El Defensor del Pueblo ha pedido al Constitucional que 163.020 personas nacionalizadas por la 'ley de nietos' puedan votar el 29N.
Ángel Gabilondo ha presentado un recurso de amparo con medidas cautelarísimas contra la decisión del Tribunal Supremo de mantener suspendida la inscripción en el censo de esos nuevos españoles. Pide que el tribunal de garantías se pronuncie antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El punto de partida es el auto del Supremo del pasado 12 de octubre, en el que ratificó la suspensión cautelar de las inscripciones en el CERA, el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el registro donde figuran los españoles que viven fuera del país. Traducido: hasta que se aclare el caso, esas personas no aparecen en la lista de la que salen las papeletas.
Qué pide el Defensor del Pueblo al Constitucional
El escrito se apoya en dos artículos de la Constitución: el 14, que prohíbe las discriminaciones entre españoles, y el 23, que reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos. Según el Defensor del Pueblo, excluir del censo a un grupo concreto de nacionalizados atenta contra ambos. El texto de referencia está en la Constitución publicada en el BOE.
Las cautelarísimas, por si el término suena a jeroglífico, son medidas que se piden para que se apliquen de inmediato, sin esperar a que el tribunal dicte sentencia sobre el fondo. En la práctica, obligan al Constitucional a decidir con el calendario encima de la mesa.
Aquí aparece el matiz que casi nadie cuenta: los 163.020 afectados no forman un bloque homogéneo. Una parte podrá votar si acredita documentalmente su condición de descendiente de exiliados, según la información conocida del caso. El resto queda pendiente de lo que resuelva el tribunal de garantías.
El censo decide quién recibe la papeleta y el calendario no espera: cada semana que pasa reduce el margen para resolver.
A quién deja fuera de las urnas el 29N
La 'ley de nietos' es el nombre popular del procedimiento que permite a nietos y descendientes de emigrantes y exiliados acceder a la nacionalidad española. Detrás de cada expediente hay años de partidas de nacimiento, traducciones y citas consulares. Para muchos de ellos, el 29N será su primer voto como españoles.
Sin inscripción en el CERA no hay envío de documentación electoral. Y sin papeleta en casa no hay voto. Faltan menos de seis semanas para la cita, así que cualquier resolución que llegue tarde vale tanto como una negativa.
El Supremo sostiene que la suspensión es una medida cautelar mientras se aclara el alcance de las inscripciones y que no prejuzga el fondo. Para la institución que dirige Gabilondo, la cautelar ya está dejando fuera del censo a decenas de miles de personas.
El precedente: cuando el voto exterior ya fue el problema
España ya ha pasado por episodios parecidos con el voto de los residentes en el exterior. La supresión del voto rogado, el trámite por el que un emigrante tenía que pedir expresamente sus papeletas, eliminó una barrera que durante años se tradujo en participaciones muy bajas. Desde entonces la inscripción en el CERA funciona de oficio y el envío es automático, de modo que cualquier incidencia en el censo afecta de golpe a miles de personas.
En el plano jurídico, los amparos electorales se caracterizan por la urgencia: el Constitucional suele resolver en días o semanas porque el derecho a votar se agota el día de la votación. En la doctrina, las cautelarísimas se consideran una vía excepcional, reservada a casos con perjuicio irreparable; el debate es si este encaja en ese supuesto o si pesa más la seguridad del censo que defiende el Supremo.
Quienes respaldan el recurso subrayan que la igualdad del artículo 14 no admite excepciones por la vía administrativa. Quienes lo critican avisan de que una inclusión exprés de 163.020 inscripciones podría generar impugnaciones después del 29N. El próximo hito es saber si el Constitucional admite el recurso a trámite y concede la cautelarísima: de esa decisión depende que miles de personas voten.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Defensor del Pueblo recurre en amparo ante el Constitucional, con cautelarísimas, contra la suspensión del voto que ratificó el Supremo el 12 de octubre.
- Por qué te importa: Está en juego el derecho al voto de 163.020 nacionalizados por la 'ley de nietos', que podrían quedarse sin papeleta el 29N.
- A quién afecta: A descendientes de emigrantes y exiliados que ya obtuvieron la nacionalidad y a quienes tramitan su expediente por esta vía.
- Hacia dónde vamos: El Constitucional debe decidir si admite el recurso y concede la medida antes de que se agote el calendario electoral.
