El Congreso ha extendido la ayuda para cuidar a hijos enfermos más allá de los 26 años, pero solo a los funcionarios. Los trabajadores del sector privado que se encuentran en la misma situación se quedan fuera de esa prórroga.
En España, las familias con un hijo con cáncer u otra enfermedad grave pueden solicitar una reducción de jornada de al menos el 50% y seguir cobrando el salario íntegro. Es el permiso por cuidado de hijo con enfermedad grave, una fórmula que permite trabajar menos horas sin perder salario.
Ese derecho se mantiene, en principio, hasta que el hijo cumple los 23 años. Si además existe una gran discapacidad, se alarga hasta los 26.
¿Qué ha aprobado el Congreso y a qué familias alcanza?
La novedad aprobada afecta al último de esos supuestos. Los empleados públicos podrán superar el límite de los 26 años cuando persista la necesidad de cuidados. Para ellos desaparece el corte automático por edad que sí se aplica al resto de trabajadores.
El pasado 16 de septiembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la medida al votar las enmiendas incorporadas por el Senado, a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. La votación se cerró con 338 votos a favor y seis en contra. El respaldo mayoritario llegó del PSOE y de Sumar, los partidos que sostienen al Gobierno.
La medida ya está aprobada.
Desde ahora, el final de la ayuda a los 26 años dependerá del tipo de contrato del progenitor, no de la necesidad de cuidados.
¿Por qué las familias del sector privado se quedan sin esa prórroga?
La misma iniciativa había pasado antes por el Senado, donde el PP tiene mayoría, pero entonces se aprobó pensando en los trabajadores del sector privado. Después, el Ejecutivo la vetó en el Congreso, con el argumento de que estaba preparando ya su propia iniciativa para regularla.
Ese cruce de decisiones deja una brecha nueva entre dos tipos de trabajadores. Los asalariados se quedan sin la prórroga a partir de los 26 años, mientras que un empleado público en la misma situación sí puede seguir con la reducción de jornada retribuida.
Ahí está la paradoja.
El agravio entre funcionarios y asalariados: qué viene ahora
Hasta ahora el derecho tenía un techo de edad igual para todos: 23 años, ampliable a 26 cuando concurría una gran discapacidad. Cuando ese permiso decae, la familia tiene que reorganizar los cuidados y la jornada laboral sin la cobertura salarial que ofrecía la ayuda.
Solo para un colectivo.
El mecanismo es sencillo: se trabaja menos horas y se cobra lo mismo. Esa combinación sostiene los ingresos de la casa mientras uno de los progenitores acompaña tratamientos, consultas y cuidados. El problema aparece cuando el calendario avanza y el derecho se agota.
La discusión no es solo laboral. También tiene que ver con cómo se organizan los cuidados en casa cuando el hijo alcanza la mayoría de edad y sigue necesitando supervisión continua. La norma aprobada reconoce esa realidad para los empleados públicos, pero deja fuera a un grupo amplio de familias.
Unas ganan tiempo; otras mantienen el límite intacto.
Sobre esa norma pendiente, el Ejecutivo sostuvo entonces que preparaba una iniciativa propia para regular el permiso en el sector privado. Por ahora, esa prórroga no alcanza a los asalariados.
Conviene estar atento.
De cómo se resuelva esa norma pendiente depende que ambas vías se igualen o que la brecha se consolide en los próximos meses.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El Congreso amplía solo a los funcionarios la ayuda para cuidar a hijos enfermos más allá de los 26 años.
- 👥 Quiénes son los afectados: Familias con hijos con cáncer o enfermedad grave, sobre todo las del sector privado.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Una brecha mayor entre empleados públicos y asalariados, a la espera de una norma para el sector privado.
