La fuerte escalada del salario mínimo interprofesional (SMI) en los últimos años ha cambiado por completo el mapa laboral en España, que puede colapsar el sistema de pensiones a mediano y largo plazo. Lo que nació como una medida para reforzar los ingresos de los trabajadores con sueldos más bajos ha derivado en un fenómeno inesperado, cada vez más asalariados cobran cantidades cercanas a esa referencia, que ya se ha convertido en el sueldo más frecuente del país.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el número de empleados en ese tramo se ha triplicado desde 2018, concentrando a millones de trabajadores en la base de la pirámide salarial. Este aparente avance inmediato, que mejora los ingresos de la Seguridad Social, puede convertirse en un problema a medio y largo plazo.
La AIReF alerta de que, cuanto mayor sea la base de cotización de esos trabajadores hoy, más elevadas serán las pensiones que reclamarán en el futuro. Y en un sistema ya tensionado por el envejecimiento de la población, el riesgo de que esa presión dispare el gasto público y tambalee la sostenibilidad de las pensiones es cada vez más evidente.
El SMI dispara el número de trabajadores con sueldos bajos: de una minoría a casi uno de cada diez empleados
El salario mínimo interprofesional se ha convertido en la referencia más común del mercado laboral español. En apenas cinco años, el porcentaje de trabajadores que cobran el SMI se ha duplicado y ya alcanza al 7,4% de los asalariados, un logro que deberíamos estar celebrando, sin embargo, este éxito puede convertirse en un grave problema para el sistema de pensiones a largo plazo. Además, casi uno de cada cuatro empleados está en el umbral cercano a este nivel, lo que refleja una fuerte concentración en la parte baja de la tabla salarial.
Este fenómeno supone un cambio profundo en la estructura de los ingresos en España, donde antes los perceptores del SMI eran un colectivo mucho más reducido. El problema, según advierte la AIReF, es que el alza del salario mínimo no ha arrastrado al resto de sueldos hacia arriba, sino que ha agrupado a millones de trabajadores en torno a una misma franja.
Esto genera un efecto de “embudo” en el mercado, con una mayor igualdad, sí, pero en los niveles más bajos. La paradoja es evidente: se gana más que hace unos años, pero también se reduce la capacidad de ascenso salarial en sectores donde las mejoras deberían extenderse de forma más amplia.
La otra cara de la subida: más ingresos ahora, pero un coste insostenible para las pensiones del futuro
La concentración de salarios en torno al SMI incrementa de manera inmediata los ingresos de la Seguridad Social, un alivio en tiempos de tensión financiera para el sistema público. Sin embargo, el organismo fiscalizador alerta de que este aparente beneficio se puede convertir en una factura muy difícil de asumir dentro de unas décadas.
Los trabajadores que hoy cotizan al mínimo acabarán generando pensiones más elevadas de lo previsto, lo que elevará de forma drástica el gasto en jubilaciones. Con una población cada vez más envejecida y una tasa de dependencia que superará el 69% en 2050, las cuentas del sistema de pensiones ya están en el límite.
La AIReF insiste en que las subidas del SMI, aunque mejoran la recaudación en el corto plazo, pueden desestabilizar a largo plazo la sostenibilidad del modelo. El riesgo no es menor: garantizar prestaciones dignas para todos exigirá un equilibrio muy delicado entre salarios, cotizaciones y gasto público.
El aviso de la AIReF a Yolanda Díaz: subir el salario mínimo ya destruye empleo y encarece el despido
Las advertencias de la Autoridad Fiscal no se quedan en las pensiones. En sus últimos informes, el organismo recuerda que las subidas del SMI en 2019 y 2023 destruyeron hasta 150.000 empleos, un impacto mayor de lo esperado. Aunque el efecto global sobre el PIB fue ligeramente positivo, la pérdida de puestos de trabajo es un coste evidente para los colectivos más jóvenes, mujeres y extranjeros, que son quienes más dependen de los salarios bajos.
A este escenario se suma otro problema, el encarecimiento del despido. La AIReF detecta que la reforma laboral ha incrementado el coste de las indemnizaciones, especialmente en contratos indefinidos, lo que añade presión a las empresas. Frente a la tesis de Yolanda Díaz, que insiste en que los despidos son “baratos” en España, el organismo alerta de que la factura ya es elevada y puede tener consecuencias negativas para la contratación. El dilema está servido: proteger al trabajador sin asfixiar al mercado laboral.
