El exjefe del Consell niega que once minutos de retraso en la alerta del Es-Alert provocaran los 231 muertos de la dana.
La defensa de Carlos Mazón ha presentado un escrito de 66 páginas en el juzgado de Catarroja para tratar de desmontar la tesis principal de las acusaciones y de la jueza: que el retraso en el envío del Es-Alert causó los fallecimientos. El exlíder del PP no figura como imputado, pero sí está personado en la causa.
Qué dice el escrito para negar la causalidad
El documento, al que ha tenido acceso El Mundo, lo firma el penalista Ignacio Gally y pide al juzgado que concrete si subsiste algún hecho positivo o línea de investigación abierta contra el exjefe del Consell. La defensa recuerda que el TSJ valenciano ya rechazó la exposición razonada que elevó la jueza instructora sobre una posible responsabilidad penal de Mazón.
Para negar la relación entre la alerta y las muertes, el abogado sostiene que habría que demostrarlo de forma individualizada: probar que recibir el mensaje once minutos antes habría impedido cada fallecimiento. Ese nexo, concluye, no existe en las piezas de 42 de los 231 fallecidos que ha examinado.
El escrito insiste en que Mazón no ostentaba la posición de garante de la seguridad ciudadana: recaía, por competencias, en la consellera Salomé Pradas. Tampoco constan instrucciones suyas para determinar o modificar el contenido del Es-Alert.
Además, afirma que la responsabilidad recaía en la consellera Salomé Pradas y que la alerta ya tenía su configuración esencial a las 19:45 horas. La discusión técnica posterior, sobre incluir referencias a las plantas altas, no contó con intervención de Mazón.
La defensa sostiene que once minutos no bastan para explicar jurídicamente 231 muertes.
La cronología: de las 19:45 al envío a las 20:11
La alerta se envió finalmente a las 20:11 horas. Los mensajes del exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, comenzaron a las 19:54, nueve minutos después de la configuración esencial. Para la defensa, los mensajes de Cuenca empezaron a las 19:54 y no pudieron causar una decisión adoptada antes.
Cuenca ha explicado, además, que sus opiniones tenían origen en una conversación con Cayetano García, no en instrucciones de Mazón. Salomé Pradas negó que aquellos mensajes determinaran su actuación y ningún técnico atribuye al exjefe del Consell el tiempo empleado hasta el envío.
Para la defensa, las dos hipótesis de la instructora sobre la intervención de Mazón —directa o a través de Cuenca— quedan invalidadas. El TSJ ya apreció una orfandad acreditativa en ese planteamiento, al sostener a la vez que dio órdenes restrictivas y que estaba ajeno a la emergencia.
Precedentes y qué puede pasar ahora con la causa
La secretaria general del PSPV, Diana Morant, reaccionó en la red X: casi dos años después, Morant sostiene que llegaron tarde cuando más importaba. Y añadió que una alerta a tiempo podría haber cambiado el destino de 231 personas.
El pulso se aleja del debate político y se traslada al terreno penal. La posición de garante ya fue el primer escudo que aceptó el TSJ valenciano para rechazar la imputación de Mazón, y ahora la defensa la recupera para pedir que se cierre toda línea abierta contra él. No es solo una cuestión de cronologías: es una disputa sobre qué conducta concreta puede atribuirse a un presidente autonómico en una emergencia sin competencias directas de protección civil.
La jueza instructora deberá responder al escrito y concretar si existen indicios suficientes. De no hacerlo, la defensa podrá solicitar diligencias o la nulidad del proceso. El siguiente movimiento marcará si la causa sigue viva para el exjefe del Consell o se desinfla definitivamente.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La defensa de Carlos Mazón ha presentado un escrito de 66 páginas en el juzgado de Catarroja para negar que el retraso del Es-Alert causara los 231 fallecidos.
- Por qué te importa: Define si un cargo público puede responder penalmente por decisiones de emergencia aunque no fuera el responsable directo de protección civil.
- A quién afecta: A la instrucción por la dana de 2024, a las familias de las víctimas y a la responsabilidad institucional de la Generalitat Valenciana.
- Hacia dónde vamos: La jueza debe concretar si subsisten indicios contra Mazón o la defensa podrá pedir el cierre o la nulidad de la causa.
