España dice apostar por el coche eléctrico, pero la realidad pinta un panorama preocupante; casi uno de cada cuatro puntos de recarga públicos no está operativo. Según el último informe de ANFAC, el 22% de los más de 61.000 cargadores instalados permanecen inactivos, muchos de ellos paralizados por trámites burocráticos o falta de mantenimiento. Esta situación, sumada a la escasez de cargadores rápidos, ralentiza una transición que debería ser imparable.
Durante el segundo trimestre de 2025, se añadieron apenas 1.534 nuevos puntos de carga pública (un crecimiento del 3%) frente a los más de 7.600 del trimestre anterior. Aunque el total operativo ronda los 47.800, el estancamiento es evidente. De estar plenamente activos, los puntos instalados permitirían a España alcanzar los objetivos de 2024, pero la inacción administrativa ha convertido muchas de estas estaciones en simples adornos urbanos.
Apenas un 9% de los cargadores públicos instalados en España son de carga rápida (más de 150 kW), una cifra muy inferior a la media europea. En el último trimestre, solo se habilitaron 371 puntos rápidos, insuficientes para cubrir trayectos largos o atender a flotas profesionales. La falta de esta infraestructura convierte al coche eléctrico en una opción poco viable fuera del uso urbano.
Los datos muestran que Madrid, Cataluña, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana concentran la mayoría de cargadores y de ventas de coches eléctricos. El resto del país (en especial zonas rurales, Galicia, Extremadura, Murcia o Canarias) queda relegado.
Las trabas administrativas han generado una situación absurda; hay miles de cargadores instalados, pero sin conexión, esperando permisos de conexión a la red, licencias municipales o acuerdos con proveedores. Fallos de software, incompatibilidades entre redes o simples abandonos técnicos agravan la falta de fiabilidad de la red.
Mientras la media europea en electromovilidad se sitúa en 41,1 puntos sobre 100, España apenas alcanza los 25,8. El indicador específico de infraestructura se queda en 11,9 puntos, menos de la mitad de la media continental. En contraste, países como Noruega rozan la perfección (100 puntos) y Alemania o el Reino Unido avanzan con políticas decididas y claras.
La movilidad eléctrica en España está atrapada entre el discurso político y la realidad técnica. La promesa de un transporte más limpio choca con la falta de enchufes accesibles, la lentitud administrativa y una brecha territorial cada vez más evidente.
La paradoja de liderar sin funcionar: el 22% de los cargadores están inoperativos
España presume de estar avanzando en la transición hacia la movilidad eléctrica, pero las cifras desvelan una realidad preocupante, más de uno de cada cinco puntos de recarga públicos instalados no funciona. Según el último informe de ANFAC, se trata de unos 13.782 cargadores fuera de servicio, una cifra que empaña el total de 47.892 puntos oficialmente instalados.
De estar operativos, se superaría el objetivo nacional de 64.000 cargadores, pero muchos están paralizados por causas tan básicas como la falta de conexión eléctrica o problemas burocráticos. El retraso en la puesta en marcha de los puntos ya instalados no es una cuestión tecnológica, sino administrativa.
La burocracia y la lentitud en los permisos de conexión o en la homologación por parte de los ayuntamientos están detrás de la parálisis de miles de instalaciones. Mientras tanto, los usuarios llegan a estaciones que no funcionan, lo que genera frustración, desconfianza y desincentiva la compra de coches eléctricos. En plena carrera europea por la descarbonización, este cuello de botella pone en entredicho la viabilidad de la transición energética en España.
Una red que crece, pero se estanca
Durante el segundo trimestre de 2025 se añadieron 1.534 nuevos puntos de recarga, lo que representa un crecimiento del 3% respecto al trimestre anterior. No obstante, esto supone una clara desaceleración si se compara con los más de 7.600 puntos añadidos en los primeros tres meses del año.
El impulso inicial parece haberse agotado, y el ritmo actual no es suficiente para alcanzar los objetivos climáticos fijados para 2030. Este estancamiento en el crecimiento contrasta con el fuerte aumento en la matriculación de vehículos electrificados, que se duplicó respecto al mismo periodo del año anterior.
La falta de sincronización entre la expansión del parque automovilístico eléctrico y la infraestructura de recarga está generando una peligrosa disonancia, para los expertos en el tema, una verdadera “bomba de tiempo”. El resultado es una red insuficiente, mal distribuida y con demasiados puntos inactivos, lo que compromete la experiencia del usuario y la sostenibilidad del sistema.
La brecha territorial del coche eléctrico
La implantación de puntos de recarga no es uniforme en el territorio español. Comunidades como Madrid, Cataluña, La Rioja o el País Vasco lideran el desarrollo, con más de 20 cargadores rápidos por cada 1.000 kilómetros de carretera. Sin embargo, otras regiones como Canarias, Galicia, Baleares, Murcia o Extremadura están claramente rezagadas, generando lo que ya se denomina una “España vaciada del coche eléctrico”.
Esta desigualdad geográfica implica que el acceso a la movilidad eléctrica sigue siendo un privilegio urbano y parecer ser además, un privilegio de pocos. El 75% de las ventas de coches eléctricos se concentran en las regiones con más infraestructura, mientras que en el resto del país la adopción es mínima. La escasa red de carga en zonas rurales no solo limita el uso de estos vehículos, sino que refuerza la brecha social y territorial. El lugar donde vives sigue determinando si puedes o no sumarte a la transición energética.
El gran olvidado: el cargador de carga rápida
Uno de los principales déficits de la infraestructura de recarga en España es la baja proporción de puntos de carga rápida, esenciales para viajes de larga distancia o para el transporte profesional. Solo el 9,1% de los cargadores instalados ofrecen potencias superiores a 150 kW, lo que supone menos de 4.500 unidades en todo el país. En el último trimestre, apenas se añadieron 371 nuevos cargadores rápidos, una cifra que palidece frente al avance de otros países europeos.
La escasez de carga rápida convierte a muchos trayectos interurbanos en una odisea logística para los conductores de vehículos eléctricos. No solo se alarga el tiempo de viaje, sino que aumenta la incertidumbre y la ansiedad por la autonomía. Este cuello de botella es una barrera real para quienes se plantean dar el salto al coche eléctrico, pero necesitan fiabilidad y versatilidad en sus desplazamientos. Sin una red densa y funcional de carga rápida, la movilidad eléctrica seguirá siendo poco competitiva.
¿Movilidad eléctrica para todos? Solo si tienes garaje
En España, cerca de 10 millones de conductores no disponen de plaza de aparcamiento o garaje privado. Esto significa que dependen exclusivamente de la red pública para recargar sus vehículos. Sin embargo, esa red es aún limitada y poco accesible en muchas zonas. Para estos usuarios, que suelen vivir en barrios obreros o zonas rurales, la falta de cargadores lentos en la vía pública a precios asequibles es un obstáculo insalvable.
Mientras que quienes tienen una vivienda unifamiliar pueden instalar un punto de carga doméstico y aprovechar tarifas nocturnas, quienes aparcan en la calle quedan excluidos del modelo actual de electromovilidad. Este desequilibrio convierte al coche eléctrico en una opción elitista, reservada para quienes tienen medios o viven en determinadas zonas. La movilidad del futuro no solo debe ser ecológica, sino también equitativa y accesible para todos.
El verdadero cuello de botella: la administración
Más allá de la inversión o de la tecnología, el principal obstáculo para el despliegue de puntos de recarga en España es la burocracia y esa sí que es una triste realidad para los miles de usuarios que ya se han decidido por un coche eléctrico. Instaladores y empresas del sector coinciden en señalar que los permisos, licencias y trámites pueden tardar meses o incluso años.
Esta lentitud choca con la urgencia climática y con los compromisos europeos, y pone en evidencia la falta de coordinación institucional. Numerosos puntos ya construidos están pendientes de recibir conexión eléctrica por parte de las distribuidoras o de la homologación municipal. Esta situación genera frustración entre los promotores y desincentiva nuevas inversiones.
