El Gobierno aprueba la prórroga automática de alquileres: tu contrato será indefinido y el casero que no renueve deberá indemnizarte.
Qué cambia en tu contrato a partir de ahora
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un segundo decreto de vivienda que cambia de raíz la relación entre propietario e inquilino. Es un real decreto-ley, una norma que el Ejecutivo aprueba por urgencia y que el Congreso debe convalidar después, y se publicará este jueves en el BOE, según adelantó elDiario.es. Su contenido es una única modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que convierte los contratos de alquiler en indefinidos de facto.
Vamos por partes. El decreto fija que, cuando termina el contrato o alguna de sus prórrogas y han pasado al menos cinco años —siete si el casero es una persona jurídica, es decir, una empresa o un fondo—, si ninguna de las dos partes avisa de que no quiere seguir, el contrato se renueva solo por bloques de cinco o siete años. El propietario debe avisar con seis meses de antelación; el inquilino, con dos.
Y aquí viene el detalle que más cambia el tablero. Si el casero avisa y decide no renovar, tendrá que indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente, al menos, a doce mensualidades de un piso similar. El cálculo usa el sistema estatal de referencia y nunca puede bajar de una mensualidad por cada año vivido allí. Se paga al entregar la vivienda y, si el piso se vende antes, la asume el comprador.
Quién se libra de pagar y qué pasa en las zonas tensionadas
La norma incluye excepciones: el casero se libra de indemnizar en varios supuestos. No pagará si necesita el piso para vivir él, su pareja o un familiar hasta segundo grado; si el inquilino no ha residido allí seis meses del último año sin causa justificada; o si ya tiene otra vivienda disponible en el mismo municipio. Tampoco hay indemnización si las partes firman un contrato nuevo o si el inquilino rechaza la oferta de renovación.
El contrato deja de depender de la voluntad del casero: o lo prorroga solo o paga una indemnización al inquilino.
Hay más. En casos de vulnerabilidad acreditada, el inquilino puede pedir una prórroga extraordinaria de un año, y el gran tenedor está obligado a aceptarla. En las zonas tensionadas —las áreas donde la ley de vivienda permite limitar precios— el alquiler se podrá prorrogar de forma extraordinaria hasta tres años. El texto también declara nulas las cláusulas de la prórroga que perjudiquen al arrendatario. El casero tampoco pagará si acredita vulnerabilidad y una circunstancia justificada.
El retraso del BOE y el riesgo en el Congreso
El decreto no llega aislado. El que ya está en vigor fijaba una prórroga de los alquileres hasta 2028, y este texto la sustituye en la práctica por una renovación indefinida. De ahí el retraso en su publicación: según fuentes de Moncloa citadas por elDiario.es, el Ejecutivo se justifica en que la última norma que se publica es la que prevalece. Traducido: al salir después, este decreto gana la partida al anterior.
Y queda el paso político. Al ser un real decreto-ley, el Congreso tiene que convalidarlo en el plazo de un mes. La norma no cuenta con todas las garantías: el apoyo de Junts sigue en el aire y el Ejecutivo no tiene atada la mayoría. Si la convalidación falla, el texto decae.
El calendario manda. La publicación en el BOE está prevista para este jueves, 1 de octubre, y a partir de ahí la pelota pasa al Congreso, que tendrá que pronunciarse en las próximas semanas. Hasta entonces, la prórroga hasta 2028 del decreto que ya está en vigor sigue marcando las reglas para los contratos actuales.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Consejo de Ministros aprobó un segundo decreto de vivienda que se publicará este jueves en el BOE y modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos.
- Por qué te importa: Tu alquiler se renovará solo y el contrato pasará a ser indefinido de facto, con indemnización para el casero que no quiera prorrogarlo.
- A quién afecta: A los inquilinos, a los pequeños propietarios y a los grandes tenedores, que tendrán obligaciones distintas según el caso.
- Hacia dónde vamos: El Congreso debe convalidar el real decreto-ley en el plazo de un mes y el apoyo de Junts sigue sin cerrarse.
