La película 'Sorda' y el seguimiento mediático ha servido como excusa para reabrir el debate en torno a la realidad de miles de personas sordas que aún hoy no pueden disfrutar de la oferta cultural en igualdad de condiciones. La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) advierte de que, pese a los discursos de apoyo y los reconocimientos simbólicos, el acceso real al cine, al teatro y a otros contenidos culturales sigue estando lleno de obstáculos.
El reciente paso de la cinta mencionada por los Premios Goya ha sido celebrado por el movimiento asociativo de la comunidad sorda como un hito de visibilidad. En la gala, los discursos de agradecimiento de la directora y actriz Miriam Garlo y del actor Álvaro Cervantes pusieron el foco en la necesidad de garantizar la accesibilidad cinematográfica. La CNSE valora "muy positivamente" este gesto, pero recuerda que la presencia puntual de la discapacidad en alfombras rojas o galardones no puede confundirse con el ejercicio efectivo de un derecho.
Desde la organización insisten en que el éxito comercial y crítico de la película demuestra que la diversidad no solo es compatible con la excelencia artística, sino que la enriquece. Reclaman que ese reconocimiento cristalice en cambios de fondo que permitan a las personas sordas acceder con normalidad a las producciones españolas, tanto en salas de cine como en teatros y otros espacios escénicos.
"Necesitamos que este reconocimiento se traduzca en un compromiso firme con la accesibilidad en todas las salas y para todas las producciones, especialmente las nacionales", señala Roberto Suárez, presidente de la CNSE, en declaraciones difundidas a este medio. Suárez reclama a las instituciones públicas y a la industria cultural que pasen del aplauso a la acción y asuman que la accesibilidad no es un extra, sino una obligación legal y ética.
Un derecho reconocido en las leyes, pero no cumplido del todo
En este sentido, el acceso a la cultura de las personas sordas en España está respaldado por el marco jurídico. La Constitución Española, en sus artículos 9.2, 14 y 44.1, obliga a los poderes públicos a promover la igualdad real y el acceso a la cultura sin discriminación. A ello se suman la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral; la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013); la Ley 55/2007 del Cine; y la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Todo ello en consonancia con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España y jurídicamente vinculante.
La propia Ley del Cine contempla la incorporación de medidas de accesibilidad como el subtitulado y la lengua de signos, e incluso prevé ayudas públicas para garantizar su implementación. Sin embargo, la realidad que describe la CNSE dista mucho de ese marco ideal. La oferta accesible sigue siendo limitada, irregular y, en muchos casos, inexistente en lo que respecta al cine español, especialmente en entornos comerciales y en circuitos de exhibición convencionales.
Es más, las salas de cine continúan siendo uno de los espacios culturales con mayores retos para este colectivo. Cuando existen sesiones subtituladas o con recursos específicos para personas sordas, suelen concentrarse en películas extranjeras en versión original, en horarios reducidos y en determinadas ciudades. Esto deja fuera de juego a buena parte del público sordo que desea ver cine español en condiciones equiparables al resto de la ciudadanía.
La CNSE denuncia que esta brecha vulnera derechos básicos y contraviene la normativa vigente, al consolidar un modelo cultural que no tiene en cuenta la diversidad de lenguas y formas de comunicación presentes en la sociedad. La entidad reclama que la accesibilidad deje de ser un "parche" puntual, ligado a estrenos concretos, y pase a formar parte de la programación ordinaria de cines y teatros en todo el territorio.
Asimismo, la CNSE recuerda que las expresiones culturales vinculadas a la cultura sorda y a la lengua de signos española fueron reconocidas en 2024 como manifestaciones representativas del patrimonio cultural inmaterial del Estado.
Entre las medidas que plantea el movimiento asociativo está el impulso decidido a la creación audiovisual y escénica protagonizada y dirigida por artistas sordos, así como la garantía de su presencia en circuitos comerciales, y no solo en espacios alternativos o asociativos. "No se trata únicamente de preservar esta riqueza cultural, sino de asegurar que pueda compartirse con toda la sociedad", subraya Roberto Suárez.
La organización pide que se apoyen proyectos en lengua de signos desde su desarrollo hasta su distribución, que se favorezca la participación de profesionales sordos en todas las fases de la cadena cultural y que se habiliten recursos para que estas producciones no queden relegadas a un nicho minoritario. El objetivo, insiste Suárez, es que las personas sordas puedan "mostrar abiertamente su talento más allá del ámbito asociativo". "El éxito de 'Sorda' nos demuestra que cuando se abren las puertas, el talento responde. Ahora es el momento de que la industria cultural y las instituciones estén a la altura", concluye.
