Comuns blindan la herencia para salvar su ley contra la compra especulativa de vivienda

El Consell de Garanties Estatutàries avisa de que la norma choca con la herencia y la propiedad privada, pero los Comuns mantienen el proyecto. En septiembre negociarán cambios con el PSC, ERC, la CUP y el Sindicat de Llogateres.

Los Comuns no retiran su ley contra la compra especulativa de vivienda. El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la ha puesto contra las cuerdas, pero el partido de Jéssica Albiach anuncia cambios para blindar el derecho a la herencia y llegar con el texto vivo al último tramo del año.

Qué dice el dictamen y por qué no tumba la ley

El CGE concluye que la norma compromete la propiedad privada y el derecho a la herencia, además de la libertad de empresa y el principio de seguridad jurídica. No es un informe vinculante, pero supone un serio aviso político para una ley pactada con el Govern de Salvador Illa.

Los seis diputados de los Comuns apoyaron los presupuestos de 2026 a cambio de impulsar esta regulación. Tras el dictamen, el partido no se aparta del plan: acepta incorporar mejoras en el texto, pero no renuncia a limitar la compra especulativa ni a mantener viva la norma en el Parlament.

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El portavoz David Cid lo resumió en TV3: 'Respetamos el trabajo del Consell de Garanties, pero continúa siendo una prioridad garantizar el acceso a la vivienda'. La negociación posterior debe resolver cómo cumplir el objetivo de la ley sin dañar las herencias ni perjudicar a las entidades del tercer sector. La vivienda, insiste, no puede reducirse a un activo financiero.

Los cambios que se negociarán en septiembre

Cid confirmó que en septiembre se reunirán con el PSC, ERC, la CUP y el Sindicat de Llogateres. La intención es acordar unas modificaciones que protejan las herencias y eviten daños al tercer sector sin desnaturalizar la norma.

El portavoz defiende que la Constitución permite poner límites a la propiedad privada. Para los Comuns, quienes limitan el acceso a la propiedad son los fondos buitre, porque los precios actuales de compra resultan inabarcables para muchas familias; también subraya que ya existe un acuerdo con el PSC para diferenciar entre pequeños propietarios y grandes tenedores.

La norma no decae, pero su redacción final dependerá de un equilibrio entre frenar a los grandes tenedores y no tocar las herencias familiares.

Por qué el choque puede acabar en el Tribunal Constitucional

Cid da por hecho que Junts, PP y Vox llevarán la ley al Tribunal Constitucional, a quienes llama el 'tripartito de la patronal'. El texto afrontará su aprobación definitiva en el Parlament durante el otoño, y el Govern busca evitar que la norma quede a merced de los tribunales.

El portavoz también critica la aplicación de los topes del alquiler: cree que el Govern no está imponiendo sanciones a los propietarios que incumplen la ley. Esos límites deben aplicarse también a los alquileres de temporada y por habitaciones, según la normativa de vivienda.

Cid espera que con la nueva dirección de disciplina de vivienda, liderada por Fuensanta Alcalá, el Ejecutivo 'se ponga las pilas' y deje atrás lo que considera una falta de voluntad política y contundencia para que los topes se cumplan de una vez.

No es la primera vez que una norma catalana de vivienda se mide con los límites estatutarios. La anterior regulación de alquileres también generó dudas competenciales y acabó condicionada por el Tribunal Constitucional; con esta ley, el Ejecutivo prefiere atar una redacción que supere el filtro jurídico antes de la votación final.

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📌 En claves: lo que debes saber

  • Qué ha pasado: El Consell de Garanties Estatutàries ha avisado de que la ley contra la compra especulativa choca con la propiedad privada y la herencia, pero los Comuns mantienen el proyecto.
  • Por qué te importa: La norma busca limitar la compra especulativa y su redacción final puede condicionar el acceso a la vivienda en Cataluña.
  • A quién afecta: Grandes tenedores, pequeños propietarios, herederos y entidades del tercer sector, además de los inquilinos sujetos a topes.
  • Hacia dónde vamos: En septiembre se negociarán cambios con el PSC, ERC, la CUP y el Sindicat de Llogateres; la votación definitiva llegará en otoño.