El Tribunal de Cuentas da cinco días para decidir si investiga la compra del ático de la empresa pública Planifica Madrid. La denuncia del PSOE cifra la operación en 6,3 millones y el organismo acumula ya cinco denuncias sobre el mismo inmueble.
Qué se decide en cinco días y quién tiene que responder
La diligencia de ordenación es el documento con el que el Tribunal marca los trámites del expediente. En ella se fija un plazo común de cinco días para que la Fiscalía, Planifica Madrid y la Comunidad de Madrid se pronuncien: o se nombra un delegado instructor, o se archiva la acción pública, la vía por la que se pide al Tribunal que revise una cuenta.
El caso no llega de cero: el procedimiento se abrió el 15 de septiembre, después de que el organismo recibiera cuatro denuncias por la compra del inmueble. Las denuncias se presentaron entre el 3 de agosto y el 1 de septiembre y se acumularon en un único expediente. Una quinta llegó el 30 de septiembre con los mismos hechos.
A la causa se han sumado dos grupos parlamentarios. El Tribunal ha admitido como parte en la acción pública a Más Madrid y al PSOE, después de comprobar que cumplían los requisitos que exige su ley de funcionamiento. Fueron dos resoluciones, una del 15 de septiembre y otra del 6 de octubre.
Qué compró Planifica Madrid y qué se pregunta el PSOE
Sobre la mesa está la adquisición de un ático de uso residencial en Chamberí. La denuncia del PSOE sitúa la operación en 6,3 millones de euros y sostiene que pudo causar un perjuicio patrimonial a la empresa pública y a la Comunidad. El Tribunal todavía no ha calificado los hechos: solo ha abierto la puerta a investigarlos.
Lo que se dirime no es si el precio fue acertado, sino si la operación causó un daño a los fondos públicos y quién la impulsó.
Los socialistas pidieron al órgano de fiscalización que aclarara quién impulsó la compra y cuál fue la necesidad concreta que la justificaba. También reclamaron saber si el consejo de administración de Planifica Madrid aprobó la selección del inmueble, el precio, las arras (la señal que se entrega para reservar la vivienda) y la inversión, y qué controles presupuestarios, técnicos y jurídicos eran exigibles.
En su escrito, el PSOE asegura que la documentación remitida por la Comunidad no incluía un acuerdo específico del consejo de administración sobre la compra, ni un expediente previo que acreditara la necesidad de adquirir el inmueble, ni un control presupuestario específico. Son afirmaciones de la parte denunciante, no conclusiones del Tribunal.
Qué puede pasar a partir de ahora (y qué no es este proceso)
Conviene separar dos terrenos. El Tribunal no instruye delitos, sino responsabilidad contable: lo que examina es si alguien debe responder con su patrimonio por un daño causado a los fondos públicos. La vía penal, si alguien la abre, discurre por los juzgados ordinarios.
El Tribunal de Cuentas fiscaliza las cuentas públicas y sus funciones y competencias se mueven en el terreno contable. La propia diligencia se apoya en el artículo 47 de la Ley 7/1988, que regula estas actuaciones previas.
Para medir los tiempos, la referencia son los propios trámites del organismo: la fase de instrucción y las actuaciones posteriores se cuentan en meses, no en semanas. En paralelo, el caso mantiene su recorrido político, porque Más Madrid y el PSOE ya figuran como parte y pueden solicitar diligencias. Los próximos cinco días deciden solo si hay instructor, no si alguien acaba respondiendo por la compra.
Lo que toca seguir está muy concretado. Primero, si la Fiscalía, Planifica Madrid o la Comunidad ven motivos para instruir. Después, si el Tribunal nombra delegado instructor o archiva. Y en paralelo, si el Gobierno autonómico aporta el acuerdo del consejo de administración y los informes de control que, según el PSOE, no constan en la documentación entregada.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Tribunal de Cuentas ha dado cinco días a la Fiscalía, a Planifica Madrid y a la Comunidad para decidir si nombra un instructor que investigue la compra del ático.
- Por qué te importa: Es dinero público. La operación se cifra en 6,3 millones según la denuncia del PSOE, que apunta a un posible perjuicio para las arcas de la empresa y de la Comunidad.
- A quién afecta: A los contribuyentes de la Comunidad de Madrid y a Planifica Madrid, cuya operación está bajo revisión. También a Más Madrid y al PSOE, personados en el procedimiento.
- Hacia dónde vamos: Si hay motivos, el Tribunal nombrará un delegado instructor; si no, archivará. La primera respuesta llegará en días, aunque la instrucción, si arranca, se mide en meses.
