El juez que investiga a González Amador, pareja de Ayuso, ha citado a un nuevo investigado en la causa por corrupción. Se llama Fernando Camino y es directivo de Quirón Prevención, la filial del gigante sanitario que fue durante años el principal cliente del empresario.
Camino tendrá que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla el próximo 3 de diciembre, según la providencia del titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo. La fecha llega una vez pasadas las elecciones generales.
Qué se investiga y de dónde salen los 500.000 euros
La causa no es nueva y arrastra años de trámite. El magistrado estudia la compra, por parte de González Amador, de todas las participaciones de Círculo de Belleza, una sociedad de cosmética que después pasó a llamarse Masterman & Whitaker. El empresario pagó 499.836 euros en diciembre de 2020 a Gloria Carrasco, la mujer de Camino.
Los papeles sitúan el origen de esa empresa en 2008. Se constituyó el 3 de noviembre con un capital social de 3.300 euros y las participaciones se repartieron entre Carrasco, que se quedó con el 60% y ejerció como administradora única, su hermano (20%) y su marido, Camino (20%).
Para la Fiscalía, esa empresa tenía poco valor. El ministerio público sostuvo que no tenía inmuebles a su nombre, no había contado con trabajadores y su activo material se reducía a 'un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación'. Traducido: casi nada.
De ahí nace la sospecha. El fiscal llegó a hablar de un presunto soborno y defendió que es muy alta la probabilidad de que González Amador no pagara ese dinero por la empresa, sino 'para retribuir un favor recibido'. Ese favor pudo llegar por la intermediación con las mascarillas o por el aumento de la facturación de Quirón Prevención.
El fiscal sospecha que el medio millón de euros sirvió para pagar un favor, no para comprar una empresa de cosmética.
De las mascarillas a la sanidad pública: por qué te toca
Quirón Prevención forma parte del grupo Quirónsalud, uno de los mayores proveedores privados que trabaja para la sanidad pública. Es decir, dinero de todos los contribuyentes pasa por contratos con compañías como esta.
La otra pata es Mape. Camino era consejero de esta empresa, para la que González Amador intermedió en una compraventa de mascarillas con la empresa FCS en plena pandemia. Esa operación le reportó al empresario 1,97 millones de euros.
El detalle importa porque la sanidad concertada se financia con fondos públicos. Cuando una empresa que trabaja con la administración aparece en una causa por presunto soborno, el foco se pone también en cómo se adjudican y se revisan esos contratos.
Dos velocidades y una defensa común
El caso avanza a dos ritmos. La pieza principal, la del fraude fiscal y la falsedad documental, ya está lista para juicio. La segunda línea, la del presunto soborno, va más despacio. Hasta ahora solo habían declarado como investigados González Amador y Carrasco, y ambos negaron cualquier pago irregular: sostuvieron que los casi 500.000 euros respondían al potencial de la empresa.
Los tiempos judiciales son aquí una pieza clave. El actual instructor no autorizó a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a rastrear cuentas hasta junio: doce años de movimientos de los investigados y de las sociedades vinculadas. Esa lentitud, habitual en causas con ramificaciones, alimenta argumentos en los dos sentidos: quienes sostienen la acusación se agarran al rastro del dinero, mientras la defensa repite que fue una apuesta empresarial.
La próxima cita, el 3 de diciembre, medirá hacia dónde se inclina el caso y si la segunda línea de investigación gana peso o se queda en un expediente paralelo. La pieza principal seguirá su propio camino hacia el juicio.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid ha citado a declarar como investigado a Fernando Camino, directivo de Quirón Prevención.
- Por qué te importa: Quirónsalud es uno de los mayores proveedores privados de la sanidad pública, así que el caso toca contratos pagados con dinero de todos.
- A quién afecta: A González Amador, a Camino y a Gloria Carrasco, los tres investigados, y a un grupo sanitario que factura con la sanidad pública.
- Hacia dónde vamos: La declaración del 3 de diciembre marcará el rumbo de la segunda línea de investigación, separada de la pieza principal, ya lista para juicio.
