Una nueva crisis aparece en la imagen del rey Juan Carlos I. Otra más. El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha reclamado formalmente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la apertura de una investigación sobre las actividades económicas del rey emérito.
En un comunicado, se hacen eco de una información publicada en el periódico El Mundo, en la que se explicaba que el rey emérito ya había liquidado los préstamos que suscribió con un grupo de empresarios para saldar sus deudas con Hacienda por valor de casi cuatro millones y medio de euros.
El sindicato de Hacienda cuestiona la residencia fiscal de Juan Carlos I y recuerda que, cuando le prestaron dinero, aún estaba en España
Ha devuelto a sus amigos los préstamos recibidos en febrero de 2021«, apuntan en un escrito en el que recalcan un dato publicado por el medio, que en aquel momento el monarca tenía su residencia fiscal en el Estado español y no la cambió a Emiratos Árabes hasta el año siguiente.
Es por este motivo que estos trabajadores solicitan a la Agencia Tributaria que ordene una inspección contra Juan Carlos I «antes de que prescriba el próximo 30 de junio para poder investigar las garantías, condiciones y cláusulas de los préstamos que se dice que se han reintegrado, y si en este año el rey emérito disponía de inmuebles, acciones o cuentas en el extranjero y su valoración».
Y advierten: «Si sus intereses económicos principales estuvieran en otro país, podría considerarse que la regularización tributaria de Juan Carlos I fue inveraz, incompleta o incorrecta, con las consecuencias penales que implicaría por supuestos delitos contra la Hacienda pública».
Gestha pide a la Casa Real que confirme si Juan Carlos I cumple con los criterios internos que impiden aceptar préstamos sin interés
Además de determinar la residencia fiscal, Gestha pide a la Casa Real que confirme si Juan Carlos I cumple con los criterios internos que impiden aceptar préstamos sin interés o regalos en metálico, y si, en caso de haberlos recibido, fueron devueltos o donados.
Gestha advierte de que, si no se activa el procedimiento para fijar la residencia fiscal en España, Juan Carlos I podría quedar en una situación de «doble no imposición«. Esto ocurriría si no tributara por sus rentas mundiales ni en España ni en Emiratos, dado que este país no aplica impuesto sobre la renta a las personas físicas.
El convenio de doble imposición entre España y Emiratos establece que solo se consideran residentes fiscales a los nacionales emiratíes domiciliados en el país, lo que, según los técnicos, dificultaría que el monarca obtenga un certificado válido en ese territorio.
Gestha sostiene que, con la información recabada, la Agencia Tributaria podría aplicar el artículo 9 de la Ley del IRPF y fijar la residencia fiscal en España, ya que su núcleo de relaciones personales y económicas sigue vinculado al país. El colectivo recuerda que el mismo criterio se aplicaría a cualquier otro contribuyente y reclama que se eviten situaciones que puedan interpretarse como un trato de favor.
Juan Carlos I, cinco años de exilio
La Fiscalía Anticorrupción ya alertó en 2018 de posibles contingencias tributarias derivadas de la investigación conocida como ‘Carol’. También solicitan investigar ingresos procedentes de la venta de derechos para documentales y de supuestas intermediaciones comerciales, así como el origen y ubicación de los fondos en sus cuentas bancarias.
Juan Carlos I cumplió hace unos días su quinto aniversario como exiliado, cuando tomó la decisión de huir a Abu Dhabi (Emiratos Árabes) el verano de 2020, después de sus sucesivos escándalos que habían afectado a la imagen de la Corona, ya entonces en manos de Felipe VI. Aquel agosto pospandémico comunicó al actual rey su decisión, después de que este decidiera retirarle la asignación y renunciar a la herencia que le pudiera corresponder personalmente de padre a hijo.
El 3 de agosto de 2020, don Juan Carlos anunció a su hijo su «meditada decisión» de trasladarse fuera de España a raíz de «ciertos acontecimientos pasados» de su vida privada. Ocurrió tras diversas informaciones publicadas sobre una sociedad ‘offshore’ creada por el rey emérito vinculada a una donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí.
A sus 87 años, el exjefe de Estado vive con discreción en Abu Dabi, sin que apenas trasciendan episodios de su vida personal, y en los últimos meses solo ha sido noticia por sus demandas contra Miguel Ángel Revilla y Corinna Larsen.
El acto de conciliación entre el rey emérito y el expresidente de Cantabria terminó sin acuerdo, por lo que Juan Carlos I podrá presentar una demanda por derecho al honor por las «expresiones calumniosas e injuriosas» que entiende que vertió Revilla en diversos medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025 y por las que le exige una rectificación y 50.000 euros.
