El decreto de centros de datos que prepara el Gobierno pone en juego 70.000 millones y las empresas ya han plantado cara. Iberdrola, Telefónica, Endesa y EDP sostienen que la norma, tal como está redactada, frena un negocio que consideran clave para la economía.
Qué regula el decreto que el Gobierno no piensa retirar
El Ejecutivo trabaja en un borrador de decreto que fija exigencias a los centros de procesamiento de datos (CPD), esos edificios que albergan servidores y que se han disparado con el auge de la inteligencia artificial. El argumento oficial es el consumo energético: estas instalaciones devoran electricidad y el Gobierno quiere ordenar su despliegue. El texto no está cerrado y sigue en fase de tramitación, pero el Ejecutivo mantiene el rumbo pese a la ofensiva empresarial, según la información publicada por Expansión.
La reacción del sector ha sido inmediata. Spain DC, la patronal de los promotores, calcula que podrían perderse hasta el 90% de los proyectos en desarrollo. Traducido: están encima de la mesa unos 70.000 millones de inversión que, si no se ejecutan aquí, se irán a otro país. Las empresas consideran que las exigencias del borrador son de imposible cumplimiento.
Lo que dicen Iberdrola, Telefónica, Endesa y EDP
El CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, fue el más directo en el Foro de La Toja. A su juicio, 'demonizar' los centros de datos 'no tiene ningún sentido'. Y añadió un argumento que conviene retener: estas instalaciones 'se van a instalar y van a existir' igual, de modo que si no se asientan en España acabarán 'en nuestras vecindades consumiendo probablemente energía española'. Para él, atraerlos supone inversión, empleo y crecimiento para el país.
En la misma mesa redonda, el CEO de Telefónica, Emilio Gayo, cuestionó el diagnóstico del Ejecutivo. Sostuvo que la energía no es el problema principal —la red actual es 'suficiente'— y que los retos de la industria 'tienen más que ver con la regulación'. Reconoce elementos 'que tienen sentido', como poner 'cierto orden' y reforzar la soberanía, pero avisa de que algunas exigencias pueden restringir el despliegue de los centros y pide reglas 'ágiles'.
La lista de voces críticas se completa con los responsables de Endesa y EDP, que se pronunciaron días antes en el congreso de Aelec. El CEO de Endesa, Gianni Armani, sostiene que 'no va a ser España quien pueda parar ese proceso' y que poner barreras solo retrasa la oportunidad económica. El CEO de EDP, Duarte Bello, lo resume parecido: si los proyectos no salen aquí, 'se van a perder para siempre'.
Las empresas no piden retirar el decreto: aceptan el orden y la soberanía, pero rechazan exigencias que, dicen, frenan la inversión.
Por qué el pulso con el sector no es nuevo
No sería la primera vez que la regulación enfría la inversión en España. La seguridad regulatoria lastró la confianza del sector energético durante años, y los recortes retroactivos a las renovables de la pasada década dejaron una huella duradera entre los inversores. Ahora el choque repite el patrón, con los centros de datos como protagonista.
Las posturas están claras. El Ejecutivo prioriza el control del consumo eléctrico y la soberanía tecnológica; las empresas replican que la norma no puede frenar proyectos que, si se marchan, no vuelven. Ni el texto está cerrado ni se ha anunciado retirada: el borrador sigue abierto y las compañías piden cambios que, dicen, aún están a tiempo de introducir.
Queda por ver cómo aterriza el texto final. De momento, el Ejecutivo mantiene su hoja de ruta y las compañías confían en que la tramitación abra la puerta a modificaciones. Lo que ocurra con el decreto marcará si España atrae o deja escapar una inversión que otros países esperan con los brazos abiertos.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Gobierno mantiene su borrador de decreto sobre centros de datos pese al rechazo de Iberdrola, Telefónica, Endesa y EDP.
- Por qué te importa: La norma condiciona inversión y empleo, y de su diseño depende el precio de la energía y dónde se procesan los datos que usas a diario.
- A quién afecta: A eléctricas, telecos y promotores de centros de datos, y a los territorios donde se instalan estas infraestructuras.
- Hacia dónde vamos: El borrador continúa su recorrido; las empresas presionan por modificaciones y el Ejecutivo no ha anunciado retirada.
