El Gobierno reactiva los decretos de vivienda: prohíbe sumar garaje o trastero al alquiler asequible y blinda la compra del inquilino.
Qué prohíbe el decreto y cómo te afecta
Sobre el papel, el artículo 14 del nuevo decreto lo deja por escrito: los gastos de los anejos no podrán subir el alquiler. Traducido: si el contrato dice 800 euros, el recibo no debería crecer por el garaje o el trastero.
La norma añade una definición que cambia el tablero. Vivienda asequible es aquella cuyo precio de venta o alquiler, con todos los gastos incluidos, no supere el 30% de la renta mediana del municipio. Según fuentes del Gobierno, las comunidades podrán mantener sus proyectos, pero no llamarlos asequibles si superan ese tope.
El segundo bloque apunta a la venta en bloque. En la modificación del artículo 3 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, se incorpora que en las ventas conjuntas se preserva el derecho de compra preferente del inquilino y se impide renunciar a él. Responde al caso de Avalon, socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) de la estadounidense Ares Management, que vendió las viviendas del Plan Vive por paquetes y negó la compra a sus inquilinos.
El Plan Vive de Ayuso, el modelo que el decreto deja sin etiqueta
La gran apuesta de alquiler asequible de la Comunidad de Madrid es el Plan Vive: 14.000 viviendas, de las que 4.875 ya se han entregado en nueve municipios de la región. Su normativa permite repercutir la comunidad hasta un 18% de la renta mensual, prorratear el IBI y sumar hasta un 50% del alquiler por una plaza de garaje y un trastero, y un 40% por la segunda plaza. En el peor escenario, los anejos pueden añadir hasta un 90% al recibo.
El decreto fija el tope en el 30% de la renta mediana, pero hay vecinos del Plan Vive que ya pagan la mitad de su sueldo.
Los casos concretos lo muestran. Sergio Montero pagaba 900 euros por un piso de tres habitaciones en Valdebebas y acababa abonando 1.500 con el IBI, la comunidad, dos plazas de garaje obligatorias y un trastero. Núria pasaba de 514 a más de 1.036 euros al mes, aunque solo tiene un coche. La asociación calcula que más del 70% dedica más del 35% de su sueldo al alquiler.
La plataforma nació en junio con más de un centenar de vecinos de nueve municipios y ya reúne a unos 400 socios, con hasta 600 implicados. Entre sus denuncias está el cobro del IBI, que la ley atribuye al propietario. Los abogados de UGT Vivienda estudian cómo afecta a los contratos vigentes y futuros.
El precedente de 2023 y lo que queda por resolver
No es una disputa nueva: una sentencia de 2023 ya declaró ilegal cobrar el IBI a los inquilinos de vivienda pública. Y el modelo madrileño cede suelo público a la iniciativa privada durante 50 años; después, las viviendas quedan en manos privadas.
El paquete incluye además un Fondo de Vivienda de Impacto Social de 400 millones para proyectos de entidades sociales, una línea de 2.000 millones para constructores de vivienda pública y blinda para siempre toda la vivienda pública estatal. Casa 47 absorberá además viviendas de otros entes públicos, entre ellas más de 4.000 de la Seguridad Social.
Para el Ejecutivo, estas medidas son una reactivación de un paquete anterior que no llegó a consolidarse. Sostiene que las comunidades podrán adaptar sus proyectos, pero solo conservarán la etiqueta de asequible si respetan el 30%. Los inquilinos lo leen como un respaldo a sus reclamaciones. La clave estará en cómo se aplique a los contratos ya firmados.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno reactiva los decretos de vivienda y prohíbe que el garaje o el trastero encarezcan el alquiler asequible.
- Por qué te importa: Si alquilas una vivienda asequible, los gastos extra no podrán empujar tu recibo por encima del 30% de la renta mediana del municipio.
- A quién afecta: A los inquilinos de promociones como el Plan Vive, a sus gestores privados y a los fondos que compran edificios completos.
- Hacia dónde vamos: Falta ver cómo lo aplican las comunidades y qué pasa con los contratos ya firmados.
