Con el objetivo de reducir la congestión en las grandes ciudades y avanzar hacia una movilidad más sostenible, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha planteado nuevas propuestas que ya están generando un intenso debate. Entre las medidas que se barajan, destaca la exigencia de que cada coche transporte al menos a dos ocupantes y el cobro de un euro diario por circular, especialmente a vehículos no residentes en zonas saturadas.
Estas iniciativas, inspiradas en modelos ya aplicados en países europeos y en comunidades como Baleares, buscan duplicar la eficiencia del transporte privado sin necesidad de ampliar infraestructuras, incentivando a su vez el uso del transporte público y el carsharing. Los nuevos planes de la DGT pasan por pagar un euro al día, compartir trayecto o quedarte sin aparcar.
Esta batería de restricciones podría complementarse con la limitación de un solo vehículo por vivienda y con un control más riguroso del acceso a carriles VAO mediante sensores o radares. Aunque aún se encuentran en fase de estudio, el organismo que dirige Pere Navarro ya ha adelantado que el despliegue será progresivo y que habrá un periodo de adaptación antes de sancionar. En paralelo, muchas ciudades se preparan para endurecer el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones, lo que convierte al vehículo privado en un bien cada vez más condicionado en el entorno urbano.
Obligatorio viajar con al menos dos ocupantes por coche en horas punta: la propuesta estrella de la DGT para reducir atascos
La Dirección General de Tráfico ha puesto sobre la mesa una medida que podría transformar por completo la movilidad urbana; obligar a que cada coche que circule por determinadas vías metropolitanas en hora punta lo haga con al menos dos personas a bordo. Esta propuesta, aún en fase de análisis, se basa en la experiencia de los carriles VAO europeos y pretende optimizar el uso del vehículo privado, duplicando su eficiencia sin necesidad de ampliar infraestructuras.
La idea es clara; si se comparte trayecto, se reduce el número de coches en circulación y, por tanto, también la congestión y la contaminación. La medida, que afectaría inicialmente a accesos como la M-30 de Madrid o la B-23 de Barcelona, se implementaría de forma progresiva. En una primera etapa, se emitirían únicamente avisos informativos, dejando las sanciones para una segunda fase.
Según ha informado la DGT, los taxis, vehículos de emergencia, coches adaptados y personas con movilidad reducida estarían exentos. Además, se contempla la instalación de sensores o radares para detectar el número de ocupantes, incluyendo a menores como pasajeros válidos. De aplicarse, se trataría de uno de los mayores cambios normativos en circulación urbana de los últimos años.
El peaje simbólico de un euro diario se aplicaría a vehículos no residentes en zonas saturadas o turísticas
Inspirado en el modelo de control de acceso aplicado en las Islas Baleares, el Gobierno estudia implantar un peaje simbólico de un euro al día para los vehículos no residentes que circulen por zonas especialmente congestionadas o de alta densidad turística. El objetivo es doble; disuadir la entrada masiva de coches foráneos durante la temporada alta y financiar medidas de movilidad sostenible.
En lugares como Formentera e Ibiza, donde la presión del tráfico compromete el entorno natural, este tipo de tasas ya se aplican con éxito. La medida podría extenderse a tramos costeros peninsulares y accesos a espacios naturales protegidos, siguiendo un modelo de regulación que incluye reservas previas, cupos limitados y controles horarios.
En el caso de Mallorca, donde ya se plantea una tarifa variable entre 35 y 150 euros según las emisiones del vehículo, el planteamiento es más ambicioso. Las exenciones contempladas abarcarían a residentes, personas con movilidad reducida y servicios de emergencia. Aunque la implantación definitiva dependerá de cada comunidad autónoma, el debate ya ha llegado al ámbito nacional.
El plan contempla limitar un coche por vivienda y reforzar el control de acceso a carriles VAO y Zonas de Bajas Emisiones
Otra de las propuestas en estudio es limitar el número de vehículos por vivienda, una medida pensada para reducir el parque móvil en los entornos urbanos y liberar espacio público, una medida funcionaría perfectamente si el sistema de transporte público funcionara a la perfección. Esta iniciativa, que se está valorando especialmente en las Islas Baleares, incluiría excepciones para familias numerosas, personas con movilidad reducida y profesionales que acrediten la necesidad de un segundo vehículo.
La aplicación sería gradual y requeriría primero una regularización censal, seguida de sanciones o incentivos fiscales según el grado de cumplimiento. Paralelamente, se reforzaría la vigilancia sobre el uso correcto de los carriles VAO y el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), donde cada vez son más frecuentes los controles automatizados y las sanciones por infracción.
La entrada en vigor de nuevas señales, como la S-51b, obliga a los conductores a circular con al menos dos ocupantes si quieren utilizar estos carriles. Además, las ZBE, ya obligatorias en municipios de más de 50.000 habitantes, seguirán ampliándose y restringiendo progresivamente el acceso a vehículos con etiquetas B y C de la DGT. Las multas por incumplimiento, que alcanzan los 200 euros, reflejan la firmeza con la que las autoridades quieren impulsar un cambio de modelo en la movilidad urbana.
