En España, hablar de peritos suele asociarse de manera inmediata a médicos o psicólogos colegiados. La imagen popular es la de un profesional que, tras su colegiación, adquiere el aval necesario para intervenir en los tribunales. Sin embargo, la realidad jurídica es más matizada. “Un perito puede ejercer sin estar en un colegio profesional”, recuerda el abogado y perito médico forense Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos, que lleva años defendiendo la independencia de la pericia frente al corporativismo.
Su afirmación no es solo un golpe de efecto: se apoya en la propia normativa. Tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la Criminal, establecen que pueden actuar como peritos las personas con conocimientos especializados en una materia concreta, sin que la colegiación figure como condición necesaria. En la práctica, esto significa que un médico no colegiado y un experto en criminología pueden coincidir en el mismo procedimiento, aportando informes válidos ante un juez.
La confusión interesada
¿Por qué, entonces, persiste la idea de que colegiarse es obligatorio? Gómez-Serranillos lo explica en términos de intereses corporativos. “Muchos colegios profesionales han querido extender su radio de control más allá de lo que la ley les permite. Al exigir colegiación, limitan la competencia y, en cierto modo, blindan a sus miembros de críticas externas”, señala.
El argumento cobra fuerza si se observa el Código Deontológico de algunos colegios médicos y psicológicos. En ellos se incluyen cláusulas que, de manera indirecta, pueden sancionar a los profesionales que emitan informes críticos contra compañeros colegiados. Según Gómez-Serranillos, esto genera un clima de autocensura que “va en contra de la esencia de la prueba pericial, que debe ser objetiva, libre e independiente”.
El valor de la independencia
En su trayectoria, este jurista y forense ha intervenido en numerosos casos complejos, desde segundas autopsias en España hasta informes presentados en procedimientos internacionales bajo el estándar Daubert en Estados Unidos. En todos ellos, insiste en que el valor diferencial de un perito es su independencia, no el sello de un colegio.
“La justicia necesita peritos que digan lo que ven, no lo que conviene a un colectivo. Si un informe cuestiona la actuación de un médico, ese perito debe poder expresarlo sin temor a una sanción disciplinaria. Y eso solo es posible si se reconoce que la colegiación no es requisito indispensable”, afirma.
De hecho, la propia jurisprudencia ha venido reconociendo que los jueces pueden admitir a cualquier experto con formación o experiencia contrastada. Lo determinante es la competencia técnica, no la pertenencia a un colegio.
El mito en la práctica judicial
No obstante, en la práctica, muchos tribunales y abogados siguen creyendo (o transmitiendo a sus clientes) que un informe pericial sin sello colegial carece de validez. Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos califica esta situación de “inercia peligrosa”. “Los jueces valoran la calidad del informe y la experiencia del perito, no si paga una cuota colegial. El riesgo es que se perpetúe un sistema donde solo opina quien está dentro del círculo, y se invisibilizan voces igualmente cualificadas”, sostiene.
Una cuestión de derechos
Más allá de la técnica procesal, el debate toca un aspecto esencial: el derecho de los ciudadanos a una defensa plena. En muchos pleitos, la única forma de demostrar los hechos es a través de un peritaje. Si se limita el acceso a peritos independientes, se restringe indirectamente el derecho a la prueba, recogido en la Constitución. “Cada ciudadano debería poder aportar al tribunal el informe del experto que considere más adecuado. El juez tiene que valorar su idoneidad, pero nunca rechazarlo por su falta de colegiación”, explica Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos.
Romper el corporativismo
El debate no es menor: en un país donde la colegiación ha sido históricamente un muro de entrada, reconocer que no es obligatoria para peritar supone dinamitar parte de la estructura tradicional. No es casual que muchos colegios hayan reaccionado con incomodidad a este discurso.
Gómez-Serranillos lo resume así: “El corporativismo protege a los miembros del club, pero no siempre protege al ciudadano. La justicia necesita transparencia, no círculos cerrados”.
El camino hacia una pericia más abierta
El futuro, según él, pasa por una pericia más abierta, plural y con estándares claros de formación y ética, pero sin barreras artificiales. “Lo que se exige a un perito es formación acreditada, experiencia contrastada y compromiso con la objetividad. Eso es mucho más importante que un carné de colegio profesional”, apunta.
Un debate que incomoda
Su postura incomoda a muchos sectores, pero precisamente por eso empieza a ganar relevancia en medios y foros jurídicos. Cada vez más abogados y ciudadanos se preguntan si tiene sentido seguir asociando colegiación con validez, cuando la propia ley nunca lo estableció.
“Si queremos una justicia moderna, debemos acabar con estos mitos. La verdad procesal no puede depender de cuotas colegiales”, concluye.
