El adelanto electoral del 29 de noviembre deja en el aire numerosas leyes sociales que todavía estaban en tramitación. La disolución de las Cortes Generales hará decaer buena parte de las normas que el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar había impulsado durante esta legislatura.
Unas estaban ya muy avanzadas en el Congreso, otras esperaban turno en el Senado y varias ni siquiera habían vuelto al Consejo de Ministros. El calendario manda.
¿Qué ha pasado exactamente?
La Ley de Violencia Vicaria es uno de los casos más llamativos. El texto, que el 30 de septiembre superó su primer examen en el Congreso, buscaba tipificar como agravante de género la violencia que se ejerce sobre los hijos para dañar a la madre.
También incluía la privación automática de la patria potestad para los padres condenados por maltrato. Y prohibía a los condenados por violencia vicaria hablar públicamente del crimen durante un plazo de hasta 20 años.
Del Ministerio de Igualdad caen, además, la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, pendiente de una segunda vuelta en el Consejo de Ministros, y la norma que castiga las prácticas de conversión de las personas LGTBI, ya aprobada por el Congreso y en el Senado. La reforma del artículo 43 para blindar el aborto tampoco completará su tramitación. Se quedan fuera.
El Ministerio de Juventud e Infancia pierde su norma estrella: la ley orgánica para proteger a los menores en los entornos digitales, que pretendía restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes y que estaba en fase de ponencia. Junto a ella caen la reforma de la LOPIVI —la ley de protección de la infancia frente a la violencia—, la ley de familias acogedoras y la Ley de Juventud, que planteaba el voto a partir de los 16 años.
Ninguna de estas normas ha sido tumbada en el Congreso: simplemente se quedan sin tiempo para terminar su tramitación.
En el Ministerio de Derechos Sociales decae la Ley de Familias, varada en el Congreso, mientras que la falta de nuevos Presupuestos deja sin salida la prestación por crianza. La Ley de Servicios Sociales, impulsada por la anterior ministra y asumida por el equipo actual, ni siquiera ha vuelto al Consejo de Ministros. Sin Presupuestos, no hay prestación.
¿A quién afecta y qué queda en el aire?
El impacto se mide en colectivos concretos. las víctimas de violencia vicaria se quedan sin el marco legal previsto, los menores de 16 años seguirán accediendo a las redes sin la restricción anunciada y las familias que esperaban la prestación por crianza tendrán que aguardar a una nueva legislatura.
En materia migratoria no verán la luz la Ley de Asilo ni la reforma de la Ley de Extranjería. Eran dos anteproyectos aprobados en primera vuelta para adaptar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, el marco común de la UE para gestionar la migración. España seguirá sin adaptar su normativa al Pacto Europeo de Migración. España sigue pendiente de esa adaptación.
Hay una excepción que conviene conocer. El decreto-ley de extranjería ya convalidado seguirá en vigor tal y como se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Ese texto reforma el artículo 35 para repartir de forma obligatoria a los menores no acompañados en caso de contingencia migratoria.
Queda en el aire, en cambio, el decreto que el Ejecutivo estudiaba para acelerar las solicitudes de asilo en Ceuta, una vía que permitiría prescindir de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en el examen de los expedientes.
¿Qué consecuencias tiene y qué viene ahora?
Cada disolución de las Cortes reinicia el contador. Las iniciativas que decaen no se heredan de forma automática: si el próximo Parlamento quiere retomarlas, tendrán que volver a empezar su camino, con nuevos plazos, enmiendas y debates. El trámite se reinicia.
La prestación por crianza queda sin Presupuestos en lo que resta de legislatura. Y la adaptación al Pacto Europeo de Migración y Asilo tiene calendario europeo: España deberá cumplirlo con ley propia o sin ella. La letra pequeña importa.
Para las víctimas, el escenario no cambia de puertas hacia dentro. Los recursos de atención siguen funcionando: el 016 atiende las 24 horas, es gratuito y no deja rastro en la factura, y la información oficial está disponible en la web de la Delegación del Gobierno. En caso de emergencia, el teléfono es el 112.
Lo que viene ahora es una campaña electoral de casi dos meses y, después, un Parlamento nuevo. Qué normas se recuperan dependerá de quién gobierne y de si esas iniciativas vuelven a la primera línea de la agenda.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: El adelanto electoral del 29 de noviembre deja decaer normas sociales que estaban en tramitación.
- 👥 Quiénes son los afectados: Víctimas de violencia vicaria, menores de 16 años, familias y personas migrantes, entre otros colectivos.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Las normas tendrían que volver a presentarse en la próxima legislatura, con nuevos plazos y debates.
