163.000 españoles con el voto suspendido y Exteriores sin haber entregado los datos que decidirían quién vota el 29N. Ese atasco burocrático amenaza con convertir la cita con las urnas del 29 de noviembre en un laberinto judicial con impugnaciones en cada circunscripción.
Exteriores no ha remitido a la Oficina del Censo la información que permitiría distinguir, uno a uno, qué nacionalizados por la ley de nietos —la vía abierta por la Ley de Memoria Democrática para hijos y nietos de exiliados— pueden votar y cuáles tienen el derecho suspendido por el Supremo. Sin ese listado, el voto exterior se vuelve indivisible.
Un auto del Supremo, 38 días de retraso y un plazo que expira el martes
El Tribunal Supremo ordenó el 10 de septiembre que se hiciera ese trámite. 38 días después sigue sin llegar ningún dato de los no informatizados, que son la inmensa mayoría. El Alto Tribunal no tiene ningún listado en la mano.
El plazo de cinco días que fijó el auto para que los interesados aleguen documentación empezó a contar el 13 de octubre y expira el martes 20, según Exteriores. El calendario no es el problema: comprobar quién está afectado exige unos datos que la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares aún no ha reunido.
La resolución del Supremo concreta cuándo no regirá la suspensión del voto: cuando los cónsules certifiquen, bajo su responsabilidad, que a fecha 1 de agosto de 2026 esas personas accedieron a la nacionalidad acreditando ser hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación de identidad sexual. Es lo que fija la Ley de Memoria Democrática, no la instrucción posterior.
Por ahora, la Oficina del Censo solo cuenta con la base de datos de Justicia sobre 70.000 nacionalizados en 2025 y 2026, según expuso su directora en la reunión de la Junta Electoral Central del jueves y según reveló EL MUNDO. Para el resto, Exteriores ha enviado un telegrama a los consulados pidiendo 'todos los medios posibles'. La propia Oficina es pesimista.
Sin un listado completo, el voto de los inscritos en el CERA no se puede separar: o se anula entero o se escruta entero.
Quién puede votar y quién no: la pregunta que nadie responde
Si el bloqueo se mantiene, el Supremo tendrá que elegir entre anular todo el voto exterior o levantar las medidas cautelares y permitir el escrutinio completo. Las dos salidas abren la puerta a impugnaciones en cada circunscripción.
El voto CERA se escruta el 4 de diciembre. Hasta entonces, las juntas electorales provinciales podrían impugnar voto a voto cruzando cada certificado censal con el listado de personas con el derecho suspendido. Esa comprobación a posteriori puede reabrir el resultado en cualquier provincia, porque nadie —ni la Junta Electoral Central, ni el Censo, ni Exteriores, ni el Supremo— sabe cómo quedará constituido el censo definitivo.
En paralelo, el Defensor del Pueblo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que puedan votar todos los nacionalizados. Su tesis: 'la condición de votante no la puede perder ningún español mientras lo sea'. Si el TC concede medidas cautelares, podrían quedar suspendidas las del Supremo y votar todos los afectados. El tribunal de garantías tiene pocos días para decidir, en plena precampaña.
Del pulso entre ley e instrucción a la batalla que viene
El fondo del litigio es una jerarquía normativa. Una instrucción administrativa posterior y una ley de memoria democrática se cruzan, y el Tribunal Supremo ya resolvió el choque al exigir la certificación consular conforme a la ley. El problema es que la orden judicial llega sin soporte documental: una resolución sin datos no se puede ejecutar.
Quienes recurrieron ante el Alto Tribunal fueron Vox e Iustitia Europa, y de esas formaciones pueden salir impugnaciones si el escrutinio no se depura. El PSOE, por boca de Félix Bolaños, ha denunciado un censo alterado. Ninguna de las dos lecturas se resuelve con los papeles que hoy tiene el Censo.
Fuentes de Exteriores defienden a los funcionarios del Servicio Exterior, que dedican 'todo su tiempo' a la tarea en 'un plazo excesivamente breve para el volumen de expedientes'. La próxima fecha marcada es el martes 20. Después, la pelota queda en el Constitucional y en las juntas provinciales, con un Supremo que tendrá que decidir sobre miles de papeletas sin saber a quién pertenecen.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Exteriores no ha entregado al Censo los datos de los 163.000 nacionalizados con el voto suspendido por el Supremo para el 29N.
- Por qué te importa: Sin ese listado, el voto exterior no se puede separar y cualquier resultado puede acabar impugnado ante los tribunales.
- A quién afecta: A los españoles inscritos en el CERA, en especial a los nacionalizados por la ley de nietos y a sus familias.
- Hacia dónde vamos: El plazo de alegaciones expira el 20 de octubre, el Constitucional debe decidir en días y el escrutinio exterior es el 4 de diciembre.
