El Gobierno quiere cerrar la financiación de RTVE con un decreto sobre el IVA que no pasará por el Congreso. La fórmula es distinta a la que la Cámara baja tumbó en julio y llega con las elecciones generales del 29 de noviembre ya convocadas.
Qué ha decidido el Gobierno y por qué no pasa por el Congreso
Sometido a información pública el 2 de octubre, el proyecto reforma el reglamento que desarrolla el sistema de financiación de la corporación, el conocido como coste neto del servicio público. Ese concepto determina cuánto dinero público recibe la corporación como compensación por las obligaciones que tiene encomendadas. Traducido: qué gastos se le reconocen y qué parte acaba pagando el Estado.
El cambio de instrumento es la clave. En junio, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 16/2026, que modificaba la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. El 14 de julio, el Congreso rechazó su convalidación por 178 votos frente a 172, y el mecanismo quedó sin efecto. Ahora el Ejecutivo no toca la ley: reforma el reglamento, y un real decreto simple no necesita convalidación parlamentaria.
La nueva redacción señala que los tributos que RTVE no pueda deducir, recuperar o compensar pasarán a formar parte de esos costes. Añade algo más: también se incluirán cantidades de ejercicios anteriores que se determinen después por una decisión administrativa o judicial. Dicho de otro modo, si un tribunal confirma que la corporación debía pagar un IVA que daba por deducible, ese importe podrá compensarse con dinero público.
El proyecto no perdona la deuda ni cambia lo que RTVE debe a Hacienda. Cambia el camino por el que puede recibir financiación pública para afrontarla. El Gobierno lo presenta como una precisión normativa para dar seguridad jurídica al sistema.
El proyecto permite incluir importes de ejercicios anteriores cuya cuantía se fije después por una decisión administrativa o judicial.
Cuánto dinero está en juego y de dónde viene el problema
La cifra de referencia son los 941,2 millones de euros en contingencias fiscales por el IVA que RTVE tiene provisionados, según la memoria de impacto normativo que acompaña al proyecto. No es una transferencia aprobada ni significa que el Estado vaya a desembolsar todo ese dinero. Es la estimación del riesgo acumulado por la corporación, y su impacto final dependerá de cómo se resuelvan los procedimientos abiertos.
El origen está en 2010, cuando RTVE dejó de emitir publicidad comercial. Al caer sus ingresos sujetos a IVA, se redujo su capacidad para deducirse el impuesto que paga por adquirir bienes y servicios, y las discrepancias con la Agencia Tributaria han generado numerosos procedimientos, algunos aún abiertos. En marzo, la Audiencia Nacional dictó una resolución desfavorable para la corporación.
Si Hacienda o los tribunales determinan que RTVE se dedujo cantidades que no le correspondían, la corporación tendría que afrontar pagos adicionales para los que no tiene recursos. El resultado sería un rescate urgente, y de ahí el interés del Ejecutivo en dejar el mecanismo atado antes de pasar a funciones.
El precedente de junio y las dudas que quedan abiertas
El propio Gobierno consideró en junio que hacía falta modificar una ley para resolver este problema. Ahora sostiene que basta con un reglamento. Queda abierto si una norma de rango inferior ofrece cobertura suficiente para un mecanismo de compensación como este, y cómo se traducirán esas compensaciones en los presupuestos. El texto fija, eso sí, que las aportaciones no podrán generar sobrecompensación del servicio público.
La segunda pieza es el contrato-programa, que fija las obligaciones de servicio público de RTVE y los recursos para cumplirlas. El Mandato Marco que sirve de base caducó hace casi diez años. El presidente de la corporación, José Pablo López, trasladó a los sindicatos que el Gobierno pretende aprobar uno nuevo antes de entrar en funciones.
Lo comunicado es una previsión, no una decisión adoptada: el decreto sigue siendo un proyecto y el contenido del contrato-programa no aparece en la documentación consultada. Ahora la tramitación no depende del Congreso, sino del Consejo de Ministros.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno prepara un real decreto para que el IVA no deducible de RTVE cuente como coste del servicio público. La norma no pasa por el Congreso.
- Por qué te importa: Hasta 941,2 millones en contingencias fiscales podrían acabar cubiertos con dinero público, sin votación parlamentaria previa.
- A quién afecta: A RTVE y su plantilla, a las cuentas públicas y al equilibrio entre el Gobierno y el Congreso.
- Hacia dónde vamos: El Ejecutivo pretende aprobarlo antes de entrar en funciones, con las elecciones del 29 de noviembre convocadas. El contrato-programa sigue pendiente.
