2Quién está detrás: de funcionarios con negocio propio a jóvenes que encadenan plataformas
El fenómeno ya no se explica por un solo perfil. Coexisten asalariados con jornadas parciales no deseadas, autónomos que suman una segunda actividad y empleados públicos que piden permiso para emprender. En el ámbito público la regla sigue siendo la incompatibilidad: la Ley 53/1984 obliga a obtener una autorización previa y expresa, limita la dedicación privada a la mitad de la jornada semanal (unas 18,75 horas sobre las 37,5 ordinarias) y exige que el complemento específico no supere el 30% de las retribuciones básicas. La Oficina de Conflictos de Intereses ha registrado un alza de 1.075 compatibilidades desde 2024, 763 de ellas con actividad privada. Entre los expedientes figuran funcionarios autorizados a traducir, a ejercer de arquitectos, a dar clases o a vender producto artesano: el retrato de quien factura al margen de su nómina.
El tramo más joven concentra la mayor incidencia. Según una encuesta de Randstad a 5.700 profesionales, la tasa de pluriempleo entre los 18 y los 24 años (17,3%) es la más alta de todos los grupos de edad, aunque aquí la motivación principal es ahorrar (45,6%) y, con frecuencia, compaginar los estudios. Las plataformas de reparto y mensajería se han vuelto la puerta de entrada natural: son accesibles, flexibles y se pueden encadenar por horas. A la vez, el segundo empleo se desplaza de la nómina a la factura: quienes añaden una actividad por cuenta propia crecieron un 60% desde 2019, hasta rozar los 200.000 ocupados. Los datos oficiales lo confirman: 632.600 personas tenían un segundo trabajo al cierre de 2025, con una media de 13,4 horas semanales.
