El Gobierno presentó el denominado Puesto de Trabajo Seguro como una ayuda adicional de 1.000 euros dentro del Kit Digital, destinada a que autónomos y microempresas pudieran acceder a un ordenador “gratis”. Sin embargo, la letra pequeña del programa revela una realidad muy distinta; el equipo no es propiedad del beneficiario, sino que se entrega en régimen de leasing.
Eso significa que el autónomo debe pagar desde el primer momento el IVA correspondiente (210 euros en un portátil de 1.000) y, al cabo de un año, abonar un 15% adicional si quiere quedarse con él. En total, un dispositivo anunciado como gratuito puede acabar costando bastante más que una compra directa en el mercado.
A este sobrecoste hay que añadir otra carga oculta, la subvención tributa en el IRPF, lo que incrementa el gasto real para el beneficiario. De este modo, lo que parecía una ayuda sin complicaciones puede traducirse en más de 1.000 euros asumidos por el autónomo entre impuestos, valor de recompra y obligaciones fiscales.
Además, las restricciones del programa impiden elegir libremente el modelo de ordenador, obligando a aceptar configuraciones predefinidas que muchas veces resultan mediocres y en el peor de los casos, difíciles de manejar. Con estos condicionantes, lo que se promocionó como un “portátil gratis” se convierte en una operación poco ventajosa que, en muchos casos, genera más frustraciones que beneficios.
El beneficiario debe adelantar el IVA y asumir un pago adicional del 15% si quiere quedarse con el equipo
Aunque el Kit Digital se promociona como una ayuda para conseguir un “portátil gratis”, los autónomos deben adelantar el IVA correspondiente desde el primer momento, lo que supone un desembolso inicial de aproximadamente 210 €. Además, si tras un año deciden quedarse con el equipo, deberán abonar un 15 % adicional sobre el valor inicial del portátil, es decir, otros 150 €, que se suman al gasto ya adelantado. Esta combinación de pagos convierte la supuesta gratuidad en un coste considerable, muy lejos de lo que la publicidad del programa pretende transmitir.
Este sistema obliga a los beneficiarios a planificar con cuidado su presupuesto, ya que la percepción de un ordenador sin coste se desvanece rápidamente al sumar impuestos y pagos obligatorios. Muchos autónomos que confiaron en la ayuda del Kit Digital se encuentran con que, al final, el equipo les resulta más caro que si lo hubieran comprado directamente en cualquier tienda de informática, sin los trámites y limitaciones del programa.
La ayuda tributa en el IRPF y eleva todavía más el coste real del supuesto portátil gratuito
Y por si fuera poco el monto destinado a sufragar los gastos iniciales del equipo, los 1.000 € destinados al portátil no se libran de la fiscalidad, se consideran ingresos sujetos a tributación en el IRPF. Dependiendo del tramo del contribuyente, la cantidad a pagar puede aumentar significativamente, sumando entre 190 € y más de 200 € al coste final del equipo. Este impuesto, que muchos autónomos no contemplan inicialmente, transforma lo que parecía un regalo del Gobierno en un gasto inesperado que reduce el atractivo de la subvención. Por lo que la recomendación siempre será a leer la letra pequeña de este tipo de subvenciones para evitar sorpresas como estas.
Al incluir la tributación en el cálculo total, el precio final del portátil puede superar los 550 €, sin contar posibles diferencias si el ordenador elegido excede el presupuesto base de 1.000 €. La percepción de gratuidad definitivamente termina desvaneciéndose, y la ayuda deja de ser una ventaja económica clara para los profesionales que buscan digitalizar su negocio de manera efectiva y asequible.
Los ordenadores se entregan en régimen de leasing y con modelos preconfigurados de prestaciones limitadas
El portátil no es propiedad del autónomo desde el primer día. El Kit Digital lo entrega bajo un contrato de leasing, lo que significa que el equipo sigue siendo propiedad del agente digitalizador hasta que se cumplan las condiciones de recompra. Esta modalidad limita la libertad del beneficiario, que no puede vender, transferir ni personalizar el ordenador mientras dure el contrato, y depende completamente de los términos fijados por el programa. Vamos que hay que pagar el equipo para poder disponer de él libremente.
Además, los modelos disponibles son preconfigurados y cuentan con prestaciones básicas que a menudo no satisfacen las necesidades reales de una pyme o un autónomo. No se puede elegir el hardware ni optimizarlo según la actividad profesional, así que te adaptas o te adaptas, lo que genera un desajuste entre la inversión realizada y la funcionalidad real del equipo. En la práctica, la ayuda se traduce en un ordenador limitado que requiere pagos adicionales para convertirse en una herramienta completa y útil.
