Este miércoles 3 de septiembre, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid llevan a cabo una nueva protesta ante una situación que se está volviendo insostenible para ellos. Llevan meses concentrándose y realizando diferentes acciones para que Tragsa, la empresa pública adjudicataria del servicio, acceda a negociar un nuevo convenio colectivo. Ahora, tras haber centrado sus esfuerzos en la Comunidad de Madrid sin demasiado éxito, ponen el punto de mira también en el Gobierno Central, manifestándose a partir de las 11:30 frente al Ministerio de Hacienda.
Con la consigna «¡Convenio digno ya, Tragsa nos explota!», el comité de empresa ha hecho un llamamiento a toda la plantilla a unirse a la movilización. «La lucha es el único camino y juntos lo conseguiremos», afirman los responsables de la organización de la marcha. Buscan denunciar la precariedad laboral que arrastran desde 2012 y exigir una solución inmediata tanto al ejecutivo central como al regional.
El colectivo continúa además en una huelga que comenzó el 15 de julio y en principio iba a ser indefinida, pero se interrumpió para dar servicio frente a la oleada de incendios de agosto. Desde el día 25 del pasado mes, los bomberos forestales de Madrid volvieron a la huelga indefinida, denunciando que continúan en la misma situación, sin renegociar un convenio y trabajando «con la misma precariedad que hasta ahora. Sus servicios mínimos son del 80 %, y los cumplen escrupulosamente.
Llevan desde hace trece años con un convenio caducado, sin actualizaciones salariales significativas ni reconocimiento de la dureza y toxicidad de su labor. Explican que Tragsa se escuda en supuestas limitaciones impuestas por Hacienda, cuando en realidad han facturado 46 millones de euros en beneficios en 2023 y 80 millones más en 2024. Contraviene el derecho a la negociación colectiva y no es propio de una empresa pública estatal que depende del Gobierno«, apuntillan.
De Tragsa a la Comunidad de Madrid y el Gobierno central
En una charla con el diario Qué!, el bombero y presidente del comité de trabajadores Jesús Molina nos cuenta que, hasta ahora, los acercamientos por parte de Tragsa y la Comunidad de Madrid han sido insuficientes. «Ha habido un acercamiento tímido de la Comunidad de Madrid en el que nos han hecho una oferta bastante escasa», dice en referencia al incremento presupuestario de 4 millones de euros que los trabajadores califican de «claramente insuficiente» al apenas cubrir complementos mínimos y al dejar intactas las condiciones de precariedad.
En caso de que Tragsa continúe sin dar solución al conflicto, la Comunidad de Madrid tiene el deber de asumir directamente la gestión del servicio, tal y como recoge la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en 2016 en la Asamblea de Madrid. Pero los bomberos también miran al Gobierno central.
«Lo más sangrante es que Tragsa, que es una empresa pública que depende de la SEPI y esta del Ministerio de Hacienda, ni siquiera nos ha hecho ninguna oferta de mejora, ni del 1 %», detalla Molina. Los bomberos forestales recuerdan que han solicitado una reunión con el gabinete de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo de desbloquear la situación.
Lo más sangrante es que Tragsa, que es una empresa pública que depende de la SEPI y esta del Ministerio de Hacienda, ni siquiera nos ha hecho ninguna oferta de mejora
Jesús Molina, bombero y presidente del comité de trabajadores Jesús Molina
«No entendemos cómo un gobierno que se autodenomina el más progresista de la historia permite las condiciones de precariedad en las que nos encontramos», se asegura en el último comunicado de prensa emitido por el colectivo.
Mientras siguen exigiendo un convenio actualizado, salarios dignos y estabilidad, el presidente del comité de trabajadores nos dice que podría ponernos muchos ejemplos de la explotación que denuncian. «Hay trabajadores que están explotados, que no pueden tener las condiciones mínimas de vida. Hay un compañero técnico, una persona que se ha sacado una carrera y que no tiene de los salarios más bajos, que viene de fuera de Madrid y está viviendo en el coche. Duerme en el coche porque no se puede pagar un alquiler en la Comunidad de Madrid«, desvela.
«Luego también tenemos más de ochocientas horas de disponibilidad al año en las que nos pueden llamar para cualquier emergencia y no se nos retribuye por ello. Cuando entró Tragsa trabajábamos 35 horas semanales; ahora trabajamos 37 y media, y esas dos horas y media que echamos de más cada semana no se nos están pagando», continúa. El personal que menos cobra son 1250 euros mensuales, y a partir de ahí disponen de distintas escalas salariales.
Jesús Molina narra que sufren un montón de problemas con la conciliación familiar, sin permitirles traslados aun habiendo plazas libres. Recuerda también que no se les protege frente a agentes cancerígenos en las quemas de prevención o en la eliminación de restos vegetales, tragando partículas PHA. «Nuestro cuerpo se lleva todo este tipo de sustancias, y las bases tampoco cumplen la normativa con respecto a esto en la prevención de riesgos laborales.
Nos dice que, para más inri, ni siquiera Tragsa proporciona ayuda psicológica a compañeros que lo solicitan, con casos particulares tras, por ejemplo, las labores de emergencias en la DANA de Valencia. «Recordemos que una empresa pública debe garantizar el bienestar de sus trabajadores. No han dado ningún tipo de atención».
Las BRIF sí que ha conseguido un nuevo convenio
Jesús nos asegura que cuentan con el apoyo de otros compañeros como el BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales), que sí consiguieron desde el pasado 21 de agosto un nuevo convenio colectivo de Tragsa con mejoras en condiciones laborales y salariales, poniendo fin a la consideración de los brigadistas como personal eventual estacional y otorgándoles la categoría de bomberos forestales.
Pero este acuerdo con las BRIF, dependientes del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), no se aplica para los bomberos de la región madrileña, que se rigen por el Convenio Sectorial de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, responsabilidad del Gobierno comunitario y de la propia Tragsa. Explican que deseamos soluciones en las diferentes comunidades donde los bomberos forestales están «a merced de la precariedad, en especial donde son gestionados por empresas privadas».
Si no hay novedades al respecto, los bomberos forestales afirman que mantendrán la huelga mientras no se atiendan las demandas. «Somos un servicio de emergencias de protección civil que protegemos a los ciudadanos y al patrimonio natural. Lo que queremos es dar el mejor servicio posible. […] No vamos a cesar porque es una situación límite, insostenible», sentencian.
