¿Alguna vez te has preguntado cuánto le cuesta al Estado (SEPE) cada despido de un trabajador mayor de 50 años? No hablamos de cifras pequeñas, son millones y millones que salen del bolsillo público porque muchas empresas decidieron durante años recortar plantilla usando la prejubilación como atajo. Y lo sorprendente es que, aun así, este sistema ha sobrevivido más de lo que debería.
Mientras los ajustes se camuflaban como “salidas voluntarias” o “bajas incentivadas”, lo cierto es que miles de personas terminaron fuera del mercado laboral mucho antes de tiempo… y el SEPE cargando con la factura. Lo que en teoría eran decisiones de empresa acabó convirtiéndose en gasto público. Y ese dinero, lógicamente, había que recuperarlo de alguna manera.
Por eso nació la famosa enmienda Telefónica, un mecanismo casi desconocido fuera del ámbito laboral, pero que hoy explica por qué tantas compañías deben devolver millones al Estado. Detrás hay una década de sanciones, reclamaciones lentísimas y un mensaje claro, prejubilar ya no sale gratis.
La factura oculta que las empresas pagaron tarde
Entre 2013 y 2024, el SEPE exigió a 108 empresas la devolución de más de 1.100 millones por despedir a 32.200 trabajadores mayores de 50 años a pesar de tener beneficios. Un dinero que salió en su momento del sistema público para sostener prestaciones y subsidios que, en la práctica, funcionaban como prejubilaciones encubiertas. La paradoja es que la medida nació para frenar abusos, pero terminó revelando hasta qué punto esta práctica estaba extendida.
Lo llamativo es que gran parte de todo ese dinero procede de un solo caso, el ERE de Telefónica de 2011, que dejó una huella gigantesca en las cuentas públicas. Lo pagaron durante siete años, hasta completarlo en 2020. Y aun así, el mecanismo nunca terminó de ser transparente. La mayoría de empresas sancionadas siguen siendo anónimas, lo que alimenta la sensación de que este sistema se diseñó más para corregir que para castigar.
Cuando prejubilar dejó de ser rentable (y de conveniente)
Durante más de una década, especialmente en la banca, la prejubilación fue casi una salida elegante, pactada, bien vista y presentada como voluntaria. Era menos traumática para la empresa, más cómoda para el trabajador y más asumible para la opinión pública. Pero esa etapa se acabó. Primero, porque la ley endureció el acceso a la jubilación anticipada. Y segundo, porque la enmienda Telefónica hizo que cada empleado sénior despedido costara entre 90.000 y 100.000 euros.
Las condiciones también dejaron de ser atractivas. Las rentas que antes garantizaban hasta el 95% del salario ahora se quedan muy por debajo, y el Estado ha cerrado muchas de las vías que antes permitían “puentear” los últimos años de vida laboral sin mayor desgaste. Las empresas siguen necesitando ajustar plantilla, pero ya no pueden permitirse que cada salida sea una bomba de relojería económica. Por eso ahora miran más hacia los perfiles jóvenes, aunque la recolocación sea más rápida y efectiva en ellos.
Un modelo agotado que empuja hacia un futuro distinto
Los datos muestran una caída del 75% en las jubilaciones anticipadas forzosas durante la última década. El clásico trabajador de 55 años que encadena paro y pensión ya no es la norma. No porque no haya despidos, sino porque las reglas han cambiado y las compañías ya no quieren (ni pueden) financiar prejubilaciones eternas. La transformación digital no se detiene, pero el modo de ajustar plantilla sí.
Lo que sí crece es otro escenario, despidos de trabajadores en edad “no prejubilable”, que ahora se ven en la calle sin la red protectora que antes parecía garantizada. Para ellos hay más oportunidades de recolocación, pero las condiciones de salida son mucho más duras que las de quienes vivieron la época dorada de las prejubilaciones. Y eso evidencia que el sistema ha entrado en una nueva etapa, más cruda pero también más ajustada a la realidad actual.
La banca, en el punto de mira por los despidos colectivos
El sector financiero fue, durante años, el mayor usuario de las prejubilaciones como herramienta de ajuste. Lo hacía incluso en momentos de beneficios, confiando en que el Estado asumiría el coste de las prestaciones de sus empleados mayores de 50 años. Pero la enmienda Telefónica cambió el tablero, ahora cada despido colectivo de un sénior puede costarle a un banco entre 90.000 y 100.000 euros. Esa cifra, multiplicada por miles de afectados, explica por qué las entidades han acumulado sanciones millonarias y por qué esta práctica ha dejado de salirles rentable.
Además, el SEPE no ha dado demasiada transparencia al reparto de estas multas. Telefónica es el único caso detallado, pero se sabe que bancos como CaixaBank, Santander, Ibercaja o las antiguas cajas absorbidas también han tenido que afrontar aportaciones millonarias al Tesoro. Lo irónico es que, mientras estas entidades afinaban sus políticas de recorte, el propio mecanismo sancionador avanzaba a un ritmo lentísimo. Aun así, la tendencia ha cambiado, la banca ha dejado de apostar por prejubilaciones masivas y empieza a mover ficha hacia despidos de perfiles más jóvenes, menos costosos y más fáciles de recolocar.
En resumen, las prejubilaciones marcaron una época, pero esa época ya no volverá. La factura ha sido demasiado alta y el SEPE lo ha dejado claro. Lo que queda ahora es otra realidad, un mercado laboral en movimiento, empresas que ya no pueden esconder ajustes y un Estado que exige que cada decisión tenga responsabilidad detrás.
