El 20 de marzo de 2025, el Congreso aprobó una enmienda para excluir al lobo del LESRPE: el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Esta medida, aprobada con los votos de PP, Vox, Junts y PNV e incorporada bajo la votación de la ley de desperdicio alimentario, volvía a permitir la caza de este animal al norte del río Duero.
Según los sectores animalistas y ecologistas, esta decisión responde a los intereses del lobby ganadero, que persigue la desprotección de la especie desde que fuera protegida en septiembre de 2021, tras periodos anuales en los que se mataba en torno a un centenar de ejemplares en la zona noreste de España (al sur del Duero se encuentra muy protegido).
Este regreso a la situación anterior ha provocado una respuesta multitudinaria de las organizaciones y partidos animalistas, que llevan meses denunciando que la aprobación de la enmienda se disfrazó bajo la votación de otra ley y que la decisión no responde a razones científicas, sino únicamente a intereses específicos. Las manifestaciones han sido habituales, pero también ha habido avances en el terreno legal que han conseguido paralizar la actividad en algunas comunidades autónomas españolas como La Rioja o Galicia.
"El uso de los instrumentos legales y la interposición de recursos ante los Tribunales de Justicia es una poderosa herramienta para la lucha por la conservación del lobo en la península ibérica, que está demostrando ser tan útil como necesaria", dice Jaime Doreste, uno de los abogados del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico.
El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha logrado paralizar momentáneamente la caza del lobo en La Rioja y Galicia
Esta iniciativa que reúne a más de 60 entidades ecologistas, animalistas y culturales de España y Portugal está presionando legalmente para conseguir parar la caza, con ciertos resultados. En el caso de Galicia, el Tribunal Superior de Xustiza mantiene la suspensión cautelar al desestimar el recurso de reposición de la Xunta contra el Auto.
Otro buen ejemplo lo tenemos en La Rioja, donde la autorización para cazar lobos permanece en punto muerto después de la presión del Fondo Lobo y de que la organización WWF enviase un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) para paralizar la orden del Ejecutivo, que ya había fijado los periodos y condiciones y períodos hábiles de la temporada cinegética.
Pese a todo, la mencionada ONG conservacionista WWF ha denunciado este mes de octubre que, con el mero objetivo de impedir la recuperación de la especie en la región, la orden de caza de La Rioja permite a los cazadores abatir lobos y llevarse su cabeza como trofeo por 1.298,67 euros. "La caza del lobo en La Rioja es ilegal, y la ley está para todos", insiste la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL).
Querellas en Asturias y Cantabria por la caza del lobo
En otros territorios al norte del río Duero, la situación es diferente. De ahí que el partido animalista PACMA haya presentado dos querellas contra los gobiernos de Asturias y Cantabria, dos comunidades autónomas que autorizan la caza del lobo. Acusan a los altos cargos por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en testimonio de peritos, contemplados en los artículos 458 y 460 del Código Penal.
Consideran que los informes en los que se basan los planes autonómico podrían contener datos falsos o haber omitido información esencial sobre el estado de conservación del lobo ibérico, reconocido por la Unión Europea como desfavorable o inadecuado. "Han permitido matar lobos basándose en informes manipulados que ocultan que la UE prohíbe su caza al estar la especie en estado desfavorable", explican portavoces de PACMA.
"Una vez más se rinden al lobby cinegético y a los ganaderos legalizando un exterminio atroz. El lobo es esencial para los ecosistemas y un patrimonio natural que debe protegerse, no convertirse en objetivo de los rifles porque los ganaderos no sepan proteger a los animales que explotan", dicen desde la formación.
Para el partido, esta ocultación no es un simple error técnico, sino "una presunta vulneración directa del Derecho comunitario", que habla expresamente de prohibir la captura o muerte de especies cuando su estado de conservación es desfavorable.
Si nos vamos a los datos, sabemos que los agentes de la Guardería de Medio Natural de Asturias han realizado un total de 45 batidas para eliminar lobos desde el pasado 16 de mayo, pero el Principado no ha querido dar la cifra de animales abatidos, algo que hará el próximo mes de marzo con el cierre del Programa Anual de Control del Lobo 2025-2026.
Esta decisión contradice el Plan de Gestión del Lobo, que en su punto 8 dice que "a lo largo del periodo de aplicación de cada programa anual se mantendrá actualizada una base datos que indique los ejemplares abatidos".
El interés de la ganadería extensiva
Es cierto que, a nivel científico, el lobo ibérico se considera una especie con importancia para mantener y recuperar el equilibrio y la salud de los ecosistemas de nuestro país. De hecho, el miedo ha cambiado de bando, ya que un estudio reciente asegura que el lobo huye el doble de rápido al escuchar voces humanas que ante cualquier otro sonido.
Entonces, ¿de dónde viene el interés de la ganadería extensiva a favor de la caza del lobo? Pues este se explica en que el colectivo tiene problemas muy importantes que dificultan su viabilidad en muchos territorios, tanto en los que tienen lobos como en los que no. El principal es la competición desigual con la ganadería industrial, que les imposibilita vivir de su actividad por los bajos precios y los cambios en los hábitos de consumo.
De ahí que denuncien constantemente los ataques al ganado y aumenten el señalamiento hacia el lobo para, con su caza, obtener un mayor beneficio. A pesar de ello, los daños generados por el lobo son evitables con medidas de prevención y, en el peor escenario posible, la pérdida de individuos por depredación es compensable.
