UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas han convocado una huelga general por la vivienda el 11 de noviembre. Será la primera que se celebre en España desde 2012 y llega en plena precampaña electoral.
La fecha no es casual. El paro se celebra dos días antes de que arranque oficialmente la campaña, fijada para el 13 de noviembre. Los convocantes quieren así evitar que un partido impugne el aviso de huelga ante la Junta Electoral antes de que el proceso entre en su fase decisiva.
Una convocatoria que une vivienda y salario
Detrás del anuncio están las dos grandes centrales sindicales y el colectivo que ha liderado las protestas por el alquiler en los últimos años. En su comunicado conjunto, UGT y CCOO reclaman salarios dignos que permitan acceder a una vivienda digna. Los organizadores presentan la cita como una huelga contra la especulación y en defensa del derecho a la vivienda.
El detonante, según los sindicatos, es el desahucio y la muerte de Maricarmen Abascal. Los convocantes describen ese caso como la chispa que conecta el problema de la vivienda con los salarios y los derechos laborales.
Semanas antes, los partidos de la derecha tumbaron en el Congreso dos decretos que incluían una moratoria de desahucios, la prohibición de comprar vivienda a los fondos buitre y la prórroga automática de los contratos de alquiler.
El rechazo parlamentario a las medidas de alivio y el caso de Maricarmen Abascal son el punto de partida de una huelga que une alquiler y salario.
También decayeron los límites al alquiler de habitaciones y de temporada. Las protestas se multiplicaron entonces de Bilbao a Badajoz y de Oviedo a Ourense, con un grito repetido en las pancartas: '¡Huelga general ya!'.
Las centrales han subrayado que miles de manifestantes pidieron la huelga durante esas movilizaciones, un respaldo que consideran determinante para sostener la convocatoria.
Quién puede secundarla y quién está excluido
La ley excluye de las huelgas generales a los miembros de las Fuerzas Armadas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los jueces, magistrados y fiscales en activo y a los trabajadores por cuenta propia.
A esos colectivos se suman los sectores esenciales: sanidad, servicios sociales, transporte, seguridad y telecomunicaciones. En esos casos, el Gobierno fija unos servicios mínimos y las empresas comunican a sus plantillas quién está obligado a trabajar ese día.
La convocatoria también afronta dudas legales. El Real Decreto-ley 17/1977, en su artículo 11, considera ilegales las huelgas por motivos políticos o por fines ajenos al interés profesional de los trabajadores, y también las de solidaridad que no afecten de forma directa a quienes las promueven.
El pulso que viene: del precedente de 2012 a los tribunales
Las huelgas generales son poco frecuentes en España. El último antecedente es de 2012, cuando se convocó una huelga general de 24 horas contra las políticas de ajuste del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Entonces el conflicto se planteó en clave estrictamente laboral. Ahora el eje es el acceso a la vivienda, y quien lo empuja no es solo el aparato sindical.
La patronal CEOE ha dejado caer que estudia un posible recurso. Sostiene que las demandas que han motivado el anuncio no son, en esencia, de naturaleza laboral, y critica que se utilice la actividad de las empresas para influir en el resultado de un proceso electoral que, a su juicio, debe desarrollarse con calma y conforme a las normas democráticas.
Los sindicatos defienden lo contrario: que el precio de la vivienda es hoy un asunto salarial, porque el alquiler se come una parte creciente de la nómina. Las próximas semanas serán decisivas. Queda registrar la convocatoria, negociar los servicios mínimos y ver si la patronal cumple su amenaza y la lleva ante los tribunales, con la campaña electoral arrancando el 13 de noviembre, dos días después del paro.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas han convocado una huelga general por la vivienda para el miércoles 11 de noviembre.
- Por qué te importa: Los convocantes vinculan el precio del alquiler con los salarios y reclaman que una nómina digna permita pagar una vivienda.
- A quién afecta: A asalariados e inquilinos, pero también a los autónomos y a los sectores esenciales, que quedan fuera o sujetos a servicios mínimos.
- Hacia dónde vamos: Quedan por negociar los servicios mínimos y sigue abierta la amenaza de recurso de la patronal ante los tribunales.
