El acuerdo de paz entre Israel y Hamás motivado por Estados Unidos no ha detenido la huelga general contra el genocidio en (Gaza) Palestina. Los paros se llevan a cabo en España este 15 de octubre, y ha sido la Confederación General del Trabajo (CGT) la organización que ha acordado en una Plenaria Extraordinaria la convocatoria.
La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) también convocan diferentes parones de dos horas en ciertas franjas horarias. Por su parte, CGT, tras intentar sin éxito lograr una reunión con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Presidencia del gobierno español, justifica en su comunicado la jornada de huelga general centrándolo en la exigencia del fin de las relaciones económicas y el embargo de armas con Israel.
Sin embargo, son muchas las voces críticas que apuntan que esta huelga es ilegal por tener motivos políticos, algo que prohíbe la actual legislación. El derecho a la huelga en España está reconocido en el art. 28.2 de la Constitución de 1978 como fundamental, y regulado por el Real Decreto-ley 17/1977, aún vigente. Las huelgas de trabajadores sí tienen sustento legal, aunque falte una ley orgánica que lo desarrolle plenamente.
En el artículo once —disponible en el BOE— de este Decreto-ley se aclara que la huelga es ilegal "cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados". Sin embargo, en la Sentencia del TC 11/1981, de 8 de abril, hace una interpretación más abierta de este derecho y elimina la ilegalización de huelgas de solidaridad, y es en ello en lo que se apoyan los sindicatos.
"En nuestro caso la convocatoria de huelga se estructura en torno a una cuestión: todo el desembarco de dinero público que se ha invertido desde octubre de 2023 en muchos contratos de la administración pública con empresas israelíes" aclara Silvia Arribas, miembro gabinete jurídico confederal del sindicato, en declaraciones a El Salto. Explica que ese dinero público se recauda del IRPF con los impuestos de las personas trabajadoras fundamentalmente y que el rearme puede afectar la clase trabajadora a través de las pensiones, los subsidios sociales o las políticas de vivienda.
La justificación laboral de la huelga por Palestina
La Confederación General del Trabajo ha hecho esfuerzos por señalar que la huelga cuenta con su finalidad de interés laboral. Destaca como uno de los grandes motivos la lucha por una redistribución del gasto público en favor de los trabajadores y de las trabajadoras, así como protestar contra el auge de la inversión pública en partidas destinadas a la defensa y a la militarización. Mencionan a su vez "el impacto social y político de este genocidio en la sociedad española", y "el impacto económico del conflicto provocado por Israel".
El comunicado de la CGT destaca también una serie de medidas relacionadas directamente con la redistribución del gasto público en favor de la clase trabajadora, volviendo a justificar la huelga en motivos que también laborales. Hablan del aumento de las pensiones de jubilación las cuantías de prestación por incapacidad, prestaciones por nacimiento y cuidado de menores, pensiones de viudedad, prestaciones por subsidio y desempleo y de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital.
"La sinrazón de Israel ha generado una gran inestabilidad en Oriente Próximo que amenaza a la soberanía alimentaria y energética, causa devaluación de la moneda, agudiza las crisis de deuda y ralentiza que la clase trabajadora pueda recuperar el poder adquisitivo que mantenía antes de la pandemia de Covid-19 en 2020", comentan.
En cuanto a la situación concreta de España, apuntan a diferentes informes y estudios que indican que la inflación podría dispararse por el conflicto todavía más que desde el comienzo de la guerra en Ucrania (2021). "No cabe ninguna duda que quienes pagarían las consecuencias de todo ello serían los trabajadores y las trabajadoras en mayor medida", sentencian.
Por tanto, escudados en estos motivos, cualquier persona trabajadora por cuenta ajena puede secundar la huelga, esté o no afiliada a los sindicatos convocantes.
Entonces, ¿la huelga general es legal o no en estos casos?
Esa es la explicación de los sindicatos, pero en el diario Qué! hemos querido contrastar la postura con la opinión de otros juristas. En primer lugar, estos señalan que es cierto que el texto es muy antiguo y, probablemente, habría que, de alguna manera, revisarlo y reformarlo, porque se ha parcheado después de la entrada en vigor de la Constitución y el régimen democrático actual.
"Pero el derecho a la huelga es un derecho constitucional, un derecho fundamental, y, por tanto, hay que abogar por una interpretación amplia", dicen. "Esto no significa que no tenga límites. Todos los derechos fundamentales tienen límites, quizá a excepción de la dignidad humana, pero el resto todos tienen límites. Los límites están en invadir esferas de terceros o lesionar otros derechos fundamentales. Si este derecho a la huelga no invade eso, habría que interpretarlo en un sentido amplio".
Nos comentan que, si el único motivo que tiene la huelga es un motivo político, habría que declarar que esa huelga no es acorde al texto legal. Pero, si la huelga tiene otro trasfondo que implique motivos políticos, como puede ser el caso de Gaza o Palestina, habría que interpretar que también es legal. "¿Por qué? Porque, en el fondo, toda huelga laboral tiene implicaciones políticas. La clave está en cuál es el principal motivo no político, o no directamente político, de esta huelga para decretar su legalidad", puntualizan.
Sobre los conflictos que se generen a raíz de la convocatoria, los juristas nos aclaran que un ejercicio de un derecho fundamental como este tiene que molestar. La huelga, como ha dicho el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, tiene que ser siempre molesta; tiene que generar impedimentos, porque si no, no es una verdadera huelga.
Si finalmente algún juez o tribunal determinara que no es acorde a la ley esta huelga por Palestina, se acabará declarando un incumplimiento laboral por parte de quien la haya ejercido o secundado, lo que conllevaría las sanciones que prevé el Estatuto de los Trabajadores o las sanciones previstas en el convenio colectivo del sector que se trate, aplicables al trabajador que la haya ejercido sin tener que hacerlo por ser una huelga ilegal. "Pero todo esto suele estar más que estudiado, sobre todo por los sindicatos, para dejar atado que es una huelga legal. Las organizaciones y asociaciones suelen contar con un asesoramiento jurídico claro", nos cuentan.
Merece la pena comentar que ya han existido otras huelgas en el pasado con justificaciones parecidas. Por ejemplo, el 10 de abril de 2003 se convocó una huelga general de dos horas por parte de UGT y las federaciones de CCOO sin mayoría oficialista contra la participación de España en la guerra de Irak, aunque se mencionaban también sus efectos socioeconómicos.
En cuanto a CGT, la organización tiene experiencias donde huelgas similares y tampoco ha habido problemas, salvo con excepciones como la de la represión del Procés, que tuvo intentos de ilegalización por parte de la patronal al apuntar que tenía justificaciones políticas. Sea como fuere, es habitual acogerse a un criterio amplio en torno a la convocatoria de una huelga general, por lo que la que nos ocupa hoy contra el genocidio en Gaza dispone de un sólido respaldo si tenemos en cuenta casos anteriores y las puntualizaciones relacionadas directamente con consecuencias laborales del conflicto.
