No es la primera vez que los repartidores, los riders, miran de reojo a BiciMad. Pero sí la ocasión en la que sienten que el reloj empieza a correr en su contra. El Ayuntamiento de Madrid estudia fijar una tarifa máxima diaria para el uso del servicio público de bicicletas.
Hablamos de un límite que rompería el modelo con el que cientos de riders llevan años trabajando: pocas horas de descanso, muchos kilómetros y una factura mensual que a menudo no llegaba ni a los 70 euros. Ahora, esa ventaja podría desaparecer.
Durante años, BiciMad fue un recurso perfecto para quienes trabajaban en plataformas de reparto. El sistema no estaba pensado para ellos, pero encontraron un hueco que nadie había imaginado. Con una tarifa plana anual asequible y bicicletas disponibles en varios puntos de la capital, muchos riders descubrieron que podían recorrer Madrid sin tener que comprar una bici eléctrica propia y sin gastar en mantenimiento. Para muchos, fue literal: un "chollo".
Esa ganancia, sin embargo, lleva meses en discusión dentro del Ayuntamiento. El consistorio insiste en que el servicio se creó para residentes y desplazamientos cotidianos, no para recorridos intensivos que multiplican por diez el desgaste de las bicis. Las cifras internas hablan de bicicletas que, bajo un usuario normal, requieren una revisión cada dos semanas. En manos de riders, a veces no aguantan ni tres días.
La nueva medida aún no está aprobada, pero ya ha encendido todas las alarmas. La propuesta que estudian los técnicos plantea un tope de gasto diario que impediría que un único usuario acumule viajes ilimitados por un coste reducido. Una forma elegante de decir aquello de "este servicio no es para trabajar". Y esa frase, claro, ha sentado muy mal entre los riders.
"NOS DEJAN SIN ALTERNATIVA"
En zonas como Chamberí, Lavapiés o Tetuán, donde muchos riders viven en pisos compartidos, el ambiente es de total incertidumbre. Dani, repartidor de 28 años, lo define así en redes sociales. "Si cierran esta puerta, nos dejan sin alternativa. Una bici eléctrica propia cuesta mínimo 1.200 euros, y eso sin contar las averías. Y las plataformas no te ayudan con nada".
El temor se asienta en una realidad sencilla: el margen del reparto ya es estrecho. Para muchos trabajadores, el coste de una bici eléctrica o el alquiler de una a largo plazo es un gasto que rompe cualquier equilibrio económico. BiciMad era, en la práctica, su herramienta de trabajo.
UN SISTEMA PENSADO PARA OTRO RITMO
Desde la empresa que gestiona el servicio insisten en que su misión no es cubrir la demanda del sector del reparto, sino ofrecer transporte urbano sostenible. Fuentes internas señalan que un porcentaje pequeño de usuarios provoca un uso extremadamente intensivo que desequilibra todo el sistema. Estas son bicicletas que vuelven destrozadas, bases completas sin disponibilidad y un desgaste que multiplica los costes de mantenimiento.
El Ayuntamiento argumenta que fijar una tarifa límite serviría para proteger el servicio público y asegurar que siga siendo accesible para miles de madrileños que lo usan para ir a clase, al trabajo o moverse por el centro. Los riders responden que esto es una manera suave de empujarles fuera.
La amenaza propuesto por el Ayuntamiento abre una cuestión más amplia. ¿Qué papel tiene el trabajador de plataformas como Glovo en la ciudad? Madrid ha visto crecer de forma acelerada este modelo laboral: miles de repartidores que viven, pedalean y trabajan en los mismos barrios en los que los vecinos ven cómo el tráfico, la velocidad y la presión sobre los servicios públicos aumentan.
La tarifa límite, se mire como se mire, confirmaría una tendencia: los servicios municipales quieren marcar distancias con un sector que no saben cómo encajar.
LOS RIDERS, A LA ESPERA DE UNA DECISIÓN
Por ahora, el Ayuntamiento no ha publicado plazos ni cifras concretas. Solo hay una intención clara: habrá cambios. Los trabajadores temen que el anuncio oficial llegue rápido y sin margen de adaptación.
"Si mañana lo aprueban, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos una bici?", responde otro trabajador. Mientras tanto, la cuestión sigue creciendo. Para unos, es una medida lógica para proteger un servicio público. Para otros, un golpe directo a quienes ya trabajan en condiciones precarias. Lo único seguro es que, cuando la nueva tarifa vea la luz, nada volverá a ser como antes en BiciMad.
