La educación española vuelve a estar en el punto de mira y esta vez por la nueva reforma educativa que se maneja desde el Gobierno central. Y es que el Gobierno ha dado luz verde a una nueva reforma que promete aulas menos masificadas y docentes con más tiempo para enseñar, vamos que con esta reforma los profesores estarían alcanzando uno de sus objetivos. Una medida que, sobre el papel, suena a alivio para un sistema que arrastra años de sobrecarga y desigualdades entre comunidades.
La propuesta baja las ratios en Primaria y Secundaria, siendo estas las etapas que más requieren atención, y además estaría fijando un máximo de horas lectivas semanales para el profesorado, buscando mejorar la calidad educativa y el bienestar de quienes están al frente de las aulas, por aquello de la llamada “conciliación familiar” tal vez. Sin embargo, la letra pequeña de esta reforma, abre un nuevo debate entre profesores, padres y representantes, quienes al final son los más afectados, aunque sea por cosas positivas ¿hay medios suficientes para que esta reforma no se quede en una simple declaración de intenciones?
Entre los aplausos de los sindicatos, las dudas de algunas comunidades y el escepticismo de parte del profesorado (y padres incluidos), la reforma se presenta como un punto de inflexión. Un intento por modernizar el sistema educativo y hacerlo más equitativo, pero también un reto logístico y presupuestario que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para convertir las buenas intenciones en resultados tangibles.
Menos alumnos, más atención (en teoría)
La nueva reforma educativa baja las ratios a 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en la ESO, una medida que sobre el papel suena a revolución, ya que hasta la fecha se hablaba de hasta 35 alumnos por aula en algunos colegios, dependiendo de la demanda en la región. La idea está bastante clara, por lo menos de parte del Gobierno, grupos más reducidos para mejorar la atención al alumnado y facilitar una enseñanza más personalizada, aunque suene a utopía. También busca reforzar la inclusión, dando un paso importante al contar a los alumnos con necesidades educativas especiales como dos plazas. El objetivo, según el Gobierno, es que ningún niño se quede atrás.
Pero entre la intención y la práctica hay un largo camino. Muchos centros ya denuncian que no tienen ni el espacio ni los recursos suficientes para aplicar esta reducción de forma efectiva y no sólo estamos hablando de espacios físicos, sino de profesores. La reforma se implantará de forma progresiva hasta 2032 (para muchos es en este margen donde se encuentra la trampa), lo que da margen, pero también plantea un desafío, ¿cómo garantizar que las aulas realmente se vacíen y no quede en una promesa más sobre el papel?
Profesores menos sobrecargados, más motivados
La otra gran apuesta es la limitación de las horas lectivas, estaríamos hablando de un máximo de 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en Secundaria, de acuerdo a los cálculos realizados por los expertos. Se trata de una medida que los sindicatos llevaban años reclamando y que, según el Ministerio, ayudará a mejorar la calidad de la enseñanza y el bienestar del profesorado, vamos que se trata de un ganar – ganar, o por lo menos es lo que se plantea en el papel. Menos clases significan más tiempo para preparar materiales, atender al alumnado y, en definitiva, enseñar mejor.
Sin embargo, hay quienes temen que esta reducción de horas genere tensiones en la organización de los centros y vaya que las generará, pero el lado positivo de la historia es que hay mucho tiempo para la ejecución de esta reforma. En muchas comunidades, las plantillas ya están al límite y cubrir las horas que queden descubiertas podría ser un auténtico rompecabezas, sin mencionar el incremento en los presupuestos para poder cubrir estas nuevas plazas (profesores, espacios físicos, etc.). La clave para el éxito de esta nueva reforma pasa porque el Gobierno la acompañe con una inversión real en contratación de personal y en recursos para los centros públicos.
La educación inclusiva, el gran reto pendiente
Pero es que la reforma que se está planteando no se queda en una simple modificación de la ratio y en la limitación de horas, el anteproyecto incluye una novedad importante, la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. Este indicador, elaborado junto al INE, servirá para detectar centros con situaciones más complejas y destinarles más apoyo, de nuevo, estamos hablando de planes plasmados en un papel, la realidad es totalmente diferente. La medida busca corregir desigualdades entre territorios (una deuda para algunos, histórica) y garantizar que todos los alumnos, independientemente de su contexto, tengan las mismas oportunidades.
Pero la equidad no se consigue solo con estadísticas, se requiere trabajo y sobre todo, un presupuesto elevado. En los colegios con más dificultades, la falta de recursos humanos y materiales sigue siendo un obstáculo diario. Sin una estrategia clara para dotar de más medios a esos centros, el índice corre el riesgo de ser solo una etiqueta más. La verdadera transformación llegará cuando la educación deje de depender del código postal.
Se trata de un paso necesario, pero no suficiente. La nueva reforma educativa marca un cambio de rumbo que muchos esperaban: más atención, menos sobrecarga y un sistema que pone al alumno en el centro. Pero las buenas intenciones necesitan estructura, inversión y tiempo. Si se cumple lo prometido, los próximos años podrían ser el inicio de una educación más justa y humana. Si no, será otro intento que se quedó a medio camino entre el ideal y la realidad.
Porque al final, el futuro de la educación no se mide en ratios u horas lectivas, sino en la capacidad de un país para cuidar a quienes enseñan y a quienes aprenden.
