El Gobierno ha ordenado la retirada de casi 54.000 pisos turísticos ilegales de las principales plataformas digitales, en lo que supone el mayor golpe regulatorio contra este tipo de alojamientos en España. La medida afecta de lleno a comunidades como Andalucía, Canarias, Cataluña o Baleares, donde la proliferación de viviendas de uso turístico había tensionado todavía más el mercado residencial y elevado los precios del alquiler.
Ahora, todos esos inmuebles se encuentran en un punto de inflexión que puede redefinir la oferta de vivienda en el país. El destino de estas propiedades abre un abanico de posibilidades que inquieta a expertos y propietarios, algunos podrían volver al circuito turístico si logran regularizarse, otros pasar al mercado de alquiler de larga duración y, en última instancia, muchos terminar en venta en un contexto de precios disparados.
Lo cierto es que el volumen es lo bastante significativo como para alterar el equilibrio de la oferta y, con ello, influir en la evolución de precios en las grandes ciudades y zonas costeras.
Del turismo al alquiler residencial: la gran oportunidad para aliviar la presión del mercado
El traslado de miles de pisos turísticos al alquiler residencial de larga duración podría suponer un respiro para el mercado inmobiliario español, que como sabemos se encuentra bastante convulsionado desde hace un par de años y significaría además un “triunfo” para el Gobierno. En ciudades con gran densidad turística como Madrid, Barcelona o Málaga, la conversión de estas viviendas ofrecería nuevas alternativas para inquilinos que hoy se enfrentan a precios desorbitados y a una oferta mínima.
Los expertos señalan que, aunque la incorporación no será inmediata ni automática (la mala noticia para las familias que se encuentran en búsqueda de vivienda), el volumen de inmuebles retirados puede marcar un punto de inflexión si se acompaña de incentivos públicos. La clave para bien y para mal, estará en la capacidad de las administraciones para facilitar este proceso con medidas como beneficios fiscales, ayudas a la reforma o marcos legales más claros que simplifiquen el cambio de uso.
El problema se presentará si el Gobierno y las comunidades autónomas no logran orientar estos pisos hacia el alquiler habitual, ya que podrían reducirse tensiones en zonas críticas y mejorar la accesibilidad para familias que llevan años quedando fuera del mercado.
La venta como alternativa: fondos, particulares e inversores ponen el foco en estos inmuebles
Otra parte de las viviendas retiradas podría acabar en el mercado de compraventa, aprovechando un contexto en el que los precios no han dejado de subir. Fondos de inversión y empresas especializadas en build-to-rent ya muestran interés en adquirir este parque, con la idea de profesionalizar su gestión y obtener rentabilidad a medio plazo y esto podría ser malo o bueno, dependiendo de cómo se mire, porque podrían acaparar un gran volumen de estas viviendas.
También los compradores particulares, atraídos por la oportunidad de acceder a inmuebles en zonas céntricas o turísticas, observan con atención este nuevo escenario. Sin embargo, no toda venta implica necesariamente una mejora para la asequibilidad. La entrada de grandes inversores puede estabilizar la oferta, pero no siempre redunda en precios más bajos para hogares de renta media o baja.
El mercado podría ganar en volumen y profesionalización, pero el acceso seguiría condicionado por la capacidad económica de cada comprador, lo que limita el efecto de esta vía en términos sociales, ya que justamente este sector de la población, constituido mayoritariamente por familias en situación de vulnerabilidad y jóvenes, los que se encuentran en búsqueda de vivienda.
El riesgo de la inacción: pisos vacíos que esperan revalorización y mantienen la escasez
Existe también la posibilidad de que parte de los inmuebles permanezca fuera del mercado, a la espera de una revalorización futura que aumente su rentabilidad. Muchos propietarios, poco convencidos por la rentabilidad del alquiler tradicional o temerosos de la incertidumbre regulatoria, pueden optar por mantener sus viviendas cerradas. Y esta sin duda, sería el peor de los destinos de estos pisos que han salido del sector del alquiler turístico.
Esta decisión perpetuaría la escasez de oferta y seguiría empujando los precios al alza, frustrando las expectativas de quienes confían en que la retirada de pisos turísticos genere un alivio inmediato, muchas familias y jóvenes están esperando que esta oferta salga al mercado. Además, las trabas administrativas para la reconversión (como licencias, cédulas de habitabilidad o costes de adecuación) podrían desincentivar a numerosos dueños. Con la incertidumbre legal que ha generado la recién aprobada Ley de Viviendas, muchos propietarios han preferido dejar la vivienda vacía y no alquilar ni vender.
Sin medidas que faciliten la adaptación y aseguren un retorno económico suficiente, buena parte de los casi 54.000 pisos corre el riesgo de quedar en un limbo inmobiliario, ni disponibles para el turismo ni útiles para el mercado residencial.
