Más de un millón de motos modernas están atrapadas en un vacío legal porque la DGT no ha actualizado sus etiquetas ambientales. Aunque muchas de estas motos tienen emisiones equivalentes a las de un coche ECO, el sistema les asigna la etiqueta C. Eso significa que, en muchas ciudades, están quedando fuera de los beneficios de las zonas de bajas emisiones.
La polémica creció cuando el Congreso eliminó la obligación de revisar dichas etiquetas en la nueva Ley de Movilidad Sostenible. Así, motos con homologaciones Euro 5 y Euro 5+ (técnicamente más “limpias”) siguen sin reconocimiento oficial. Y para los moteros, eso no es solo una etiqueta, es una cuestión de acceso, incentivos y derechos.
El sector pide una corrección urgente, no quieren reinventar todo el sistema, solo que se ajuste para que las motos que cumplen con los estándares más modernos no queden descolgadas. Porque, si contaminan poco, ¿por qué no pueden tener acceso a las mismas ventajas que los coches más eficientes?
Un millón de motos “olvidadas” por la normativa
La Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas (Anesdor) ha advertido que la DGT lleva años sin actualizar su sistema de etiquetas medioambientales. Desde 2016 no se han incluido en la normativa las homologaciones Euro 5 y Euro 5+. Eso significa que cientos de miles de motos tecnológicamente avanzadas circulan con una clasificación trasnochada.
Según los datos de Anesdor, estos vehículos deberían recibir una etiqueta más favorable, como la ECO, porque sus emisiones están a la altura de muchos turismos híbridos. Sin embargo, la etiqueta ECO para motos “sigue desierta”, legalmente no existe para ellos, y continúan recibiendo una C verde sin justificación real.
El origen del caos: motos Euro5 atrapadas en el limbo legal
Todo empezó cuando la DGT implantó el sistema de etiquetas medioambientales en 2016, pero desde entonces no ha actualizado la normativa para reflejar los avances de las motos modernas. Mientras los turismos han ido adaptándose a nuevas categorías, las motocicletas Euro5 y Euro5+ quedaron fuera de cualquier revisión oficial. El resultado, más de un millón de vehículos que, a efectos legales, no existen como deberían.
La situación se agravó con la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en noviembre de 2025. El Congreso eliminó la obligación de revisar el sistema de etiquetas, dejando intacto un fallo técnico que afecta directamente a los motoristas. Aunque estas motos cumplen estándares de emisiones comparables a un coche ECO, siguen recibiendo la etiqueta C, como si fueran modelos mucho más antiguos y contaminantes.
Este error no es solo administrativo, tiene consecuencias reales para los conductores. Acceso limitado a Zonas de Bajas Emisiones, restricciones inesperadas y pérdida de incentivos que sí disfrutan otros vehículos más contaminantes. En definitiva, un desajuste normativo que deja a los motoristas en un vacío legal sin aparente solución inmediata.
El impacto real: discriminación en zonas de baja emisión y falta de seguridad jurídica
Este error normativo no es solo simbólico, tiene consecuencias prácticas. Muchas ciudades españolas ya aplican Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), y las motos con etiqueta C podrían quedarse fuera de ciertos beneficios, mientras que otras menos eficientes sí los disfrutan.
Además, para los propietarios no hay garantías de estabilidad. El hecho de que estas motos no estén correctamente clasificadas genera incertidumbre sobre su valor de reventa, su acceso en el centro de las ciudades o su elegibilidad para ayudas. No hay una categoría clara para ellas, y eso crea inseguridad legal para quienes invirtieron en modelos más avanzados.
Qué puede hacer el Gobierno (y por qué sería fácil arreglarlo)
Anesdor insiste en que la solución existe y es sencilla, la Administración podría revisar el catálogo de etiquetas por vía administrativa y ajustar la normativa para incluir a los vehículos Euro 5 y Euro 5+. No requieren una reforma profunda ni costosa, solo una actualización para poner las cosas en su sitio.
Mientras tanto, muchos motoristas siguen circulando con una pegatina que no refleja la realidad de sus emisiones. Para ellos, una corrección normativa no es solo una cuestión técnica, sino una reivindicación de justicia, que sus motos modernas dejen de estar penalizadas por un sistema obsoleto.
Una carrera hacia el futuro con necesidad de reglas a la altura
El problema de etiquetas de la DGT demuestra que la movilidad no avanza al mismo ritmo para todos. Si las motos modernas tienen el potencial de ser parte de la solución energética, no puede seguir existiendo un sistema que las discrimine por mero descuido normativo. Quienes usamos la moto con responsabilidad y tecnología no estamos pidiendo un regalo, solo un reconocimiento justo. Ojalá esta polémica sea el empujón definitivo para que la moto deje de ser la gran olvidada en las leyes de movilidad sostenible.
