El Ministerio de Consumo ha multado con 750.000 euros a la empresa de The Grefg por la rifa de un coche de lujo. La sanción llega después de que la Dirección General de Ordenación del Juego abriera un expediente por la organización del sorteo.
La multa se dirige contra EBR Management, la sociedad organizadora, y afecta de lleno a quienes participaron: se registraron 376.850 compras de un euro durante la rifa. Cada una de ellas valía una participación en el premio.
¿Qué ha pasado exactamente con la rifa?
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 considera que la empresa cometió una infracción administrativa 'muy grave. El motivo: organizó una rifa sin el título habilitante, la autorización previa que exige la Ley de Regulación del Juego y que, según la resolución, nunca llegó a solicitarse.
La rifa estuvo abierta entre el 24 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025 en una web accesible desde direcciones IP españolas. El premio era un coche de lujo valorado en más de 75.000 euros —su propietario aseguró que le había costado 120.000— y cada participación se conseguía comprando un fondo de pantalla digital por un euro.
Consumo no identifica en su resolución al propietario del vehículo. Fuentes conocedoras del proceso, consultadas por Europa Press, señalan al streamer David Cánovas, The Grefg, residente en Andorra. La empresa recurrió la sanción y alegó que no era una rifa, sino una combinación aleatoria con fines promocionales. El recurso no prosperó.
¿A quién afecta y qué cambia para los participantes?
La sanción recae directamente sobre EBR Management, que deberá asumir los 750.000 euros. Pero la resolución también interesa a quienes pagaron su euro: la información difundida no contempla compensaciones individuales para los participantes, ya que el expediente se dirige contra la empresa organizadora.
La multa fija un criterio claro: si hay que pagar para participar, aunque sea un euro, la actividad se considera una rifa sujeta a la ley.
En la práctica, la resolución deja claro que los sorteos con premio no son un terreno libre para quien los organiza. Si la participación exige un desembolso, el organizador necesita autorización, y queda bajo la vigilancia de la Dirección General de Ordenación del Juego, el organismo que supervisa esta actividad en España.
Para los seguidores, el cambio es sobre todo informativo. Conviene saber que quien cobra por participar asume obligaciones legales, y que ese pago cambia por completo el marco aplicable al sorteo.
Qué precedentes hay y qué puede pasar a partir de ahora
La resolución no es un caso aislado en el terreno de las promociones digitales. La clave está en una distinción que el Ministerio ha mantenido: una combinación aleatoria con fines publicitarios es una cosa, y una rifa en la que el público paga por participar es otra. Ahí está el núcleo del asunto.
Para EBR Management, la multa se suma a una trayectoria empresarial ya marcada por la polémica. Su intento de ejecutar el desahucio de una mujer de 80 años generó una oleada de críticas cuando salió a la luz, un episodio que colocó a la compañía en el foco mediático mucho antes de este expediente.
¿Qué puede pasar ahora? La empresa puede agotar la vía administrativa y recurrir ante los tribunales, algo que no está confirmado. Lo que sí queda fijado es el criterio: las rifas con pago previo necesitan autorización, con independencia de cuánto cueste participar. Un euro también cuenta.
El efecto inmediato de la multa es económico para la empresa, y el de medio plazo apunta más alto: sirve de referencia para otros creadores de contenido que organicen sorteos parecidos. La ley no distingue por el tamaño del premio, sino por si el público paga para jugar.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Consumo multa con 750.000 euros a la empresa de The Grefg por una rifa sin autorización.
- 👥 Quiénes son los afectados: La empresa organizadora y los miles de seguidores que pagaron un euro por participar.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Refuerza que las rifas con pago previo necesitan autorización y quedan bajo control administrativo.
