Ático de Ayuso en Chamberí: la compra con dinero público que dispara la ofensiva judicial

El Gobierno de Ayuso ha puesto a la venta el inmueble por 6,7 millones de euros y lo destina a la reconstrucción de la Sierra Oeste. La oposición lo ha llevado a los tribunales y pide la dimisión de la presidenta.

El ático de Ayuso en Chamberí ya no es solo una obra pública. La compra del inmueble con dinero de la Comunidad de Madrid ha abierto un frente judicial y parlamentario que marcará el inicio del curso político.

Qué se sabe de la compra y del contrato adjudicado

El Gobierno madrileño insiste en que todo está explicado. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, aseguró este sábado que se han dado 'suficientes explicaciones' sobre la operación y que 'se sabe absolutamente todo. La presidenta Isabel Díaz Ayuso sostiene que el ático no tenía ningún uso personal: lo enmarcó en la reforma integral de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.

De Paco detalló el recorrido administrativo: hay un arquitecto que coordina las obras, se pidieron ofertas para un contrato menor que quedó adjudicado y el procedimiento se tramitó por exclusividad por causa artística. Un contrato menor es una vía más rápida para adjudicaciones de importes reducidos. Después se redactará el proyecto y saldrá una licitación ordinaria para ejecutar los trabajos. El consejero, no obstante, sigue sin concretar fechas, plazos ni qué zonas de la Real Casa de Correos se reformarán.

Publicidad

El inmueble está en el paseo General Martínez Campos, dentro del distrito de Chamberí, una de las zonas con el mercado inmobiliario más caro de la capital. La Comisión Local de Patrimonio Histórico examina el proyecto porque la Real Casa de Correos es un Bien de Interés Cultural (BIC). Ese trámite puede condicionar qué se puede tocar y cuándo.

Cuánto se pagó y por qué el piso ya está a la venta

El ático sale a la venta por 6,7 millones de euros a través de Planifica Madrid, el brazo urbanístico de la Comunidad. La recaudación servirá para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste, arrasada por un incendio que quemó unas 30.000 hectáreas y forzó a pedir la declaración de emergencia nacional.

Junto al inmueble de Chamberí, la Administración regional ha puesto en venta otros cuatro locales en la Gran Vía por un total de 11,8 millones, según la documentación del Portal de la Contratación Pública. La venta se anunció apenas un par de días después de conocerse la compra, que el Gobierno madrileño justificó por la necesidad de un despacho 'temporal' para la presidenta mientras se reforma la sede principal.

La compra se justificó como un despacho temporal, pero la oposición la lee como una vivienda oficial pagada con dinero público.

La batalla judicial y política que viene

La oposición de izquierdas no ha tardado en reaccionar. Varios partidos han llevado la compra a los tribunales y piden la dimisión de Ayuso al considerar que el ático se adquirió para convertirlo en una 'vivienda oficial'. La presidenta lo niega y afirma que sería 'poco inteligente' buscarle una casa que no podría 'esconder'.

Para Ayuso, el objetivo de la polémica ha sido 'hacer daño'. Quienes la critican ven en la velocidad de la rectificación una forma de frenar el desgaste; quienes la defienden recuerdan que la rápida puesta a la venta aleja la idea de ocultación. La Comisión Local de Patrimonio Histórico examina el proyecto porque el edificio es BIC. Las próximas decisiones de la CLPH y las primeras providencias judiciales marcarán la velocidad del caso.

📌 En claves: lo que debes saber

  • Qué ha pasado: La Comunidad de Madrid compró un ático en el paseo General Martínez Campos, Chamberí, con dinero público y luego lo sacó a la venta por 6,7 millones.
  • Por qué te importa: Se trata de la gestión del dinero público y del uso de un inmueble institucional que ha acabado en los tribunales.
  • A quién afecta: A la presidenta Isabel Díaz Ayuso, al Gobierno autonómico y al conjunto de contribuyentes madrileños.
  • Hacia dónde vamos: La Comisión Local de Patrimonio examina el proyecto y la oposición mantiene la ofensiva judicial y parlamentaria.