamente 1.500 establecimientos.
Vamos a continuación cuáles son los motivos y reivindicaciones.
1El rechazo a los recortes presupuestarios en educación y servicios públicos
El detonante de la movilización es un presupuesto. El proyecto de ley de finanzas para 2027 que el Gobierno de Sébastien Lecornu presentó el 1 de octubre exige un esfuerzo de 54.000 millones de euros, de los que unos 43.000 corresponden a recortes de gasto, para llevar el déficit del 5,4 % previsto para este año al 5 % y no perder el rumbo hacia el 3 % que exige Bruselas. En educación, el texto suprime 1.588 puestos de docente —836 en colegios e institutos públicos y 414 en primaria—, recorta 200 millones de euros a las universidades y mantiene congeladas las becas por cuarto año consecutivo, lo que según la CGT ha dejado a 80.000 estudiantes sin esa ayuda. Los créditos del ministerio pasan de 89.600 a 90.900 millones, un 1,4 % anual, por debajo del 1,8 % de inflación previsto, y buena parte de esa subida es mecánica: ascensos por carrera profesional y la nueva cobertura sanitaria de los agentes.
Ese es el motivo por el que el descontento estudiantil se ha convertido en la chispa de una protesta más amplia. Lo que arrancó el 17 de septiembre en el instituto Saint-Exupéry de Créteil por la falta de profesores se ha fundido con el rechazo de los funcionarios a la congelación del punto de índice salarial, con la subida de las franquicias médicas y con el recorte de las asignaciones familiares; la CGT calcula que el poder adquisitivo de los empleados públicos ha caído un 20 % en diez años. Los estudiantes exigen 10.000 millones de euros para la escuela pública y el Ejecutivo ha respondido con 3.000 profesores sustitutos, de los que 2.000 ya han llegado a sus puestos, una respuesta que las organizaciones consideran insuficiente. La jornada del 13 de octubre reunió a 161.500 personas según el Ministerio del Interior y a 480.000 según los convocantes, y la CGT ya ha fijado una huelga general para el 5 de noviembre.
